El Banco Central generó una tormenta luego de que en su Informe de Estabilidad Financiera emitido ayer activara de manera sorpresiva el Requerimiento del Capital Contracíclico (RCC) en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, exigible en el plazo de un año. Los bancos rechazaron la medida y la Bolsa cayó, mientras las autoridades económicas del país intentaron explicar que se trata de una medida de prevención importante.

Esta medida busca aumentar las reservas que la banca deberá mantener para hacer frente a una eventual crisis, una suerte de "colchón" para mantener un respaldo ante un posible escenario económico negativo en el futuro.

El emisor explicó que se trata de "un requerimiento de carácter macroprudencial cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de la economía frente a escenarios de estrés severos, producto de riesgos de carácter sistémico". Añadió que la decisión se fundó considerando el ámbito externo, por el "deterioro de las condiciones financieras desde fines del año pasado, lo que ha elevado la incertidumbre sobre su evolución futura" y que "los episodios de tensión bancaria de inicios de año dejaron de manifiesto debilidades de regulación, supervisión y gestión de riesgos en las entidades afectadas".

Reacción crítica

Esta medida no fue bien recibida por los gremios empresariales y de los bancos. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró en radio Pauta que "nos llama la atención (la decisión), porque es un poco distinto a la percepción que tiene la banca. Nuestra gran preocupación tiene que ver con que cuando haces estas exigencias y la banca tiene que aumentar capital, eso inmediatamente va a tener un impacto probablemente en los créditos a las empresas y personas".

El dirigente añadió que una "situación compleja económicamente, en la que ya teníamos restricción porque las empresas aumentaron su nivel de riesgo. Si le agregamos este nuevo componente la verdad es que nos complica bastante de cara al futuro y al crecimiento económico".

Por su parte, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), sostuvo que "nosotros no vemos la activación de este instrumento como algo coherente, ni con el diagnóstico objetivo".

Una consecuencia inmediata fue la caída de la Bolsa de Santiago: el Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA) bajó en 1,24% y los papeles más castigados fueron los de los bancos.

Defensa de medida

Ante las críticas, la presidenta del Central, Rossana Costa, explicó que el organismo "cumple un rol relevante en el ámbito de las políticas macroprudenciales, estas se entienden como políticas que buscan prevenir la acumulación excesiva de riesgos".

Aunque reconoció que puede haber efectos en la entrega de créditos, por ejemplo, aseguró que "la activación del RCC tendrá efectos acotados y transitorios en la evolución del crédito. Esto, considerando que la banca cuenta con holguras, el monto activado es razonable y su plazo de concreción lo suficientemente largo".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el Central "escogió este momento porque es un momento en el cual los bancos han tenido utilidades importantes, en que tienen constituidas provisiones voluntarias también muy significativas y por lo tanto el riesgo de que esto afecte el crédito es considerablemente menor"; y afirmó que ese 0,5% "es solo una fracción de las utilidades que tuvieron (los bancos en 2022), entonces alternativas a la reducción del crédito claramente que tienen".

El pleno a Comisión Experta que trabaja en la elaboración de una nueva propuesta de Constitución para Chile tuvo ayer su segundo día de votaciones en particular de los artículos que ya se integrarán de manera definitiva al anteporoyecto que luego se entregará al Consejo Constitucional.

La noche del lunes ya se había destrabado uno de los grandes debates internos luego de que fuera aprobado de manera unánime para el primer capítulo que "Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales" y también que "la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible".

Durante la sesión de ayer se despacharon artículos contenidos en el capítulo 2 del anteproyecto: "Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales".

Se aprobaron normas sobre nacionalidad y ciudadanía; quedó establecido que la ciudadanía se pierde "por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva".

A la vez que se afirma que "el derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva".

Asimismo, se visó el apartado referente a los estados de excepción constitucional: "El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa (Estado de Asamblea) o interna (Estado de Sitio), grave conmoción interior (Estado de Emergencia), emergencia y calamidad pública (Estado de Catástrofe), cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado".

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, murieron baleados durante la madrugada de ayer en la comuna de Santiago, en un hecho que inicialmente se investigó como ajuste de cuentas o enfrentamiento entre delincuentes, pero luego de las primeras diligencias se destapó como la respuesta a balazos de un automovilista al que los jóvenes habían intentado asaltar mediante un portonazo.

Según Carabineros, un conductor que intentaba ingresar a un edificio en la esquina de las calles Tocornal y Argomedo fue abordado por tres personas y, frente a esta situación, disparó al menos seis veces desde el interior del vehículo.

Una cámara de vigilancia del edificio del frente captó lo ocurrido, registro que será clave para la investigación.

El mayor Marco Bahamondes precisó que el abogado del sospechoso contactó a Carabineros cerca de las 05:30 horas para informar que "se va a entregar en una de las comisarías del centro de la ciudad, lo cual no se ha materializado".

De acuerdo a la policía, el conductor es un joven de 23 años con domicilio en Conchalí y con antecedentes por el delito de receptación, que fue interceptado mientras ingresaba a visitar a su pareja.

Ante este nuevo hecho de violencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que "estamos impactados y con una gran preocupación, tenemos a dos personas menores de edad que fallecieron en el contexto de un delito. Todo muestra que el agredido se defendió disparando y ellos terminaron perdiendo la vida".

"Eso significa que hubo un delito organizado ocupando menores de edad, eso en nuestra legislación está fuertemente penado, pero para que esas penas se apliquen la investigación tienen que dar con quienes organizaron ese delito y ocuparon a estos menores", agregó.