Chile, el último año recibió un constante flujo migratorio descontrolado que ha generado diversas complicaciones en las comunas del norte. Si bien, la ruta del migrante es hacia la zona central del país, una parte no menor se queda en la macrozona y ello se constata en el crecimiento de los campamentos, en la demanda escolar en los colegios municipalizados, en las atenciones de la salud primaria y en otros aspectos que en repetidas ocasiones han sido expuestos por los alcaldes nortinos.

Todo lo anterior se reafirma las declaraciones del nuevo canciller chileno, Alberto van Klaveren, quien en reciente entrevista de un medio nacional manifestó que : "Los países tienen una capacidad limitada de absorción de inmigración (...) en Chile está agotada".

Sobre ese razonamiento es el que se debe actuar en lo inmediato y a futuro. Buscar fórmulas para frenar el descontrol y ordenar a quienes hoy están en Chile. Sin dejar de lado la expulsión del territorio a quienes no cumplen con la documentación mínima para su ingreso y a los que cometen delitos.

El gran problema es que en la actualidad hay un número no menor de migrantes de los cuáles poco se conoce. Muchos de ellos se han autodenunciado con direcciones falsas y otros derechamente no lo han hecho y seguirán en la clandestinidad.

Obviamente que en este grupo hay temor a la expulsión, pero es necesario un orden para que se pueda separar a quienes vienen en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de bienestar y quienes se infiltran en estos flujos para ingresar sólo a cometer delitos y emular lo que hacían en sus respectivos países.

Esto requiere de cambios y de un nuevo modo de enfrentar las también llamadas oleadas migratorias, partiendo por la clase política. La legislación se ha mejorado pero es insuficiente cuando, por ejemplo, las notificaciones tienen que ser en persona y como se mencionaba con anterioridad no hay residencia fija o simplemente no está registrada.

Es propicio el momento para dejar en claro que se deben hacer esfuerzos para regularizar a quienes llegaron desde fuera y explicar que bajo ningún punto de vista es una criminalización, es establecer que en nuestro país hay normas que se deben cumplir para asegurar la permanencia. Algo común en el mundo en donde se respeta la migración bajo normativas específicas.

La industria minera ha sido históricamente un pilar fundamental para la economía del país. No sólo constituye una parte importante de los ingresos fiscales, sino que además, genera un gran número de puestos de trabajo en torno a la actividad, siendo fuente de ingreso para más de 247 mil personas y una fuente de inversión extranjera, lo que ha permitido el desarrollo y avance en materia de infraestructura y tecnología en todo el país. El cobre representa el principal ingreso económico del país, y es por eso que ha sido llamado el sueldo de Chile, la pieza central del puzzle sobre economía nacional.

Hasta aquí, todo parece desarrollarse perfectamente y ser sólo una sumatoria de factores que generan ganancia por donde se mire, sin embargo, los que vivimos en regiones mineras como es el caso de Antofagasta, sabemos que la realidad dista mucho de ser así, ya que aportamos gran parte del gasto público del país, pero no recibimos las ganancias ni los beneficios pese al aporte que realizamos.

El proyecto de Royalty minero que se encuentra en tramitación, considera la creación del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, cuyos recursos se aplicarán para el financiamiento de los Gobiernos Regionales a través de sus presupuestos de inversión. Lamentablemente, el Gobierno propone que se distribuya según las mismas reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Ley 19.175), lo que implicará que pese a que se obtengan más de 390 mil millones de pesos al año para los gobiernos regionales, sólo un 6.6% sea destinado a la región de Antofagasta -en noveno lugar de todas las regiones- mientras que la región Metropolitana obtendría el 16.9%.

¿Dónde quedó el discurso regionalista de este Gobierno?, pareciera que son sólo palabras que se lleva el viento cual película de los años 60, porque en los hechos sigue todo igual, un modus operandi proveniente del utilitarismo puro, somos meros proveedores, coloquialmente la billetera de Chile y seguimos dentro de los últimos lugares en escala de prioridades.

El proyecto debe mejorar el balance entre la tasa de impuestos y la necesaria rentabilidad para que haya inversiones mineras en primer lugar, ya que si tomamos como ejemplo legislaciones comparadas como Perú (país vecino), Canadá (alternativa a inversiones mineras en cobre) y Australia (alternativa a inversiones mineras en litio), quienes en promedio cobran un 38% de las rentas de la minería como impuesto, la propuesta actual en discusión propone un 48.4%. Por tanto, la sola estructura tributaria del país estará jugando en contra de las ventajas naturales de nuestro país para el sector minero, perjudicando el crecimiento de nuestro país y la creación de empleo en nuestra región.

El proyecto si bien está finalizando su tramitación, aún requiere cambios urgentes que permitan balancear la conveniencia de realizar inversiones mineras en primer lugar, o de lo contrario se afectaría la creación y mantención del empleo en la minería, y también se requiere ajustar las reglas de asignación de los recursos de la actividad minera para que beneficien en mayor medida a los actores principales en la extracción de los minerales, como lo es la región de Antofagasta.

Votar a favor del proyecto tal como está, es pensar sólo en el beneficio de una parte de Chile, pero en desmedro de los antofagastinos. Aún estamos a tiempo de rectificar el rumbo y hacer una verdadera justicia regional. Esperemos que en comisión mixta se modifique la propuesta actual, para que más allá únicamente del guarismo, se enmiende lo importante sobre que la retribución primero sea a quienes recibimos las externalidades negativas.

José Miguel Castro

Diputado por la República

Son rostros generosos que, en la mayoría de los casos, no tienen horarios, ni días de descanso ni menos retribución económica. Cuando hablamos de niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, también aparece el mundo invisibilizado de las cuidadoras y cuidadores, quienes cumplen un rol clave en lo que significa asistir a un familiar, amigo o conocido.

Para saber más de su labor, identificar cuántas son e instalar un diálogo participativo que sirva para avanzar en la implementación progresiva de derechos sociales en materias de cuidados, este martes se realizará el primer encuentro "Hablemos de Cuidados" en Antofagasta, en el que se invitó a diferentes actores y actrices que intervienen en esta temática.

De estos diálogos, organizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con la asistencia técnica de ONU Mujeres, se espera la generación de insumos que servirán de base para la implementación progresiva del Sistema Nacional de Cuidados, uno de los pilares del gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien trazó una política robusta sobre el tema, la que ya comenzó a implementarse con el reconocimiento a las y los cuidadores y su certificación.

Este registro servirá además para entregar mejores herramientas y atención preferencial a estas personas a la hora de concurrir a un servicio público o de salud, con el propósito de alivianar su carga laboral y de paso mejorando su calidad de vida al tener más tiempo para realizar estas labores.

Como gobierno, y como parte de nuestra agenda, estamos saldando una deuda pendiente por años con estas personas para visibilizar y engrandecer su trabajo, ya que los y las cuidadoras muchas veces sacrifican su vida y objetivos personales, en una tarea que requiere de conocimientos, dedicación y la necesaria cuota de amor a quien se cuida. Por eso resulta cada día más importante identificarlas/os.

Pero sabemos que su reconocimiento no es suficiente, debemos como Estado entregar las mejores condiciones para que tanto las personas que requieren cuidados como las que cuidan, puedan ejercer sus derechos y tener una buena calidad de vida.

Partimos por sacarles del anonimato, y con los diálogos sociales "Hablemos de cuidados" queremos poner rostro a las cifras, escuchar sus necesidades y trabajar en una oferta pública que efectivamente pueda mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados y de aquella otra persona generosa que le ayuda a vivir con dignidad.