La Fiscalía Regional de Antofagasta informó ayer que abrió, de oficio, una investigación respecto a los convenios de transferencia de recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del programa de Asentamientos Precarios del Serviu.

Según detalló el ente persecutor a través de un comunicado, la causa quedó asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito.

"Para tales efectos, como primeras diligencias, se enviará una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la PDI y se requerirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y Seremía de Vivienda, la entrega de todos los antecedentes vinculados a los hechos que serán materia de investigación", se detalla en el escrito.

Reacciones

En la misma línea, para los parlamentarios de la Región de Antofagasta, es necesario que se establezca claridad sobre la designación de los convenios, tal como lo expresó el diputado Jaime Araya, quien dijo que, "se tiene que investigar en profundidad por el Minvu, la Contraloría, la Fiscalía y la propia Cámara de Diputados y Diputadas, siempre respetando la presunción de inocencia de los involucrados y cautelando la integridad de los recursos públicos. Es urgente que se ponga término anticipado a los tres convenios, pues el ministro señaló que alcanzan apenas un 3% de ejecución y ha transcurrido más de la mitad del plazo otorgado para materializar el convenio".

Para la senadora Paulina Núñez, la acción de la Fiscalíapermitirá indagar posibles delitos relacionados con el tráfico de influencias . "Es relevante dilucidar no sólo administrativamente sino también penalmente las circunstancias de los actores involucrados de manera de esclarecer también posibles ilícitos penales vinculados al tráfico de influencias tipificado en nuestro Código Penal", indicó.

En tanto, para la diputada Yovana Ahumada, resulta relevante transparentar el contexto y los factores que fueron considerados para la contratación de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta.

"Necesitamos transparentar. La gente necesita conocer la realidad de cómo se dio esta entrega de recursos, que no es menor, son más de 400 millones de pesos y yo creo que aquí no hay que sólo serlo sino parecerlo, sobre todo la diputada que en reiteradas ocasiones habló de probidad, de transparencia, habló de que no deben haber relaciones entre familiares, entre amigos. En la práctica lo estamos viendo, yo creo que acá es necesaria la transparencia", advirtió.

Por otra parte, el senador Velásquez planteó que tanto los parlamentarios como los funcionarios públicos deben observar mayores criterios a la hora de ejercer la acción pública.

"Hoy en día los estándares deben estar mucho más elevados en el ámbito del desempeño público, ya sea cuando hay una relación contractual, particularmente cuando hay convenios y contratos que den cuenta de importantes recursos públicos. Los estándares de la democracia, respecto a fortalecer el desempeño público, transparencia y probabilidad, tienen que ser cada vez más elevados aquellos que participamos en política, tener mayor exigencia de autocontrol y también fiscalización de los órganos pertinentes", concluyó.

Es sorprendente la laxitud con que se ha juzgado -especialmente por parte de los dirigentes de Revolución Democrática- el caso que ha salpicado a la diputada Pérez.

En el caso, la pareja sentimental de la diputada, asesor del Ministerio de Defensa y, al mismo tiempo, controlador de una Fundación de la que la diputada en los hechos participaba, obtuvo a favor de esta última institución una transferencia de fondos ascendente a más de cuatrocientos millones de pesos. Quien estaba a cargo de los fondos que se transfirieron, era el Seremi de Antofagasta, miembro también de Revolución Democrática y vinculado a la diputada (de cuyo equipo formó parte) y su pareja.

Un asesor ministerial y un seremi -el primero vinculado a la diputada- participaron, pues, de una transferencia de fondos donde la competencia se vio amagada y en la que no hubo conciencia alguna del conflicto de interés, de la promiscuidad, del nepotismo hacia los afines.

Las reacciones de parte de RD y del gobierno, del ministro Montes y de la Ministra Vallejo, han sido tibias, exculpatorias, elusivas: se trató de un error político, dijo el presidente de ese partido; una falta de criterio, dijo la ministra.

Esas declaraciones son sorprendentes porque en el lenguaje cotidiano un error político es una falta de cálculo en un diseño legislativo, una alianza electoral mal calculada, un discurso irreflexivo, un candidato mal elegido. Y una falta de criterio indica en error involuntario producto de la estupidez. Pero nada de eso es lo que ha ocurrido en este caso. Lo que ha ocurrido es que una ingente cantidad de dinero fue asignada a una fundación controlada por la pareja de una diputada (diputada que sabía de su existencia puesto que participaba de sus actividades) de manos de un Seremi perteneciente al mismo partido ¿En qué sentido preciso eso es un error político o una simple falta de criterio? En la práctica comercial a eso se le llama conflicto de interés o negocios relacionados y está pormenorizadamente regulado en la legislación por ejemplo de Sociedades Anónimas. Sí, es verdad, en este caso no hay vínculos legales entre los partícipes; pero ello no aminora el significado del acto: una transferencia de dinero entre personas con vínculos sentimentales y políticos donde se entremezclan, con obvia promiscuidad, factores que al común de los mortales se les escapan. Lo que el presidente de RD llama error político es un acto reprochable desde cualquier punto de vista imparcial y especialmente de quienes -como alguna vez proclamó el diputado Jackson- presumen poseer un alto estándar de moralidad. El nepotismo, la endogamia (en este caso política) como recurso para obtener recursos públicos y emplearlos más tarde en la actividad política ha sido habitual, sin duda, en todos los sectores; pero ello no lo hace menos reprochable en este caso que exigiría de sus dirigentes mayor severidad a la hora de juzgarlos.

La diputada Pérez ha reaccionado frente a esos hechos indignada: …no voy a tolerar -dijo- que sin prueba alguna se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión.

Desgraciadamente no es que se esté poniendo un manto de duda sobre su gestión: ese manto ya cayó sobre ella y no fue arrojado ni por la prensa, ni por su rivales políticos, sino por su pareja y el seremi, ambos miembros de su partido, quienes ejecutaron esa operación sospechosa de promiscuidad y nepotismo.

Por supuesto puede que la diputada no haya consentido la operación y que esta última tampoco esté animada por el ánimo de defraudar; pero es hora de aprender que cuando se está en el estado se posee una responsabilidad que va más allá de las reglas legales y que consiste en no ejecutar actos que tengan la apariencia objetiva de conflicto de interés o nepotismo. Y hacerlo no es un error político, como con incomprensible tibieza, ánimo exculpatorio y tono terapeútico, dijo el presidente de RD, refrendado por ese tono que imposta neutralidad de la ministra Vallejo, sino una falta a los deberes que impone el propio rol y, sobre todo, el discurso con que se arribó a él.

El resultado de todo esto han sido tres renuncias: la del asesor ministerial, la del seremi y la de la diputada que ha suspendido su participación en la mesa de la Cámara. Y todo esto no es, por supuesto, fruto de un error político como con tono de hipnotizador dijo el presidente de RD. Es por el abandono de unos obvios deberes del cargo.

Y, claro, la renuncia, presentada como un acto sacrificial, no es más que el esfuerzo -mil veces visto aquí y allá- de hacer de la necesidad una virtud.