Una interminable caja de problemas es la que actualmente envuelve a Revolución Democrática. El partido emblema del oficialismo ha registrado su más fuerte caída durante los últimos días tras la polémica sobre una posible entrega de financiamiento irregular y trafico de influencias entre el ex seremi de vivienda, Carlos Contreras y Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, ambos militantes del partido que tras el descubrimiento del caso, dejaron en evidencia una serie de convenios que beneficiarían a fundaciones ligadas al frenteamplio.

Red RD

En la región la cara más visible del caso es la diputada Catalina Pérez, quien es pareja de Andrade y a quien se le atribuye y señala como una de las figuras regionales con más poder y quién construyó una vasta red de militantes dentro del ejecutivo regional o en cargos de elección entre ellos destacan la consejera regional Paula Orellana, Paz Fuica, concejal de Antofagasta, Gustavo Riveros, seremi de Medioambiente, Marcela Astudillo, directora de la Dirección de Aguas del MOP Cindy Gómez, excandidata a concejal y funcionaria de la seremi de Desarrollo Social, Liliana González, excandidata en la última elección a convencional, en Conadi, y Vianney Sierralta en la dirección regional de Senadis.

Cabe indicar que este medio intentó obtener declaraciones de representantes RD, sin embargo, ninguno de ellos respondió o accedió a hablar públicamente del caso.

A través de un correo Paula Orellana, presidenta regional del partido indicó que "agradezco el interés en dar espacio para la voz regional respecto a este tema. Sin embargo, no daremos declaraciones por el momento. Hay investigaciones en curso y lo recomendable siempre esperar los resultados de estos procesos para referirnos con propiedad al tema. La idea es no obstaculizar el curso de las investigaciones".

Panorama

Sobre las faltas y polémicas en las que se ha visto envuelto el oficialismo, el analista político José Miguel Cabezas, definió la polémica como un error no forzado bastante importante desde el punto de vista político por parte del gobierno, además que señalar que, "hay que destacar que ocurre únicamente por coordinación o descoordinación interna, no hay ninguna presión desde la oposición y da cuenta también que el discurso de renovación y buenas prácticas y las cosas distintas que se hacían antes se cae por sí mismo. Se genera un manto de duda importante a la posición del gobierno".

Postura que comparte el analista Cristian Zamorano, quien indica que, "lo que afecta enormemente a RD es que ellos se hicieron elegir sobre el que no eran como los otros y a partir de este momento, queda claro que eran igual y mucha de esa identidad política desaparece".

Zamorano agrega que el lema de anticorrupción y de diferenciarse de los demás partidos, era fundamental en la retórica de los militantes. "Realmente era un pilar de su identidad política, el de ser la 'nueva política', por ende, les afecta demasiado, no solamente la diferencia de los 30 años de la concertación, ya no pueden utilizar ese discurso"

Sobre la solicitud de los alcaldes Vodanovic, Ripamonti, Valenzuela, Rios y Amtmann, pertenecientes a Revolución Democrática, en pedir que se congele la militancia de la diputada Catalina Pérez dentro del partido, para Cristian Zamorano, la decisión ya no tiene interferencia como medida para salvar la postura del oficialismo, ni de sus figuras.

"La constelación de partidos que formó el Frente Amplio, para la opinión pública, no está ligado a una cada uno de los partidos que componen al FA. Eso no le interesa a mucha gente porque para la opinión pública daña la imagen del oficialismo y a esta altura ya no cambia nada", manifestó el analista.

Finalmente, sobre una posible salida y solución a la crisis que se vive, José Miguel Cabezas planteó que, "los actos de inmolación en este caso son bastante importantes y simbólicos. Efectivamente tienen que rodar cabezas desde la autoridad interna, mucho más allá que un mea culpa porque mientras la ciudadanía no perciba que alguien pagó efectivamente las consecuencias de esto, simplemente van a ser considerados como la política tradicional de los últimos 30 años. Por lo tanto, tienen que rodar cabezas en términos políticos.

Tras el inicio de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, durante la jornada de ayer la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI (tras orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta) llegó la hasta un departamento que figura como la sede de la Fundación Democracia Viva, en la comuna de Ñuñoa, según confirmó el ente persecutor a través de un comunicado.

Las diligencias que está llevando adelante la PDI también se extendieron a las dependencias de la seremi de Vivienda de Antofagasta, esto con el objetivo de llevarse dispositivos electrónicos para posteriormente realizar una serie de peritajes.

"La Fiscalía Regional de Antofagasta concretó esta tarde (ayer) diligencia de entrada, registro e incautación, en el domicilio de la Fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, como asimismo en las oficinas de la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Todo esto, en el marco de la investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por eventuales delitos en la asignación de convenios para proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo", se detalla en el escrito.

En el comunicado además de detalla que "la diligencia fue desarrollada en forma simultánea por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y Santiago de la Policía de Investigaciones, con la debida autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela, con la finalidad de reunir elementos que permitan corroborar la existencia de los hechos investigados, en los términos de configurar o no un delito".

En este caso la Fiscalía está indagando eventuales delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En la investigación iniciada, además, el Ministerio Público ya realizó requerimientos de información al Ministerio de Vivienda, a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y a la Contraloría.