Cada día salen a la luz más antecedentes del escándalo político que involucra al Minvu Antofagasta y los convenios otorgados a la Fundación Democracia Viva. A la renuncia de la ahora ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, tras su revelación de no informar de inmediato de lo denunciado por funcionarios del servicio al ministro Carlos Montes, se suma la confirmación del Ministerio de la cartera de la existencia de funcionarios contratados por la Fundación que prestaban servicios al interior de la seremi.

Ante estos nuevos datos, los parlamentarios que representan a la región en el Congreso manifestaron su preocupación por los cada vez mayores alcances que está adquiriendo la polémica.

Si bien consideran la partida de Rojas necesaria, hay expectación respecto a cómo evolucionará el caso esta semana, más considerando que Montes visitará Antofagasta este martes para entregar los datos que recabó a la Fiscalía Regional.

"Eso realmente ya sale de toda lógica. Aquí es donde uno empieza a tratar de atar cabos, dándose cuenta de que las personas relacionadas de alguna manera buscan todas las vías alternativas para poder traspasar y adjudicarse estos recursos públicos que no son menores. Estamos hablando de más de $426 millones ", indicó la diputada Yovana Ahumada.

"Yo creo que esto le pegó fuerte al gobierno del presidente Boric. Hace mucho ruido que justamente viene de uno de los principales partidos que lo apoya. Aquí hay claramente una trama por parte de militantes de Revolución Democrática que se aprovecharon del Estado. Recién está partiendo una investigación, pero resulta bastante curioso que la subsecretaria, estando en conocimiento de los antecedentes con bastante antelación, no haya tomado medidas más concretas", señaló el senador Pedro Araya.

"Como bancada liberal, hemos exigido que a nivel nacional se transparenten todos los aportes que se han dado a nivel de seremí de Vivienda a este tipo de fundaciones. No es posible que se ocupen fondos públicos de una manera ilegal, por eso esperamos que se haga un trabajo rápido y efectivo, y no me cabe duda que así será por parte de la Fiscalía", expresó a su vez el diputado Sebastián Videla.

Cde

El Minvu aseguró que se solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinar el curso judicial a seguir en el caso. Su intervención era una de las medidas que los parlamentarios pedían con mayor urgencia y esperan que traiga mayor claridad respecto a confirmar la existencia de eventuales delitos.

"La gravedad de lo ocurrido y que cada día se conocen más antecedentes da cuenta de la necesidad de que el Consejo de Defensa del Estado se involucre íntegra y oportunamente. Es su competencia y no solo es una opción, sino un deber cuando los recursos de todos los chilenos son malversados en perjuicio de los más vulnerables", manifestó la senadora Paulina Nuñez.

"Esta es una situación de la mayor gravedad que además debe ser investigada en la parte administrativa por la Contraloría y, en aquello que eventualmente pueda ser constitutivo de delito, por el Ministerio Público. En ese sentido esperamos que el último pueda realizar rápidamente una investigación a fin de esclarecer los hechos y establecer si efectivamente existen delitos", agregó Araya.

Revisar la regulación

Una arista derivada del caso es el cuestionamiento a como Democracia Viva obtuvo los recursos, lo que ha puesto un manto de duda sobre la gestión de otras fundaciones que registren convenios con el Minvu en la región. Ante eso, los parlamentarios apuntan a revisar la regulación correspondiente con el fin de que exista más fiscalización, aunque también advirtiendo que no se debe dejar de lado a los campamentos donde se iba a intervenir.

"Debemos mejorar la forma en cómo las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro están prestando servicio a los ministerios. Quizás algunas tienen mayor regulación, pero claramente en el ámbito de los tratos directos aún hay bastante que legislar para cautelar que estos recursos se han trabajado de buena manera. Y si no, derechamente un porcentaje de eso tiene que volver al Estado", explicó el senador Esteban Velásquez.

"Yo tampoco quiero que se desvíe algo tan importante como lo que tiene que ver con los compromisos que se adquirieron con los representantes de estos campamentos, a quienes el ministro debe dar respuesta. Acá hay promesas que esa gente está esperando y para las cuales fueron entregados esos recursos", puntualizó Ahumada.