"Que el 2022 hayan expulsado a 24 extranjeros, cuando ingresaron 54 mil, es una vergüenza"
La agenda vinculada al control de la migración irregular ha vuelto a posicionarse con fuerza en las últimas semanas, luego de violentos hechos delictuales en que se imputa la acción de extranjeros en los homicidios de dos carabineros.
Un panorama al que se agrega una intensa agenda legislativa registrada en los últimos días, destinada a agilizar los distintos procesos de regulación migratoria.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones de la administración del gobierno de Sebastián Piñera, Alvaro Bellolio, evalúa de manera permanente, en su calidad de director del Observatorio de la Migración Responsable.
En esta entrevista aborda la contingencia migratoria, que entre 2017 y 2021 ha duplicado la población extranjera residente en el país .
¿Cuál es su diagnóstico de la crisis migratoria hoy?, cuando ya se ha cumplido poco más de un mes de haberse implementado la Ley de Infraestructura Crítica en fronteras y luego de que desde el Gobierno informaron una baja de 55% en los ingresos clandestinos este año.
-Según los datos de PDI, quien es la institución que mantiene los datos de denuncias y autodenuncias, que es la métrica que se ha ocupado los últimos 8 años para comparar ingresos clandestinos, se observa que el mes de marzo fue el mes con más ingresos clandestinos en lo que va del año 2023. En ese sentido, las declaraciones del Gobierno son extrañas por varias razones, partiendo porque el registro de ingresos clandestinos es de PDI, no de Carabineros ni de las FF.AA. como mencionan y lo segundo es que la disminución con respecto al año 2022 es bastante menor, es de un 27% del primer trimestre completo y un 35% para el mes de marzo, y omite que cambia la tendencia de este año 2023, ya que aumentan los ingresos aun teniendo mayor presencia militar, lo que contrasta con los años 2020 y 2021 donde normalmente en marzo disminuían los ingresos clandestinos.
Sin embargo, yo creo que es positivo que las FF.AA. ayuden al control fronterizo, pero deben tener herramientas más efectivas, ya que, por disposición del actual gobierno, su función es solo de control de identidad y de trasladar a PDI, quienes a su vez no pueden devolver a un extranjero no boliviano si ingresa por ese país (y el 93% de los extranjeros, casi todos venezolanos y colombianos, ingresa por Bolivia).
El Gobierno ha valorado y también participado en el avance de la agenda legislativa para enfrentar la crisis migratoria, que entre otras medidas considera una iniciativa despachada por la Cámara para agilizar los procesos migratorios. En su opinión ¿contribuirían estas iniciativas a enfrentar la alta permeabilidad de la frontera norte ante los ingresos por pasos no habilitados?
-La agenda legislativa busca simplificar procesos de expulsión, dada las trabas que pusieron las actuales autoridades cuando eran diputados, como las notificaciones excesivas de forma presencial o plazos muy breves para materializar expulsiones. Siempre es positivo que se mejore los procedimientos entregando más herramientas y facilidades a Carabineros, PDI y FF.AA. pero también debe haber un compromiso del Gobierno de cuánto va a expulsar teniendo estas mejoras legislativas. Que el año 2022, entre abril y diciembre, hayan expulsado a 24 extranjeros por entrar ilegal, cuando ingresaron 54 mil clandestinos, es una vergüenza, y eso se explica principalmente por falta de voluntad y de gestión.
Según autoridades de la Macrozona Norte, el sostenido aumento de la población migrante ha tensionado la demanda de servicios públicos de distinto tipo, como atención en salud, educación y también vivienda. ¿Cómo evalúa esta contingencia social y qué medidas deberían adoptarse para enfrentarla?
-En unas semanas más plantean presentar la política migratoria del gobierno, que si bien fue prometida hace más de 6 meses, resuelve la prioridad del acceso a servicios para nacionales y extranjeros, donde va a ser interesante ver si la actual administración cree que los subsidios de vivienda y arriendo, el acceso a salud, educación y otros debe ser prioritario para los extranjeros, o para los nacionales.
Una serie de casos policiales recientes han incluido participación de venezolanos como imputados por homicidios de Carabineros, como también de víctimas venezolanas tras un ataque a disparos en un terminal de buses de Calama. Al mismo, tiempo desde colectivos extranjeros, han reconocido mayores niveles de xenofobia en el país. ¿Advierte también hoy un aumento de discriminación hacia comunidades migrantes?, considerando que usted ha advertido sobre estos riesgos de mayor tensión social en medio de la actual crisis migratoria.
-Creo que hay que entender que el 12,2% de la población carcelaria es extranjera, pero los migrantes son solo el 7,5% de la población residente en nuestro país. Esta lógica de tratar de esconder la realidad, realizada por académicos y activistas desde Ñuñoa y Londres, generó una sensación de impunidad gigantesca ante los extranjeros que cometen delitos y de las organizaciones criminales que se aprovechan de esta situación. Ahora bien, los migrantes que comenten delitos siguen siendo una minoría, pero deberían ser cero, ya que el objetivo es que cumplan sus penas en su país de origen y sean rápidamente expulsados, por ello la señal del gobierno es bastante mala en ese sentido, donde por ejemplo despidieron al Director Regional de Migraciones de Antofagasta, un ex jefe de PDI que colaboraba con expulsiones.
¿Cómo proyecta el flujo migratorio irregular por fronteras para lo que resta del año?, ante las medidas de control fronterizo impulsadas por el Gobierno; que se suman a una serie de medidas contra el crimen organizado, como en el caso de trata de personas y tráfico de migrantes.
-El flujo de marzo fue mayor a enero y febrero, pero las señales hoy son mucho más claras que existe mayor control y que la sociedad chilena no va a aceptar el ingreso clandestino como el procedimiento tradicional para que los migrantes entren a Chile. Esto supone un contraste ideológico con el actual gobierno, donde su preocupación es registrar a quien entra ilegal, pero no impedir su ingreso o expulsar, por ello solo expulsaron a 24 de 54 mil el año pasado por ingreso clandestino, y solo firmaron 2 mil expulsiones cuando tenían 54 mil partes policiales de PDI por estas entradas ilegales.
"Siempre es positivo que se mejore los procedimientos entregando más herramientas y facilidades a Carabineros, PDI y FF.AA. pero también debe haber un compromiso del Gobierno de cuánto va a expulsar teniendo estas mejoras legislativas".
"Las declaraciones del Gobierno son extrañas por varias razones, partiendo porque el registro de ingresos clandestinos es de PDI, no de Carabineros ni de las FF.AA. como mencionan".