Separación de población penal: una de las medidas ante alza de reclusos extranjeros
CRISIS. Según reconoce Felipe Mansilla, representante de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de la región.
El sostenido aumento de la población penal extranjera ha forzado al interior de los recintos carcelarios en la Región de Antofagasta la implementación de medidas para evitar disputas con grupos de internos locales o conformados también por otros extranjeros, según reconocen funcionarios de la entidad.
Según datos de Gendarmería, al 30 de abril pasado a 804 internos ascendía la población extranjera privada de libertad (30,77%), mientras el registro de internos locales llegaba a 1.809 reos (69,23%).
Una notaría alza comparada a los 450 internos extranjeros (17,05%) de abril de 2019, mismo período en que la población penal nacional ascendía a 2.189 internos (82,95%).
Frente a este aumento de reos extranjeros han debido adoptarse medidas, según detalla Felipe Mansilla, cabo de Gendarmería y presidente de la Asociación de Nacional Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de la Región de Antofagasta. "Acá en la región nosotros hemos tenido que segregar a esas personas (reos extranjeros) para tener un mayor control, porque tienen otro tipo de trato; ellos se tratan de manera muy diferente. Antes pasaban a las poblaciones penales comunes con chilenos, pero esto era un desborde total. Eran riñas masivas las que ocurrían. Una de las alternativas, entonces, para que pudiéramos mantener el control, porque no nos quedó otra, fue segregarlos, separarlos y poner un módulo especialmente para gente extranjera con el fin de darles el trato que corresponde, porque muchas veces acá colapsaba. Y más aún, el delincuente chileno es muy reacio a recibir a personas extranjeras".
Mansilla reconoce las rivalidades surgidas entre la población penal nacional y la conformada por extranjeros. No obstante, admite un habitual bajo perfil de internos de nacionalidad boliviana y peruana, comparado con los nuevos flujos de internos que han incrementado el número de reos en los últimos años. "Todo se asocia al tema del tráfico (de drogas), del posicionamientos y quien lidera en las poblaciones. Si llegaron las bandas venezolanas, que traen otro estilo de delinquir y son más violentos, y quieren tomarse las poblaciones chilenas, los chilenos muchas veces no lo van a permitir. Por eso hay enfrentamientos que ocurren afuera, en las calles, y eso a la vez también repercute al interior de las cárceles. Porque todo lo que pasa afuera va a repercutir dentro en la cárcel y todo lo que pasa dentro de las cárceles también repercute al exterior", agrega Mansilla. Según este representante de la Anfup, muchas de las riñas que ocurren al interior de los recintos penales se originan por enfrentamientos o ajustes de cuentas que habrían ocurrido al exterior entre familiares o bandas que integraban los reos.
De acuerdo a los datos de Gendarmería, los internos de nacionalidad boliviana encabezan la mayor cantidad de población extranjera privada de libertad en la región (360). Luego siguen reos de nacionalidad colombiana (263), venezolana (110), peruana (38), ecuatoriana (12), dominicana (8), argentina (6), paraguaya (4), cubana (1), española (1) y uruguaya (1).
Cárcel para narcos
Según trascendió la semana pasada, ante el eventual colapso que podrían registrar en distintos recintos carcelarios del país por el sostenido aumento de la población penal, en el Ministerio de Justicia alistan la habilitación de nuevas plazas y también la planificación y diseño de nuevos recintos penitenciarios. Una de las iniciativas de infraestructura carcelaria del actual Gobierno consiste en el Complejo Penitenciario de Calama, que se proyecta pueda reconvertirse en un cárcel especial o que cuente con espacios exclusivos para condenados por narcotráfico o asociados al crimen organizado.
Mansilla manifiesta que esta determinación debe evaluarse con cuidado. "Habría que especializar a funcionarios ya en otro ámbito, porque van a trabajar con narcos y traficantes; es decir, gente que tiene poder, y poder en distintos ámbitos. Por lo mismo debería empezar a especializar funcionarios, pero para que vayan a trabajar en forma anónima, es decir, que no se sepan los datos de los funcionarios. Porque de lo contrario comenzarán las extorsiones, las amenazas a los familiares y un sinfín de cosas. Yo, siendo funcionario de Gendarmería, los veo a años luz todavía. Porque debe ser un grupo aparte, con un tipo de especialización distinto y que no sean funcionarios de Gendarmería que estén identificados. También un tipo de protección, tipo mascarilla, para que no se les pueda reconocer", explica.
"Porque si trabajamos como en las cárceles normales y como ocurre en la actualidad, pasará exactamente lo mismo. Vamos a seguir siendo extorsionados, vamos a seguir siendo amenazados y ya ha pasado muchas veces. Hay funcionarios a quienes los han agredido en las calles. Hay funcionarios que los han amenazado con armamento. A los WhatsApp de los funcionarios, y no sé cómo se consiguen los números, mandan fotos de sus casas, de su hija, de su señora. Eso está pasando, eso se está dando. Esto no se veía nunca (…) Un funcionario dio a conocer que le llamaron del Tren de Aragua, ahora que tan verídica sea esa información debe verse en el proceso investigativo con el Ministerio Público; pero que sepan sus datos, ya es peligroso", añade Mansilla.