Redacción

La polémica salida desde el Gobierno del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, abrió ayer un flanco de diferencias entre los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y Trabajo, Jeannette Jara, quien era la jefa directa de la autoridad desvinculada.

Larraín dejó su cargo a fines de la semana pasada y el lunes se conoció una versión que alude a un supuesto caso de acoso sexual como la razón de su salida, lo que fue desmentido por el exfuncionario de La Moneda, quien por su parte argumentó serias diferencias con la titular del ministerio que integraba en materias vinculadas a la reforma previsional, en las que cumplía un importante rol en medio de las negociaciones que impulsa el Ejecutivo con la oposición para avanzar en el Congreso.

Ayer el ministro Marcel evitó referirse a la denuncia contra el exsubsecretario, pero valoró su trabajo y aseguró en Radio Concierto que "Larraín fue clave en la arquitecta del proyecto que presentó el Gobierno e hizo un gran trabajo, y ese fue su gran aporte".

"Lo que ocurrió después es que el proceso de discusión ha sido complejo porque hay una parte en que se buscan acuerdos y que no tiene líneas rojas, pero la contraparte no se sienta en la mesa, hemos tenido numerosos episodios, y nos encontramos con que se trata de demorar la reforma previsional", agregó.

"Buena decisión"

Sin embargo, la ministra Jara mostró otra visión al respecto y junto con lamentar la actitud mostrada por Larraín tras su alejamiento del Gobierno, quien entre otras cosas la acusó de reprenderlo en público, planteó que esto es una muestra de que se tomó la decisión correcta con su salida.

La secretaria de Estado indicó a Mega que "el viernes se determinó pedirle la renuncia al ex subsecretario Larraín, entre otras cosas, porque en estos cargos uno está hasta que cuenta con la confianza de quien le ha encomendado la responsabilidad. Estos son cargos de confianza del Presidente. En ese sentido, nosotros teníamos antecedentes que habían problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría, en los cuales habían muchos reclamos contra el propio subsecretario: distintos tipos de conducta de hostigamiento, de acoso. Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que lo estaba pasando muy mal en la Subsecretaría".

Y aunque reconoció que "teníamos miradas distintas respecto de algunos temas", añadió que "yo lamento que este tema se viera expuesto de esta manera. Incluso en los peores escenarios, nunca me habría imaginado que una ex autoridad saliera de esa manera, y lo que hace, todo lo que ha dicho después, es confirmarme que fue una buena decisión haber pedido su salida. La decisión correcta".

Una de las condiciones de un acuerdo imparcial en torno a un procedimiento la constituye la ignorancia acerca de sus resultados. La razón es bastante obvia: una vez que usted conoce los resultados que lo acordado está produciendo -y sabe en consecuencia si lo favorece o no- su opinión deja de ser imparcial. No tiene sentido -o lo tiene, pero es inaceptable- cambiar las reglas una vez que ellas arrojan un resultado o permiten prever uno.

Pero eso es lo que acaban de sugerir, o pretenden sugerir, algunos parlamentarios de la bancada socialista. Proponen, o van a proponer, acortar el lapso del que dispondrá el Consejo constitucional, y sugieren, o sugerirán, agregar una tercera opción al plebiscito de salida: aceptar el proyecto que ha elaborado la comisión experta.

Esa propuesta debe ser rechazada por varias razones.

La primera es que carece de imparcialidad.

Como explica John Rawls (el autor del que tal vez sea el tratado sobre la justicia más importante del último siglo) un acuerdo en torno a las reglas exige que los partícipes de él posean (o siquiera simulen) un velo de ignorancia acerca de si el contenido de estas les será propicio o no. Al estar ignorantes acerca de si las reglas y el procedimiento favorecerá o no sus propios intereses y posiciones, quienes negocian tenderán a ponerse en el lugar de cualquiera al momento de decidir si aceptan o no. Y ese experimento mental, por llamarlo así, consistente en imaginarse en el lugar de cualquiera, es lo que desde antiguo se llama imparcialidad. Ser imparcial es ponerse en el lugar de todos los demás, algo que solo es posible si se ponen en paréntesis los propios intereses. Pero si, como esos parlamentarios van a proponer, una vez que las reglas están funcionando y sus primeros resultados se conocen, se procede a cambiarlas, ese cambio ya no será producto de una condición de imparcialidad. Será como cambiar las reglas de un juego de naipes una vez que las cartas se distribuyeron y cada uno vio las suyas. Las reglas entonces dejarán de poseer una vocación de imparcialidad y en rigor dejarán de ser reglas obligatorias puesto que una razón para obedecer las reglas es que ellas sean imparciales. Usted obedece las reglas de un juego porque las aceptó ex ante el resultado de manera que fuere cual fuere este último está obligado a aceptarlo. La propuesta de estos parlamentarios viola esa condición de imparcialidad.

La segunda razón es que si se abrevia el lapso de que dispone el Consejo constitucional, se lesionará muy severamente la deliberación democrática. Quienes han sido electos consejeros lo han sido para debatir y analizar las reglas constitucionales y ello requiere el intercambio de razones. Apurarlos abreviando un tiempo que ya es demasiado escaso parece motivado por el anhelo o el deseo inconfesado de que esa deliberación no se produzca ¿Desde cuándo o por qué podría ser virtuoso discutir menos que más? Es raro que los parlamentarios -cuya tarea es parlamentar- sean alérgicos al diálogo y al debate con el argumento que causa incertidumbre. ¿De dónde se saca que enmudecer a los representantes electos para dialogar sea una buena idea?

La tercera razón es incluso más obvia que las anteriores. Los expertos que están ya acabando el proyecto constitucional que, en borrador, deberá considerar el Consejo, lo compusieron con el ánimo y el propósito intelectual que él fuera eso: un borrador que satisfaría el punto de vista por llamarlo así de los libros, pero no el punto de vista político que la democracia demanda; ese texto fue compuesto pensando satisfaría el saber o el conocimiento teórico que es propio del experto, no el saber prudencial o práctico que es propio del político. Este último le corresponde al Consejo. Por eso es, o sería, un despropósito no solo apurar los tiempos en que ese borrador debe ser considerado, sino también lo sería tomar ese texto por un proyecto ante el que la ciudadanía debiera pronunciarse ¿Acaso no se advierte que se trata de un texto sin vocación definitiva (eso es un borrador) y escrito y pensado sin el propósito que la ciudadanía se pronuncie acerca de él?

No cabe duda, en estos tiempos confusos la gente cree posible proponer cualquier cosa (y lo que se acaba de describir es un inmejorable ejemplo). Solo cabe esperar que el Congreso y el propio partido al que pertenecen quienes han elaborado la propuesta, adviertan que no se trata propiamente de una idea: es una mera ocurrencia descabellada con el disfraz de tal.