Se ha repetido hasta el cansancio que si la delincuencia y el crimen organizado no se atacan a tiempo, pueden extender sus tentáculos con facilidad para corromper y sembrar el terror si es necesario. Se llega a un nivel en el que se pierde el respeto a las normas sociales, a las leyes y a la vida, con tal de concretar sus afanes delictivos.

Ese es el peligro y por ello se debe actuar prontamente y sin vacilaciones. Ser enérgicos y capturar a todos quienes estén dispuestos a romper la paz social y promover la delincuencia.

La región no está ajena a esta problemática y a la aparición de crímenes exportados. Y el caso más reciente es el ocurrido en Calama, en el que se detuvo a una pareja de ciudadanos venezolanos que había logrado obtener explosivos de alto poder para hacer estallar los muros de la cárcel y rescatar a sus cómplices recluidos.

Hace días que venía rondando en el ambiente policial, que los detenidos con explosivos (de uso minero) tenían planes de asestar un golpe en la capital loína. Ayer se confirmó que esperaban atacar el penal con explosivos, perpetrando un atentado nunca antes visto en la región.

Fue un trabajo de inteligencia el que permitió desbaratar la célula criminal del narcotráfico e impedir el atentado.

Allí quedó en evidencia, que sin ser el Tren de Aragua, Los Pulpos u otras organizaciones criminales, hay más igualmente peligrosas que están dispuestas a todo para seguir con la comisión de delitos que les reportan millonarias ganancias.

Ya no es solo una sensación o una exageración de los medios de comunicación, es una realidad y que no puede ser mirada con complacencia o relativizar. Acá es necesario trabajar para atacar al crimen organizado y, en lo posible, erradicarlo poniendo tras las rejas a los involucrados.

El nuevo royalty minero ya es un hecho. Por una parte, nos alegramos de que se haya cerrado esta etapa y que podamos dar vuelta esta página y entreguemos la certeza necesaria a los inversionistas. Por otra, tenemos preocupaciones sobre cómo se gestionarán estos recursos, sobre si podrán utilizarse de forma correcta o si existen los mecanismos que permitan asegurar que se utilizarán de forma eficiente. Los habitantes de la Región de Antofagasta, como la principal región minera de Chile, estamos consternados por no haber sido considerados adecuadamente en la distribución de recursos a nivel nacional, y nos resulta incomprensible que regiones que carecen de minería puedan recibir el doble o triple que nosotros que somos los que necesitamos invertir para acompañar el todos los impactos y requerimientos asociados a las inversiones: capital humano, investigaciones de impactos, infraestructura, etc.

Pero seamos prácticos y enfoquémonos en la mirada constructiva de largo plazo. En la próxima década se deben materializar 53 nuevos proyectos mineros en Chile, cuya inversión estimada es de US$ 73.655 millones (según Cochilco). El 30% de esta cartera de inversiones se localiza en nuestra región. ¿Qué debemos hacer para concretar efectivamente este desarrollo minero y así lograr impactar positivamente en la región?

El Ministro de Hacienda se comprometió a presentar medidas que agilicen las aprobaciones para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera. Esperamos que ese compromiso se transforme en realidad en un breve plazo y podamos revertir el escenario de pérdida de atractivo a la inversión y competitividad en el que nos encontramos hoy.

Requerimos con urgencia desarrollar una agenda pro-inversión y pro-desarrollo del sector, necesitamos que quienes toman las decisiones políticas sean socios estratégicos de la industria minera.

Debemos avanzar a tranco rápido a una agenda que se asimile a la de los países desarrollados en torno a la minería. Por ejemplo, en Australia, Canadá o Estados Unidos su hoja de ruta se ha orientado a fortalecer los proyectos en los denominados minerales críticos que son indispensables para materializar la transición energética. En este contexto, Chile y, muy especialmente nuestra región de Antofagasta, tiene una oportunidad histórica, porque la demanda de cobre y litio, entre otros, está creciendo como consecuencia de la demanda de la electromovilidad y la lucha contra el cambio climáticos.

A nivel regional, liderados por nuestro Gobernador, Alcaldes y Parlamentarios debemos hacer fuerza para mejorar la participación de nuestra región en distribución de los recursos del royalty y, en paralelo, colaborar activamente con Hacienda para acelerar el cambio profundo de la permisología actual a un sistema de Atracción y Proinversión.