La contundencia de los resultados de la elección del Consejo Constitucional es para muchos bastante inexplicable y, como respuesta fácil, tiende a repetirse que estamos en una especie de momento pendular.

Peor explicación es la referida al rol de los medios, al papel de los empresarios o al miedo causado por el aumento en los delitos de alta connotación pública. Por cierto, hay también allí un factor importante, pero está lejos de estar entre lo principal.

¿Cómo es posible que desde octubre de 2019 hasta mayo de 2023, los chilenos y chilenas manifestaran lo que parece una completa incongruencia al momento de elegir? Las razones principales se encuentran en la inexacta, o derechamente equivocada interpretación de lo que es Chile y sus habitantes y aquello se ancla en el insistente absurdo de leer la sociedad actual desde el voluntarismo ideológico.

Los y las compatriotas son bastante más complejos que la distinción izquierda/ derecha con que fácilmente pudo caracterizarse el siglo pasado, cuando los bordes de comportamiento, convicción (cultura, en definitiva) estaban claros, mientras hoy se desvanecen con el derrumbe de las confianzas en todas las instituciones. Las banderas de antaño ordenaban casi todos los planos de la vida; hoy, por el contrario, campea el individualismo como fenómeno determinante, por eso la construcción de las vidas se parece mucho a una compra de identidades, no forjadas en la historia y el futuro, sino que son líquidas y coyunturales.

Animalistas, veganos, minorías sexuales, creencias de todo tipo, son el territorio que se habita. Y allí también aparece lo conservador, lo liberal y cualquier arquitectura social que sirva para dotarnos de una identidad que ha desaparecido velozmente en los años recientes en Chile y el mundo.

¿Pero por qué ganó el Partido Republicano? El primer error es motejar a ese grupo como de ultra o extrema derecha, menos de nazis o fascistas. Nada tienen que ver con esos tristes movimientos, pues, primero desconfían profundamente del Estado, son muy liberales en lo económico, aunque conservadores en lo valórico (parece esta la distinción principal).

Pero, esa precisión parece compleja para la población, sobre todo para la más desposeída que la votó con contundencia y no a la izquierda, que parecería su reducto obvio. En realidad, esas personas son las que más orden reclaman por cuanto entienden que allí está la base para su desarrollo, una de sus pocas certezas en un mundo cada vez más cambiante y ajeno. Eso es lo que aún no parecen entender ni Michelle Bachelet, ni Sebastián Piñera y menos el Presidente Gabriel Boric.

Si aquello fuera correcto, debiéramos sostener que el malestar existente en el país y el mundo (que es efectivo) no tendría su origen en la desigualdad y la pobreza, tal como se ha repetido como mantra, sino en algo más acotado y puramente moderno: la demanda legítima ante la incapacidad del modelo de responder a las promesas de calidad de vida, justicia, consumo, seguridad, vejez digna y orden.

Eso confirmaría que buena parte de la interpretación del Chile reciente es errónea, al ser teñida de puro sesgo interpretativo. Así las cosas, Chile no fue de izquierda antiliberal en 2019, ni hoy es de extrema derecha.

Por los años 2000, el sociólogo Eugenio Tironi escribió acerca de la irrupción de las masas chilenas en diferentes espacios de la sociedad nacional, sobre todo en aquellos de consumo. Esos segmentos que siempre habitaron la pobreza, entonces comenzaron a repletar los malls, supermercados, empezaron a viajar y a vivir experiencias históricamente vetadas. Eso fue el fruto de la Concertación, modelo que ciertamente nace puntualmente desde la dictadura y en general de Occidente. Desde entonces hasta ahora, debiera estar claro que la transformación es cultural, no ideológica y esa profundidad es la que debiera comenzar a aceptarse para proyectar las décadas siguientes.

No fue revolución en 2019 y tampoco es retroceso medieval en 2023. Es el camino que sigue el mundo: muy individualista, con escasos bordes de sentido, con cada quien empeñado en ser protagonista de su guión, algo que muchos simplemente no parecen entender o aceptar.

En una histórica sesión, la Cámara de Diputados, aprobó finalmente el proyecto de royalty a la Gran Minería del Cobre, luego de más de cuatro años de tramitación parlamentaria. Esta nueva estructura impositiva, que entrará en vigencia a partir del 2024, tiene como objetivo recaudar fondos para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país. Se proyecta que generará recursos significativos, siendo la Región de Antofagasta una de las principales beneficiadas.

Con esta aprobación, finalizó su tramitación parlamentaria y está listo para ser promulgado como Ley.

A partir del 2024, se espera recaudar un 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale aproximadamente a US$1.350 millones. De esta cantidad, US$450 millones serán destinados directamente al desarrollo productivo de las regiones y comunas de todo el país. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la Región de Antofagasta recibirá recursos por un total de $23.145 millones.

Como se ha comentado los recursos beneficiarán tanto al Gobierno Regional como a todas las comunas de la zona. Si se divide por la población existente, el aporte per cápita sería de $33.454. Por ejemplo, el municipio de Antofagasta recibirá $2.951 millones, Calama $2.336 millones, Tocopilla $1.893 millones y Taltal $1.319 millones.

El objetivo principal de este nuevo sistema de royalty es impulsar el desarrollo y mejorar la eficiencia de las instituciones vinculadas al sector minero. Se espera que los recursos generados contribuyan a la implementación de proyectos y programas que fomenten el crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de las comunidades en las regiones mineras.

Ciertamente hay algunos detractores que aseguran que la distribución es injusta con las zonas mineras y la invitación de las autoridades ha sido a mirar el aporte per cápita y que serán recursos frescos.