Entre la información que otorgó la reciente publicación del III Estudio Nacional de Discapacidad, resaltó lo indicado en el ítem de inclusión laboral. Allí se informó que el 70% de la población adulta que registra una discapacidad en la región de Antofagasta se encuentra inactiva, lo que equivale a 30.731 personas que están desempleadas ni están buscando trabajo de forma constante.

En contraste, un 25,4% de este grupo está con trabajo estable y un 4,6% se encuentra desocupado. Esto provoca una notoria brecha con lo registrado en las personas sin discapacidad, de las cuales un 61,3% cuenta con empleo y solo un 34,6% se consideran inactivas.

Al analizar las causas que provocan esta situación se identifican un amplio número de factores. Por una parte está el promedio de edad del grupo involucrado, el cual gira en torno a los 59 años. Pero más allá de las implicaciones, está lejos de ser el único elemento a considerar.

"Nuestra región tiene una particularidad en el rubro minero, siendo un punto importante frente al porcentaje de inactividad. Las personas con discapacidad cuentan con una falta de capacitación en el sector, y este a su vez tiene fuertes dificultades para garantizar su inclusión, ya que las minas son lugares complejos de por sí", explicó la coordinadora de inclusión laboral zona norte de la fundación Descúbreme, Ana Díaz.

Labor de las empresas

Si se extiende la perspectiva hacia la totalidad del universo laboral regional, se encuentran también los casos de empresas que cumplen en forma pero no en fondo con las regulaciones establecidas para la contratación de personas con discapacidad. El Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) ha observado conductas que, a su juicio, no permiten una integración a cabalidad.

"Hemos visto un aumento reciente en las empresas que están contratando, pero a la vez ha surgido el problema de que las personas con discapacidad no están permaneciendo en los puestos de trabajo. Se promocionan las ofertas disponibles, pero la gente que es contratada no suele durar más de uno o dos años. Ahí es donde se ve una diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones", expresó la directora regional de Senadis, Vianney Sierralta.

La encargada del servicio también señaló que aún hay un gran número de empresas que no cumplen con lo establecido en la ley 21.015 de inclusión laboral, en donde se indica que las instituciones que cuenten con más de 100 trabajadores deben tener una cuota de al menos un 1% de personas con discapacidad contratadas.

"Del total del 100% de empresas, en este momento un 40% cumple con la norma. Pero se nos ha comentado que algunas indican a sus trabajadores de larga data que obtengan la credencial de discapacidad para que cumplan con la cuota que dicta la ley, en vez de contratar a la población que hoy está inactiva. Eso deforma el propósito con el que se hizo la regulación", aseguró Sierralta.

Ahora bien, desde la otra vereda también se ha observado a buena parte del grupo afectado con un cierto desconocimiento de las normas e indicaciones bajo las cuales pueden obtener beneficios, lo que también puede incidir en el alto porcentaje de inactividad.

"Nos encontramos con una dificultad en la carencia de información por parte de muchas personas que no cuentan con el conocimiento de regulaciones que los benefician. Por eso es super importante capacitar a la comunidad al respecto. Por ejemplo, hoy tener una pensión de invalidez no es limitación para tener un empleo y muchos no lo saben", aseguró Ana Díaz.

A mejorar

Dados estos factores, el escenario ideal sería lograr un entendimiento pleno entre empresas y postulantes, lo que implica la adaptación concreta de una cultura de inclusión. Con ese objetivo en mente, la Fundación Descúbreme asesora a instituciones que manifiestan su disposición íntegra a adaptar una cultura inclusiva para personas con discapacidad cognitiva.

"Tenemos que tener empresas que reconozcan la diversidad como un talento y un valor, más allá del cumplimiento de la ley. Hay muchos estudios que respaldan la importancia de tener equipos diversos, ya que atrae mayor productividad y un factor de creatividad, y para eso tenemos que tener organizaciones en donde sus líderes reconozcan su importancia", indicó Díaz.

Por su parte, Sierralta apuntó a mejorar el decreto 64 de la ley, que establece las normas para la inclusión de personas con discapacidad. "Se pueden agregar detalles en la forma de contabilizar los trabajadores en las empresas, especificar las "razones fundadas" que tiene la empresa para justificar no contratar, y ver la modificación de las medidas subsidiarias, que permiten a las empresas no adherirse a la ley a cambio de realizar donaciones".

con discapacidad en la región se encuentra inactiva laboralmente