Fundación ProCultura responde ante cuestionamientos por el uso de recursos en arriendo
CASO CONVENIOS. El ente cultural asegura que los fondos se usarán en sistemas de prevención de incendios en campamentos y que el pago directo del arriendo de un inmueble corresponde a parte de la metodología con la que trabajan.
El escándalo político que generó el polémico trato entre la Fundación Democracia Viva y Serviu Antofagasta crecieron de tal forma que se han puesto en cuestionamiento los montos que involucran todos los convenios firmados por el servicio con otras instituciones. De acuerdo a lo informado por BíoBíoChile, otras fundaciones también han recibido cuantiosas sumas de dinero para ser utilizadas en eventuales obras a realizar en los campamentos de la ciudad.
Una de las entidades más cuestionadas es la Fundación ProCultura, a la cual se le asignaron 500 millones de pesos a través de cuatro convenios. Estos fueron firmados en octubre del año pasado y tendrían como fin la intervención del territorio de los campamentos Israel, Betsabet, Moisés y Arca de la Alianza.
Al ser cuestionado sobre estos acuerdos, el director ejecutivo de la fundación, Antonio Larraín, indicó que se orientan hacia la prevención de incendios en vistas del historial que sufrieron las zonas a intervenir durante los últimos años. De acuerdo a los datos que maneja, estaría rendido entre un 30% y un 40% de los proyectos.
"Lo que hizo Minvu fue convocar a que distintas entidades hicieran propuestas, y me imagino que en función de las que fueron llegando comenzaron a asignarlas de acuerdo a lo que se consideró lo más pertinente a cada territorio. Por una parte, recibimos una propuesta preliminar de algo que les interesaba implementar respecto a sistemas de prevención de incendios. Por otro lado, hay una segunda pata donde los vecinos deciden algunas obras que sienten que deben ser priorizadas", explicó el directivo.
Arriendo cuestionado
Un punto especificó que llamó la atención fue el pago directo que autorizó la seremi de Vivienda a ProCultura del arriendo de un inmueble por un costo de 54 millones de pesos distribuidos a lo largo de 16 meses. El movimiento fue cuestionado por funcionarios del Serviu, y llegó a ser revisado en una auditoría interna por el Minvu, ya que tal gasto no estaba autorizado en la normativa atingente, ni en los lineamientos señalados desde nivel central.
La recomendación por parte de la sección de administración y finanzas de Seremi fue de rechazar la inversión y solicitar la restitución de los montos involucrados. Sin embargo, para la fundación las críticas sobre el arriendo se deben a un malentendido entre las instituciones responsables.
"Esa denuncia tiene que ver con la discrepancia de criterios que están teniendo el Serviu y el Minvu. Dentro de la metodología que tenemos, está el siempre tener un espacio físico en los territorios en que trabajamos. Puede ser un comodato, un arriendo o a veces incluso propiedades nuestras. Es muy importante decir que la propuesta técnica que incluyó el arriendo fue aceptada al momento de presentarla, pero como se generó esta discrepancia, pese a que incluso en el reglamento de rendición se establecía el arriendo, es un gasto que no ha sido imputado al proyecto. Son recursos que no se han gastado", aclaró Larraín.
Además, explicitó el desglose que se hace de los recursos recibidos por los proyectos: "Un 55% va dirigido a obras, un 35% se dirige al recurso humano, compuesto íntegramente por personas de la región y lo restante es lo que va efectivamente dirigido a ese espacio que nos permitirá trabajar con la metodología de la fundación".
Movimiento fibra
Otra de las fundaciones cuestionadas por sus convenios con Serviu es Movimiento Fibra, fundación que se centra en el desarrollo de estrategias para fortalecer la educación por medio del arte y la cultura.
Esta institución recibió 430 millones de pesos por 3 convenios para obras a realizar en los campamentos Vista Hermosa, 18 de Septiembre II y Camino al Futuro.
De acuerdo a su presidenta Mery Ortiz, estos llevan recién un 10% de ejecución y aún están en etapa de diálogo con los habitantes de los campamentos.
"Las platas, en nuestro caso, no se han invertido aún en infraestructura. Primero se realiza todo un proceso participativo con la gente para definir las obras que se deben realizar en esos campamentos. No es algo que nosotros le propongamos a la comunidad, sino que es algo que surge en un proceso participativo con ellos", señaló la también fundadora de la fundación.
Además agregó que "los fondos de esos convenios se utilizan específicamente para el pago a los profesionales que están ejecutando el proceso de participación en este momento. Sobre lo demás, nosotros tenemos nuestra cuenta abierta y no hemos hecho ningún otro tipo de inversión extraordinaria. Las rendiciones están en manos del ministerio", indicaron.
Por último, otra de las instituciones adjudicadas Fundación Tomarte (receptora de $400 millones) no respondió los requerimiento de información de este medio.