Auna semana del aplastante triunfo de Republicanos en la elección de consejeros constitucionales, los ecos siguen resonando y los emplazamientos a no cometer los errores del anterior proceso se siguen repitiendo. El llamado síndrome de Stingo, en alusión a un exconstituyente de izquierda, que públicamente cerró toda opción al diálogo bajo la premisa de ser mayoría y de representar la voz mayoritaria del pueblo, ha vuelto a aparecer.

En su oportunidad, Stingo habló de que estaban dispuestos a conversar, pero sobre los planteamientos que ya tenían definidos. Y la invitación fue que si se querían sumar, las puertas estaban abiertas.

De diálogo nada. Y ese es el temor que hoy existe, porque Republicanos con 23 consejeros electos y con varios del Chile Vamos, son mayoría y podrían hacer lo mismo que hizo Stingo y sus compañeros de coalición.

Y ese inquietud se acrecentó con las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que Republicanos no está obligado a respetar los bordes constitucionales. O las de Luis Silva, el consejero electo con la más alta votación en el país, quien en una entrevista meditó en el "por qué si siendo mayoría tenían que llegar a acuerdos con las minorías".

Tras la publicación, matizó sus dichos y demostró una apertura más auténtica a los acuerdos. Algo similar, manifestó el líder de Republicanos, José Antonio Kast, al comentar que espera que "la nueva Constitución deje satisfecho a la mayoría de los chilenos y no a la mayoría de republicanos".

Estas opiniones son las que van más en la línea de lo que se espera del trabajo del Consejo Constitucional. No obstante, el síndrome Stingo no está en remisión, sigue vivo y dependerá de la fuerza de los líderes del Partido Republicano evitar este peligroso contagio entre sus filas.

En pocos días se cumplen 8 años de la Ley de Inclusión Escolar. Esta reforma, propuesta por el gobierno de Bachelet II, introdujo profundos cambios al sistema escolar particular subvencionado, bajo la promesa que las nuevas reglas favorecerían la calidad en la educación.

Los datos muestran que esta Ley provocó un frenazo en el sistema subvencionado, el cual ha sido, por lejos, la alternativa preferida de los padres y apoderados en las últimas décadas, representando a más del 54% del total de la matrícula nacional.

Según cifras del Ministerio de Educación, desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión, 668 establecimientos subvencionados han abandonado el sistema, sin que se hayan creado nuevos colegios. Las regiones de Tarapacá y Antofagasta son las zonas del país con mayor demanda extranjera de matrículas escolares, llevando a varias de sus comunas a tener serios problemas en la provisión de cupos. La presión es tal, que en sus establecimientos sencillamente no hay vacantes.

La burocracia estatal hace imposible que la necesidad de nueva infraestructura sea satisfecha con la rapidez necesaria. Si a ello sumamos autoridades sin capacidad de gestión, el desastre es total. La evidencia muestra que la vinculación entre el Estado y los privados fue la llave que permitió dar adecuada cobertura escolar en las últimas décadas.

Pero, siguiendo la tesis de "los patines", la Ley de Inclusión puso un freno al crecimiento del sector subvencionado. Además de obligar a sus sostenedores a transformarse en entidades sin fin de lucro, la Ley impuso reglas que impedían el crecimiento de estos colegios, prohibiéndoles invertir en su infraestructura mientras no se hicieran dueños de los edificios educacionales donde funcionaban.

Sin embargo, esta idea ha sido un fracaso. Luego de 8 años, los colegios que han logrado comprar sus edificios no superan el 5% del total. En consecuencia, más del 95% de los establecimientos subvencionados del país se encuentra impedido de hacer las inversiones necesarias para ofrecer vacantes a nuevos alumnos.

Si crecer resulta difícil, crear un colegio subvencionado desde cero es una quimera, partiendo porque la Ley exige que el sostenedor de un colegio nuevo sea propietario del inmueble donde éste va a funcionar. ¿Cómo lo hace una persona jurídica nueva y sin fin de lucro para financiar la compra de un terreno y la construcción de un edificio educacional, cuando este tipo de entidades no es sujeto de crédito para los bancos? Por esa razón no se ha creado ningún colegio subvencionado desde el 2016 a la fecha, pese a la creciente demanda de matrículas.

Urge hacer una evaluación de la Ley de Inclusión, dejando de lado las ideologías y los dogmatismos para poner por delante los problemas reales e inmediatos de la población. El problema de las vacantes crece año tras año y si no se actúa pronto, la crisis de los cupos nos va a estallar en la cara.

En la campaña presidencial de Bill Clinton en los años 90, fue acuñado un slogan que refería hacia donde debía enfocarse su campaña: "¡Es la economía, estúpido!". Hace 4 años escribí una columna en la cual advertía, parafraseando esa frase, sobre la crisis de vacantes que se estaba incubando por causa de la Ley de Inclusión, pero las alertas no fueron atendidas.

El tema del lucro ya fue superado. El problema real está en las vacantes. Repito lo que dije hace 4 años: "¡Son los cupos, estúpido!"