El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, confirmó ayer en el Parlamento que su Gobierno enviará misiles de largo alcance "Storm Shadows" al Ejército ucraniano.

"Puedo confirmar que el Reino Unido va a donar misiles 'Storm shadow' a Ucrania. Los 'Storm Shadow' son misiles de largo alcance, convencionales, y de precisión", explicó Wallace ante la Cámara de los Comunes.

Amenaza

El posible envío había sido recibido con amenazas por parte de Rusia, que recibió de manera "muy negativa" el anuncio e interpreta esas nuevas capacidades para Ucrania como una escalada que será respondida de forma "adecuada en lo militar".

En su declaración, Wallace argumentó que "la donación de estos sistemas de armamento da a Ucrania la mejor probabilidad de defenderse frente a la continuada brutalidad rusa, especialmente de los ataques deliberados contra infraestructura civil ucraniana, que van contra la legislación internacional".

"Ucrania tiene derecho a poder defenderse frente a esto", agregó el ministro e insistió que esos misiles "permitirán a Ucrania echar a las fuerzas rusas que están asentadas dentro de territorio de soberanía ucraniana".

El político también señaló que no planea dar más detalles sobre las capacidades de esos misiles pero observó que "estos sistemas ni siquiera se encuentran en la misma liga que los misiles rusos hipersónicos killjoy AS-24", ni tampoco a la altura de los "misiles de crucero Kalibr que cuentan con un alcance de 2.000 kilómetros, unas siete veces más que los Storm Shadow".

"Rusia debe reconocer que sus acciones han derivado en que se haya proporcionado estos sistemas a Ucrania", apuntó el ministro británico, al concluir que se trata de "una respuesta calibrada y proporcionada a las escaladas de Moscú".

Fuentes del Vaticano, finalmente, dijeron que el papa Francisco podría tener una reunión mañana con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, sin precisar la hora.

El Gobierno de Estados Unidos repitió ayer lo que se ha convertido en su mantra en las últimas semanas: "La frontera sur no está abierta", y no lo va a estar tras el levantamiento anoche del Título 42, una norma por la que ha estado llevando a cabo expulsiones inmediatas durante la pandemia. Solo a Guatemala fueron deportados 60 mil indocumentados bajo la mentada legislación, se conoció ayer.

Para reforzar el mensaje, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo ayer en la Casa Blanca que a partir de anoche "la gente que llegue a la frontera sur" estará sujeta al Título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración y que reemplazará al Título 42.

"Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la próxima medianoche presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente, lo que incluye una prohibición de un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial", subrayó.

Afirmó que han reforzado el número de efectivos en la zona y que llevan preparándose para este momento desde hace dos años: "Estamos aumentando a 24.000 los agentes de la Patrulla Fronteriza, 4.000 soldados, miles de contratistas y 1.000 funcionarios y jueces de asilo".

Mayorkas insistió en que esperan grandes cifras de detenciones de migrantes irregulares en el límite con México y que, de hecho, ya están viendo grandes números en ciertos sectores.

La autoridad mencionó las medidas que el Ejecutivo del presidente Joe Biden ha adoptado en las últimas semanas para lidiar con la que se anticipa como una gran crisis migratoria y aseguró que su país está aplicando consecuencias más duras contra quien entra irregularmente en EE.UU.

"Durante la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665.000 personas, estamos llevando a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana y seguimos aumentándolos -apuntó-. Justo ayer trabajamos con el Gobierno de México para expulsar a cerca de 1.000 venezolanos que no usaron las vías legales disponibles para entrar en EE.UU.".

Trabajan "de cerca"

Mayorkas dijo que EE.UU. está trabajando "de cerca con México" y recordó la conversación telefónica a principios de esta semana entre Biden y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador: "México está adoptando medidas de seguridad importantes que apreciamos de gran manera y que han sido tomadas en coordinación con nosotros".

En una rueda de prensa telefónica aparte, Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, destacó que el Gobierno está escuchando, pero no está "de acuerdo" con las críticas de organizaciones de derechos humanos contra las nuevas restricciones en la frontera.

El funcionario aseguró que las medidas que se han tomado "son necesarias" para afrontar el reto migratorio y afirmó que los migrantes "todavía tienen derecho de pedir asilo en la frontera", además de que se han "expandido los canales legales".

Mayorkas, por su parte, lo dejó claro: "Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes, estamos haciendo todo lo posible para aplicar esas leyes de una forma segura, ordenada y humana. Trabajamos con los países de la región para abordar un reto regional con soluciones regionales y, de nuevo, instamos al Congreso a aprobar una reforma migratoria necesaria de forma desesperada".