Todo buen chileno se conmovió al ver las imágenes de una agresión a mansalva a un carabinero, que participaba de una detención por microtráfico de un ciudadano extranjero, el pasado enero de 2022, en Iquique. Llamó poderosamente la atención el nivel de violencia y falta de respeto a la autoridad, al grado de utilizar una manopla para golpearlos.

Hoy, a meses de lo ocurrido, se conoció la sentencia en primera instancia y las condenas son ejemplarizadoras. El autor de la agresión deberá cumplir una pena de siete años de cárcel y sus acompañantes cinco años de presidio.

Son penas duras y ponen de relieve que las agresiones a efectivos policiales tendrán un trato severo. Siete años, es mucho más de lo que podría haber recibido por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Incluso pudo tener opción a una pena remitida. Y ese el valor de la sentencia.

Ese es el mensaje que debe entregar la justicia y que debe quedar claro para quienes infringen la ley y se enfrentan a las fuerzas de orden para evitar los arrestos.

Este tipo de sentencia es un llamado a la obediencia ciudadana y al respeto. A entender que quienes por ley tienen la obligación de mantener el orden, prevenir y combatir la delincuencia se les debe respetar

Primero acatar sus instrucciones, colaborar y no oponer resistencia en caso de una detención. También se debe entender que siempre habrá exceso de algunos funcionarios y esos hechos tienen que ser denunciados a los tribunales pertinentes, pero como regla general está el debido acatamiento a la autoridad.

En un ambiente de respeto mutuo, en el que cada uno se desenvuelva ejerciendo sus deberes y aportes para la sociedad, no debieran existir abusos ni faltas de respeto. De otro modo, caminaremos hacia un despeñadero en el que imperarán los excesos, el despotismo y no el entendimiento social.

La edición del lunes pasado del diario ilustra, en diferentes notas, la situación actual de las inversiones públicas en la región. En una página, diferentes parlamentarios y personeros nos tratan de convencer que el royalty, pese a haber dejado dos tercios en manos del poder central y estar recibiendo "una cola" del otro tercio, representará un avance significativo para resolver nuestros problemas. La distribución planteada hasta ahora es inaceptable y no se entiende que quien lleva la voz cantante en el tema y ahora justifica esta injusticia, sea un senador calameño. Acá quedan los relaves, la contaminación y los salares intervenidos, y no nos podemos conformar con migajas.

A su vez, en la misma página aparece una nota que informa de la paralización de clases por parte de alumnos y apoderados de la escuela Héroes de la Concepción, por las "deficiencias sanitarias y estructurales" del establecimiento, sintonizando con el paro de semanas previas de los profesores municipales. En la misma edición, en una excelente columna de opinión, el presidente de Copanor, Jorge Lawrence, denuncia que la Ley de Inclusión Escolar de Bachelet, paralizó la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados, lo que amenaza que el sistema quede muy pronto sin matrículas para nuevos alumnos.

En otro medio, consejeros regionales le tiran la pelota a los municipios por la escasa formulación de proyectos y por la mala calidad de éstos. Antofagasta presentó menos proyectos que Mejillones y ejecutó un 20% al año pasado, mientras Calama había ejecutado solo un 5%. Y lo más triste es que cuando se trata del buen uso de los recursos, vemos alcaldes más preocupados de traer humoristas y artistas de moda, que de dar infraestructura básica para que los niños estudien y aprendan.

Mientras tanto, finalmente se adjudicó el Instituto de Tecnologías Limpias, se va a instalar un gigante chino con una planta para industrializar litio, avanzan los proyectos de hidrógeno verde y nuestro desierto se empieza a poblar de paneles solares. Se viene una tercera ola de desarrollo para la región, de la mano de las energías renovables, pero para ello tenemos que educar a nuestros niños, tratar a los enfermos, pillar y meter a la cárcel a los delincuentes, poner veredas y luminarias en las calles donde faltan, construir parques, cerrar el exvertedero y un largo etcétera. Y para todo esto se necesita plata.

En los próximos años veremos un verdadero río de recursos provenientes del litio y del royalty minero que llegarán a la región, mientras los principales generadores de proyectos para usar esos recursos, los municipios, se debaten entre la falta de equipos y la falta de ideas. Podemos y debemos presionar a nuestros parlamentarios para que le den a la región lo que en justicia le corresponde y, a la vez, presionar a nuestras autoridades locales para que, de una buena vez, se tomen en serio su trabajo.