Claudio Cerda Santander

"Uno de los tantos logros de esta legislación, es que pega un golpe en la línea de flotación del narcotráfico, como son los recursos", comentó esta semana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tras la promulgación por parte del Gobierno de la ley (21.575) que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.

La norma, denominada "ley antinarco", busca actualizar la legislación para perseguir delitos como el narcotráfico y el crimen organizado que se han expandido en medio de la crisis de seguridad que afecta al país. Entre otro tipo de sanciones, la norma considera atacar y golpear el enriquecimiento de estas bandas delictuales.

"Lo que la evidencia muestra es que lo que funciona de manera más eficiente es, más allá del aumento de penas, la persecución e incluso la inteligencia para desarticular la actividad, es ir sobre el patrimonio. Es ir sobre el dinero (de bandas delictuales)", agregó Vergara.

La ley, entre otros aspectos, busca regular el destino de los bienes incautados en delitos y se focaliza en el comiso de bienes, incluidos inmuebles, para cortar el financiamiento de quienes se dedican al narcotráfico. "También establece la obligación a nuevos sujetos a reportar sobre sus actividades comerciales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)", detalla un comunicado del Ministerio del Interior.

Decomiso de inmuebles

Entre la incautación y decomisos de bienes de narcotraficantes, la norma promulgada considera bienes muebles e inmuebles que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público. Estos bienes se podrán destinar a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro. Además, se amplían los bienes susceptibles de ser enajenados tempranamente, esto con el fin de agilizar los procesos. La legislación también incorpora normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que trabajan en la prevención, reinserción y rehabilitación como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

La diputada Catalina Pérez (RD) valoró las medidas que incorpora la norma para combatir el crimen organizado. "El narcotráfico hace un profundo daño a nuestros barrios y este gobierno lo está enfrentando de forma concreta mediante esta ley que dota de mayores herramientas a las instituciones del Estado para combatir con mayor eficacia el crimen organizado. Por ejemplo, entregando más facultades de fiscalización a las policías para ir tras la ruta del dinero, fortaleciendo la capacidad de investigación con recursos provenientes del narcotráfico o ampliando el comiso de bienes y ganancias propias del tráfico de drogas, entre otras acciones", dijo.

Mientras que el diputado Sebastián Videla (Ind-PL) afirmó que se debe continuar avanzado con medidas como la ley que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. "Esta ley golpea el negocio del narcotráfico. Además los bienes inmuebles incautados de estos delincuentes del crimen organizado podrán ser utilizados para poder tomar acciones de prevención, y no dejarlos para que otros delincuentes puedan seguir con sus labores delictivas", dijo.

Incautaciones

De acuerdo a datos del Ministerio Público, los delitos relacionados con drogas en la región registraron en 2021 un total de 2.328 casos, que aumentaron a 2.437 en 2022 (4,7%). Mientras que en incautaciones de drogas (medidas en gramos), las del tipo clorhidrato de cocaína registraron la mayor alza porcentual al pasar de 377.022 en 2021 a 793.749 en 2022. (110,53%). En el caso de marihuana, en el mismo período, estas subieron de 3.761.814 a 4.765.253 (26,67%). En cambio, una baja registraron las incautaciones de pasta base de cocaína, que entre 2021 y 2022 pasaron de 1.643.682 a 1.344.004 (-18,23%); y también las de ketamina, que entre esos años disminuyeron de 129.138 a 10.607 (-91,79%).

Eficiencia en persecuciones

El fiscal regional, Alberto Ayala Gutiérrez, dijo que toda medida que vaya en la dirección de fortalecer las capacidades de las policías y del Ministerio Público para investigar y perseguir de manera más eficiente la cadena del narcotráfico, es muy importante para el país, considerando la evolución que ha tenido este delito.

En particular, Ayala destacó las nuevas herramientas que se entregan para investigar el patrimonio de las personas involucradas en investigaciones de drogas, la ampliación de la facultad de comiso para bienes y ganancias ilícitas provenientes del delito, y el aumento de la vigilancia preventiva sobre operaciones sospechosas, entre otras medidas.

"La promulgación de la Ley 21.575 nos parece un avance importante para abordar los delitos relacionados con el tráfico de drogas, toda vez que actualiza las herramientas de investigación que tiene el país, permitiendo enfrentar de manera más eficiente un delito que es sumamente complejo y donde existen distintos eslabones", manifestó".

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a una pena total de 15 años y 1 día de cárcel a Leonidas Patricio Salazar Bravo como autor de los delitos de homicidio consumado y porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

La causa fue sostenida por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien logró acreditar ante el tribunal que con fecha 11 de marzo de 2021, pasadas las 19 horas, al interior de un domicilio en calle Bandera de esta ciudad, el imputado sostuvo una fuerte discusión con la víctima, con quien cohabitaba dicha vivienda.

Tras el altercado, Salazar Bravo se dirigió a su dormitorio para extraer un arma de fuego que allí mantenía, trasladándose luego a la habitación de la víctima, a quien dispara en reiteradas oportunidades, provocándole la muerte.

Posteriormente, oculta temporalmente el cuerpo en el maletero del vehículo de la propia víctima, y al día siguiente lo traslada en otro vehículo hasta un acantilado en el sector Las Losas, al norte de Antofagasta, donde lo arrojó, para evitar ser descubierto.

El cuerpo sin vida fue encontrado el día 17 de marzo de 2021 y recuperado por Bomberos y la PDI en una compleja maniobra, por las características del terreno donde se encontraba.

Los peritajes practicados establecieron que la muerte se produjo debido a una hipovolemia aguda, secundaria a múltiples heridas en región cérvico-facial, en región toraco-abdomino-pélvica y en brazo izquierdo, por proyectiles balísticos, por arma de fuego.