Gore rebaja $28 mil millones de su presupuesto para rescatar de urgencia 13 proyectos Serviu
VIVIENDA. Más de 2.000 viviendas sociales en ejecución podrían quedar paralizadas ante la falta de recursos públicos comprometidos. Ello a raíz que addenda entre el Minvu y el Core nunca fue formalizada y acuerdo entre exautoridades habría sido "de palabra".
Recientemente, el avance del plan de emergencia habitacional (PEH) informado por el Ministerio de Vivienda (Minvu) ubicó a la región de Antofagasta en el penúltimo lugar de cumplimiento, solo superando a la región de Tarapacá. El 3.8% de logro (674 viviendas finalizadas de un total de 17.938 para el periodo) parece ser uno de los numerosos conflictos que enfrenta el sector. Y no el menor de ellos, precisamente.
A las dificultades explicitadas para acelerar uno de los principales compromisos gubernamentales en materia de vivienda, se suma esta vez, el riesgo inminente de detención de obras de 13 proyectos habitacionales, más de 2.000 viviendas que se encontrarían en distintas etapas de ejecución, en las comunas de Antofagasta, Mejillones y Calama.
Acuerdo de palabra
El problema fue transparentado en la última sesión del Consejo Regional. En la oportunidad, el gobernador regional, Ricardo Díaz explicó que recientemente, la Dirección Regional del Serviu informó al Gobierno Regional la falta de formalización de la addenda al convenio de programación existente entre el Minvu y el Gore para el periodo 2023-2030.
En la práctica, indicó Díaz, la ausencia de un convenio o acuerdo del Core que respalde la transferencia de recursos al Serviu imposibilita el término de la urbanización de, al menos, 13 proyectos habitacionales en curso en tres comunas de la región.
De acuerdo a lo expresado por el propio Díaz, el origen del problema habría sido que ante la ausencia de la firma y formalización del convenio, el compromiso de las autoridades de la época para saldar la transferencia de recursos habría sido "de palabra".
"Los proyectos en ejecución, según lo informado por Serviu datan del año 2020 y el sector -al decir de ellos- en un acuerdo verbal con la administración de la época procedió a iniciar la ejecución de las viviendas con el supuesto compromiso de aportes desde el Fndr para la correspondiente urbanización, pero sobre esto no existe ningún tipo de documentación que avale tal situación", sostuvo el gobernador.
En lo inmediato, la falta de un acuerdo formalizado entre ambas instituciones imposibilita la transferencia de recursos. En virtud de la urgencia y la gravedad del problema, afirmaron las autoridades, la solución más inmediata, y que permitiría dar continuidad a las obras, pasaría por una rebaja del presupuesto regional por parte del Ministerio de Hacienda, para que, a su vez, éste traspase esos recursos al Minvu.
¿El costo de la solución? Cerca de $28 mil millones, cifras superiores a todos los recursos que captaría la región por el proyecto de royalty minero.
La solución planteada por el Gobierno Regional sería en dos tiempos. Así la propuesta presentada al Core, plantea que el año 2023 el aporte solicitado al Gore alcanzará las 533.225 UF's, lo que en valor pesos corresponde a M$19.165.879. En tanto, el año 2024; el aporte solicitado al Gore alcanzaría las 249.506 UF's, lo que correspondería a M$8.968.077. Los cálculos consideran el valor de la UF al 8 de mayo.
Solicitan investigación
Las reacciones por parte de los consejeros regionales ante el alcance del problema y la magnitud de los recursos comprometidos no se hicieron esperar.
La consejera Marcela Carrillo (PDG), presidenta de la comisión de vivienda del Core, explicó que una de las prioridades para definir una solución fue atender la demanda y espera de las familias beneficiadas.
"La gente no puede asumir el costo de las malas decisiones o del mal trabajo que se haya realizado antes, tenemos que asumir lo que viene de arrastre, aunque sea de la administración anterior", señaló.
Junto con concordar con la medida presupuestaria, uno de los acuerdos del pleno fue solicitar una investigación sumaria en el Serviu a fin de determinar las responsabilidades administrativas en la no firma del convenio. y el avance de la obras.
"Será para investigar y determinar los responsables, y comunicarles a las familias como corresponde qué es lo que ocurrió, y también hacer un seguimiento de estos recursos, porque son regionales y podemos exigir cumplimiento del plan de acción", indicó el gobernador regional.
Al respecto la consejera Andrea Merino (PS) comentó que "los que cumplimos una función política, hemos solicitado que se haga una investigación para determinar las responsabilidades, porque es absolutamente grave que, si haces un acuerdo, como el GORE y el Minvu -todo del gobierno anterior- y no firmas y queda todo de palabra, eso en ninguna parte tiene una validez", indicó.
En tanto Katherine San Martin (RN), ex presidenta de la comisión vivienda en la pasada administración, concordó con la solicitud de investigaciones administrativas a fondo.
"Ahora se van a hacer transferencias directas, pero esas transferencias directas, si bien son más rápidas, tienen que también ordenar frente a un proyecto, asociar a una planificación. Lo que veo aquí, independiente de si fue la anterior o la actual administración, tienen que hacerse responsables de la no ejecución, y la no planificación del nuevo convenio de programación. No puede ser que las responsabilidades de este tipo pasen sin mayor observación", sostuvo.
Cabe indicar que este medio intentó obtener una versión por parte de las autoridades del Serviu respecto al estado de los proyectos, sin embargo, declinaron participar de este artículo.