Correo
Compleja agenda
Pese a los esfuerzos de La Moneda en la Cuenta Pública para destacar los logros de este primer año, hay consenso en que el Gobierno perdió su agenda luego de los resultados negativos de las dos elecciones vinculadas al tema constitucional.
El Presidente Boric intentó posicionarse como el político que sepultaría el neoliberalismo a través del cambio constitucional y todas las reformas estructurales derivadas. Cuando la ciudadanía se opuso a estos proyectos refundacionales, el Jefe de Estado, su gobierno y sus partidos, técnicamente perdieron su marca.
En suma, el Gobierno podrá aspirar, en el mejor de los casos, a una especie de administración de continuidad. Y es que el panorama para los próximos meses no es para nada alentador. La atención estará puesta en el proceso constituyente y la gestión de Kast y los republicanos. El resto del debate seguirá centrado en seguridad, el recrudecimiento de la violencia en la zona sur, la inmigración y las definiciones políticas que el Gobierno deberá tomar de frente al nuevo plebiscito de salida.
La única fórmula para revertir en parte este escenario es que La Moneda pase de los anuncios a hechos concretos y menos promesas. De lo contrario, mientras se insista en la misma estrategia política y comunicacional y aunque se sigan contratando periodistas para fortalecer el aparato de difusión oficial, no se vislumbran resultados diferentes a los obtenidos hasta ahora.
Eric Latorre Director Magíster en Gobierno y Dirección Pública, U. Autónoma
Desigualdad
Mucho se ha discutido acerca de la desigualdad que lastra a la sociedad chilena. Los actuales gobernantes han hecho de esta debilidad una justificación para la formulación de las propuestas políticas y sociales más atrevidas y extremistas. Pero si se mira el asunto con atención y serenidad, es preciso reconocer que efectivamente nuestro país mantiene niveles de desigualdad incompatibles con el auténtico desarrollo, nadie podría negarlo; pero, a la vez, también es obligado conceder que en las últimas décadas esta distancia, paulatinamente, con el aporte de las sucesivas administraciones, se ha ido reduciendo.
Sin embargo, donde todavía el país arrastra una fuente dura y persistente de desigualdad es en las esferas superiores del Estado, es decir, donde tiene mayor injerencia la política. Es muy difícil, si no improbable, que las autoridades y sus equipos puedan tener algún nivel de cercanía o empatía con la realidad cotidiana de los ciudadanos, cuando gozan de ingresos que equivalen con comodidad a unas 20 o 25 veces lo que ganan en promedio las personas comunes y corrientes. Antes de subir impuestos habría que impulsar una seria y sustantiva reducción del gasto fiscal prescindible, que en buena parte radica en el incremento de empleos públicos y las altas remuneraciones que se pagan en los ámbitos políticos del aparato estatal.
Esta es una brecha incisivamente odiosa; no tiene justificación en un país subdesarrollado como el nuestro, impide que los dirigentes conozcan y entiendan las angustias que afligen al pueblo, las personas, los trabajadores, las familias, y ciertamente, los sitúa en una órbita lejana e irremediablemente desconectada de la vida real.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Narrativa de blanqueamiento
Recientemente se llevó a cabo una cumbre de países latinoamericanos en Brasil, con el objetivo de intentar revivir Unasur. Durante dicho evento llamó la atención el retorno de Venezuela a instancias multilaterales y los comentarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca del régimen de Nicolás Maduro.
En un intento desmesurado de blanqueamiento, el mandatario brasileño expresó que Venezuela es actualmente una democracia, argumentando que se ha difundido una realidad que nadie ha logrado respaldar, atribuyéndolo a la construcción de una narrativa de "antidemocracia y autoritarismo".
Pero diversos organismos internacionales han manifestado preocupaciones con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por nombrar algunos, en su informe del año 2022, Human Rights Watch señaló que el gobierno de Nicolás Maduro y sus agentes estatales eran "responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encarcelamiento de opositores". Sólo entre 2016 y 2019, los agentes del Estado habrían causado la muerte de 19.000 personas. Por otro lado, durante su mandato como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet informó sobre Venezuela, indicando que existían pruebas de ejecuciones extrajudiciales y que las autoridades mismas habían registrado 5.287 muertes en 2018 bajo el concepto de "resistencia a la autoridad".
Pareciera que es el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva quien intenta construir una narrativa de blanqueamiento en favor de un régimen autoritario.
Pablo Aldunate Allegro Fundación para el Progreso