Pasa la posta al Consejo Constitucional
Esta semana se terminó de votar en la Comisión Experta el anteproyecto de Constitución sobre el cual trabajará el Consejo Constitucional a partir de la próxima semana. El texto es producto de concesiones entre distintos sectores políticos, como se percibe en distintas normas del proyecto.
El artículo 1 es un buen ejemplo de esta dinámica de acuerdos. El texto abre con el reconocimiento a la dignidad humana, partiendo de la primacía de la persona sobre el Estado. A la vez, el mismo artículo en su inciso 2, reconoce que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. De esta manera, tanto la derecha como la izquierda lograron que su idea matriz estuviera presente en el primer artículo de la Constitución.
Respecto a la consagración de los derechos sociales, se agregan el derecho a la cultura, al trabajo decente, a la vivienda y el derecho al agua y al saneamiento. En cuanto al derecho a la protección de la salud, se elimina la referencia al derecho a elegir entre un sistema estatal o privado de salud, dejándole a la ley un tema que no lograba generar consensos dentro del comité de expertos. En cambio, se sigue reconociendo que tanto las prestaciones de salud como las de seguridad social se pueden otorgar a través de instituciones públicas o privadas, descartando un monopolio estatal en estas materias. Por último, se crea una acción judicial que permite exigir prestaciones sociales, pero solo respecto de aquellas que ya han sido establecidas por ley. No prima, por tanto, la idea de la justiciabilidad directa de los derechos sociales, sino que - como prescribe uno de los artículos del capítulo II - los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos sociales.
Otra área en que se perciben concesiones políticas es en la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional pasaría a llamarse ahora Corte Constitucional. La izquierda logra eliminar el control previo sustantivo de constitucionalidad, tanto obligatorio como facultativo, de los proyectos de ley. En reemplazo de éste se mantiene un control preventivo por infracciones de procedimiento o de competencia y se crea la posibilidad de que la Corte Constitucional informe - de forma no vinculante - consultas sobre cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso.
¿Qué ocurrirá con estos y otros temas que tensionan a los distintos sectores políticos a nivel del Consejo Constitucional? Es previsible que el anteproyecto sufra múltiples modificaciones. No hay que escandalizarse de ello: los consejeros tienen toda la legitimidad de haber sido electos por la ciudadanía. Sin embargo, sí sería recomendable que trabajen con el ánimo de lograr acuerdos que permitan que la mayoría de los chilenos aprueben el texto en un plebiscito de salida. Ello no es un llamado a transar en temas de principios por los que fueron electos, pero sí a reflexionar con sinceridad cuáles de esas temáticas son constitucionales, y cuáles son las normas del anteproyecto que realmente afectan principios y cuales, no. Esta reflexión vale tanto para quienes logren mayoría en el Consejo como para quienes, siendo minoría, llamen a votar de una manera u otra en el plebiscito de salida. Solo así existirán posibilidades reales de cerrar este capítulo de nuestra historia y, con la certeza jurídica que ello conlleva, permitir que Chile mire hacia adelante y que todos los esfuerzos de las autoridades se dirijan a las necesidades más urgentes de nuestra sociedad.
*Profesora de Derecho Constitucional, investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.