El ministro de Desarrollo Social y fundador del partido Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, se refirió ayer a los convenios por más de $420 millones, sin licitación, entre la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, liderados por militantes de su tienda, entre ellos la diputada Catalina Pérez. "Es un caso inaceptable para quienes hemos tratado de poder aumentar los estándares de probidad y transparencia", dijo.

Esta frase va en respuesta a otra afirmación del secretario de Estado, quien hace unos meses dijo que "nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió".

Lo ocurrido entre Democracia Viva y la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) "en este momento está siendo investigada por Fiscalía", aseguró Jackson.

En esto, "tanto como Gobierno, como también todos los actores responsables, el partido, colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y sancionar a quien deba sancionar sin importar quién sea, ni qué color político tenga", agregó el secretario de Estado, al conocerse en la víspera la existencia de otra fundación vinculada al caso, Urbanismo Social, en la Región del Maule.

"Como partidos, uno nunca va a poder, a priori, garantizar que ninguna persona vaya a transgredir las normas", señaló el ministro, por lo que se pidió "activar protocolos para que esto se investigue, se sancione y no se vuelva a repetir, o se minimicen las posibilidades de que una situación como esta puede volverse a repetir".

Consultado por los cuestionamientos a su par Carlos Montes y a la subsecretaria Tatiana Rojas, tras ser conocido un correo que alertaba lo ocurrido, el cual el titular del Minvu luego desmintió, pese a que el presidente de RD, diputado Ignacio Latorre, dio cuenta de esta comunicación, Jackson ayer dijo que "están investigando esta situación administrativa, quienes dilucidarán si es que hay alguna responsabilidad".

A esto se añadió que La Segunda ayer publicó que Fundación Democracia Viva, pese a trabajar en Antofagasta, estableció domicilio en la capitalina comuna de Ñuñoa, en un departamento propiedad de la antropóloga Cecilia Millán, cercana a Pérez que, según el vespertino, borró las fotos en redes sociales donde aparecían juntas, además de "sólo ir a buscar ropa" al inmueble, señalaron los vecinos.

"señores de la moral"

El senador Fidel Espinoza (PS) dijo ayer en Tele13 Radio que "ha sido un chiste la forma como ha conducido a su partido en un momento de tanto dolor para el país, porque es dolor cuando hay desvío de recursos".

"Yo siempre desconfié de este discurso de la moralidad, de que ellos iban a llegar a cambiar la política, de que el amiguismo y el nepotismo terminaba con ellos", agregó el legislador, "me causa indignación, porque los señores de la moralidad que llegaron a cambiar la política, no era tal".

El Presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, anunció dos decisiones adoptadas la noche de este jueves por el consejo político nacional de la colectividad, a raíz de la polémica sobre el convenio Serviu y fundación Democracia Viva: solicitar la suspensión de militancia de la diputada Catalina Pérez y presentar querella contra quien resulte responsable del caso de Antofagasta.

"Acá ya se incluyó la Fiscalía de Antofagasta, ya está investigando potenciales delitos, eso lo tendrá que determinar el Ministerio Público tendrá que haber un debido proceso ciertamente, pero nosotros como Partido hemos definido ser parte de esa querella", señaló el senador, apuntando que "el día martes al vamos a presentar, ya tenemos a un equipo jurídico trabajando en aquello y contra quien resulte responsable, caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices".

Asimismo, el legislador anunció que "hemos definido en el consejo político presentar ante el Tribunal Supremo una medida cautelar de suspensión de militancia -eso es algo que finalmente lo tiene que acoger el Tribunal Supremo- contra la diputada Catalina Pérez mientras dure las investigaciones".

Dichos del martes

Lo anterior contrasta con lo señalado por el mismo senador Latorre el día martes, cuando consultado por la polémico aseguro que se trataba de un "descriterio" agregando que "la sospecha" se da "por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior".

Además, ese día el timonel de RD dijo que "ese vínculo, esa cercanía, es la que hace completamente impropio, descriteriado, un error político de imprudencia, el generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno que ese flanco se podía abrir y que le estemos regalando hoy día a la derecha, dejándole en bandeja, la situación de empate con el caso (del exalcalde de Vitacura, Raúl) Torrealba".

"Error comunicacional"

Consultado por el revés que protagonizó con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, Latorre reconoció un desacierto comunicacional.

"En ningún momento tuve la intención, y me arrepiento de que se haya interpretado de esa manera mis declaraciones y por tanto asumo un error comunicacional, me hago cargo de aquello, pero en ningún momento intenté a él involucrarlo o enlodarlo como se dijo para defender a la subsecretaria", sostuvo.