La Esmeralda fondeó en e puerto. La nave fue visitada por el intendente interino, doctor Eduardo Le Fort, y el gobernador marítimo, el señor Stuardo.
El comandante Carlos Fuenzalida les atendió generosamente y por eso fue invitado a una copa de champaña en el Club La Unión en una manifestación que presidió el señor Le Fort.
Esta semana fue aprobado, luego de una amplia tramitación, la Ley del Royalty a la Gran Minería. Este hecho es motivo de alegría, ya que al fin podremos incrementar los ingresos del Estado a través de un impuesto que llevaba muchos años discutiéndose en el Congreso Nacional. Sin embargo, este proyecto posee características particulares que es importante destacar.
Los fondos que se van a recaudar por medio de este nuevo impuesto tienen dos principales funciones, la primera, avanzar en justicia territorial, es decir, los fondos que se percibirán a través de este impuesto a la gran minería irán en beneficio directo de las regiones y comunas. El segundo, también muy importante, tiene que ver con ingresar recursos frescos para tratar un tema de alta relevancia pública como lo es la seguridad ciudadana. Es decir, nuestro gobierno está poniendo el acento en las urgencias del país.
La ley crea tres fondos: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial, y el Fondo de Comunas Mineras. La región de Antofagasta se verá priorizada, no sólo por medio de un incremento en el Fondo Común Municipal y en el Fondo de Desarrollo Regional, sino que además ingresaran recursos frescos para las comunas ligadas a la minería, que reciben el impacto directo de la extracción.
Los recursos recaudados nos permitirán invitar a todos los actores a repensar el proyecto de desarrollo regional, y a establecer prioridades de trabajo y formación profesional, de tal manera que podamos financiar investigaciones y luego programas de estudio, para mejorar la calidad de las y los trabajadores de la región, de tal manera que puedan insertarse directamente en la industria minera local y así ir aplacando la conmutación minera. Pero esto no es todo, la región misma y sus comunas podrán implementar mejoras en sus servicios públicos.
Los recursos que ingresarán a través del Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Comunas Mineras nos permitirán avanzar en mejorar la calidad de los servicios públicos regionales y locales, de tal manera que podamos avanzar en mejorar el bienestar de la población. Un fortalecimiento de las prestaciones públicas permitirá a la ciudadanía contar con mejor infraestructura en educación y salud, cuestiones claves a la hora de pensar en la calidad de vida de las personas, en particular en las comunas alejadas de las zonas urbanas de Antofagasta. El Estado debe entregar la mejor calidad de sus servicios a la ciudadanía, y estos recursos podrán ayudarnos en este desafío.
Finalmente, el gobierno ha sabido leer la prioridad en materia de seguridad de todo el país y de la región de Antofagasta. Se invertirán los recursos no sólo en mejora en la infraestructura y equipamiento de las policías, sino también podremos contar con mayores recursos para seguir coordinando las acciones en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado que tanto ha afectado a nuestra región.
La aprobación del Royalty a la Gran Minería sin duda nos permitirá desarrollar de mejor manera nuestro trabajo para construir un mejor país y una mejor región.
El señor Santiago Gajardo Peillard fue reelegido alcalde de Antofagasta por cuatro años más.
Así quedó confirmado en la ceremonia municipal realizada ayer y donde el señor Floreal Recabarren fue designado primer regido.
La Democracia Cristiana además eligió alcaldes en Tocopilla, Calama y Mejillones.
El alza de delitos de alta connotación social, así como de la aparición de nueva criminalidad ha generado una serie de medidas e iniciativas de ley por parte del Ejecutivo.
Las cifras ponen atención en la situación del alza de delitos en la macrozona norte. Una de las medidas de urgencia fue el denominado "criterio Valencia" que instruye a los fiscales a solicitar la prisión preventiva a todos aquellos imputados en delitos violentos en caso de no tener una identificación oficial o pasaporte que dé cuenta de la real identidad de esa persona. La medida, respaldada en general por la opinión pública, genera un efecto de sobrecarga en el sistema penitenciario que parecería llegar a cifras límites en los próximos meses.
En particular, una de las situaciones más extremas se presenta en la región de Antofagasta, donde el penal ubicado en la comuna de Taltal, registra una ocupación de 458% sobre la cobertura original, generando una riesgosa situación de seguridad para los internos y para los funcionarios de Gendarmería que allí laboran. A nivel de penales femeninos, la unidad de Tocopilla también registra una de las cifras más altas del país, con un 200% de ocupación.
La crítica situación queda reflejada en los testimonios de los dirigentes gremiales de Gendarmería quienes detallaron la creciente inseguridad a la que se encuentran expuestos diariamente. A juicio de los representantes, la importación de nueva criminalidad trae asociados mayores niveles de riesgos y amenazas. Extorsiones y seguimientos a familias son solo parte de los nuevos riesgos que debe enfrentar el personal de gendarmería.
Es de esperar que la discusión sobre la necesidad de mayor infraestructura penal, traiga consigo una actualización de los recursos para el mejoramiento técnico de las capacidades de Gendarmería, así como también, la incorporación a la discusión de quienes viven a diario la dura realidad carcelaria del país.