El alza delictual en el país registra también una creciente incidencia en el robo de cables para extraer cobre, que se ha posicionado además como una contingencia de frecuentes interrupciones de servicios de energía y telecomunicaciones que afectan cada vez a una mayor cantidad de viviendas particulares, servicios públicos y empresas privadas.

Según datos de Chile Telcos -Asociación Chilena de Telecomunicaciones AG que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada- el año pasado 2,1 millón de hogares sufrieron la interrupción de servicio en el país. Desde esta entidad reconocen que el robo de cables hoy figura como la principal causa del corte del servicio de telecomunicaciones a los usuarios.

Regiones afectadas

Un tipo de incidencia, en que la Región de Antofagasta cuenta con una creciente participación. De acuerdo a datos de Chile Telcos la región se ubica en el quinto lugar (4,33%), de un total de 5.946 querellas y denuncias. Le anteceden las regiones Metropolitana (70,7%), O'Higgins (6,64%), Biobío (5,78%) y Valparaíso (4,60%).

Para Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, la rentabilidad de este delito ha extendido este tipo de robos.

"La mayoría de los eventos ocurren donde hay más redes y, básicamente, hoy el delito se masificó. Las bandas organizadas vieron que esto era rentable, por lo que además se ha diversificado, porque ya no solo roban cables Telcos; sino que roban a las mineras y cualquier cosa que sea metálica. Se roban las tapas de las cámaras subterráneas, los rieles del ferrocarril; y eso claramente está vinculado a grupos que tienen equipamiento, camionetas, capacidad para operar y que después falsifican la información, la blanquean etcétera. Ya no es el robo hormiga chico que ocurría antes. Ahora son bandas de crimen organizado que se dedican a esto y probablemente a otros negocios también", afirma.

"Hoy por razones del comportamiento de las empresas que reciclan en Chile, que se han puesto muy exigentes en la trazabilidad de la materia prima, el grueso de esto se exporta. Lo que ocurre ahora es que China y Corea, principalmente, pero no únicos; ponen órdenes de compras de chatarra, y mientras el precio del cobre sube esas órdenes crecen. Entonces todo este robo está destinado básicamente a exportar. Se exportan como chatarra de cobre estos cables. Estamos hablando en el 2021 de 300 a 400 millones de dólares. Es decir, es mucha plata y es más que el robo de madera. Eso ha atraído más gente al negocio y lo que hemos visto es que se multiplica cada año. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 22 mil eventos intencionales de corte de red, y en el 2021 habíamos tenido algo así como 10 mil y 6 mil en el 2020", detalla Ulloa, al referirse al incremento de estos episodios a nivel país.

Comuna de Antofagasta

Según datos de Chile Telcos, en el listado de las 10 comunas con más querellas y denuncias por robo de cables también figura con una alta incidencia la región. Este listado lo integran Rancagua (278), Maipú (275), Santiago Centro (226), Antofagasta (214), Quilicura (211), Estación Central (209), San Bernardo (209), Conchalí (182), Pudahuel (176) y Puente Alto (156).

Mientras que en cuanto a esta incidencia a nivel local, entre enero y octubre de 2022 se registraron 376 eventos vandálicos y robos en la comuna de Antofagasta. El 95% de estos casos se concentran en la ciudad, con un promedio de 37,6 eventos mensuales.

Chatarrerías

Ulloa, a su vez, detalla como ocurriría el "blanqueo" para insertar en el mercado el cobre robado tras usurpaciones de cableado. "Primero es importante saber que hay un negocio lícito de chatarra. Hay empresas que reciclan sus redes y que venden con protocolos de seguimiento y responsabilidad medioambiental. Existe y se exporta legalmente de Chile chatarra igual que se exporta de otros países. Y eso tiene un cierto mecanismo de control. Pero, por otro lado, existe el negocio en torno a las chatarreras; más o menos estamos hablando de 600 a 650 chatarreras a nivel nacional. Muchas de esas son informales (…) y esa chatarreras acopian material, como el serpentín de cobre del calefón que vas a votar y lo llevas a la chatarrería y te lo compran. Eso es legítimo, no hay ningún problema, pero esa misma chatarrera compran cables a la gente que roba en modo hormiga, que se sube al poste y corta con una sierra 10 kilos; o a estos tipos que roban camionada", explica el representante de Chile Telcos.

"Lo van acopiando y después lo entregan a estos que podríamos llamar 'consolidadores', que después los exportan. De hecho en el Puerto Antofagasta el año pasado se detuvo un contenedor con varias toneladas de cables robados. Falsifican documentación. También sucede, por ejemplo, que si tú tienes una empresa que va a exportar y compraste cuatro mil kilos legítimos y tienes una orden de despacho, esa misma orden de despacho se la muestras Aduanas Valparaíso, pero esa misma se la muestras a Aduana de San Antonio y también a Aduanas de Antofagasta. Ese mismo documento te sirve si compraste 4 mil legítimos y terminaste exportando 20 mil", explica Ulloa, sobre un mecanismo que reconoce de difícil control.

Un diálogo participativo entre los dirigentes de las comunidades indígenas y ayllus de San Pedro de Atacama y las autoridades de justicia se desarrolló en la sede social de la comuna para analizar en conjunto los alcances de la instalación de un centro de justicia en esa zona.

En la reunión participaron el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas; el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; y el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes, y a ella también se sumaron el fiscal regional, Alberto Ayala, el coordinador de Defensa indígena de la Defensoría Penal Pública, Hernán Díaz, y el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Giancarlo Fontana.

El encuentro, que forma parte de un trabajo coordinado entre los distintos actores de la justicia en los ámbitos civil, familiar y penal, tuvo por objetivo consultar la visión de las comunidades indígenas frente a la iniciativa conjunta, que busca resolver los problemas de acceso a los servicios de justicia que hoy afectan a ese territorio, considerando aspectos vinculados a la pertinencia cultural y medioambiental.

Para Leidy Ossandón, presidenta de la comunidad atacameña de Coyo, "lo que se ha visto hoy es buscar un acercamiento, un diálogo, es buscar nuestras posiciones en conjunto para un avance", destacó la dirigente, quien además planteó la necesidad de considerar en el proyecto aspectos como la pertinencia cultural, el buen vivir y la preocupación por el área ambiental.