El recurso de protección que interpuso una apoderada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta reveló, una vez más, uno de los aspectos más críticos de la crisis de la educación pública en nuestra ciudad.

En suma, casi 300 alumnos que deberían estar cursando primero medio no tienen cupo en ningún establecimiento de la Cmds, y de acuerdo a lo aseverado por la misma corporación, no lo tendrán, al menos en el corto plazo.

Para mayor abundamiento, la Cmds informó al tribunal de alzada que desconoce el número total de estudiantes sin acceso a la educación a la fecha, todo ello cuando ya finaliza el primer semestre del año.

La crítica situación, sin embargo, parece no alterar la pasividad con que las autoridades regionales han abordado el tema. Ni la Superintendencia de Educación, ni la seremía de la cartera han exhibido gestiones efectivas que permitan entregar una solución efectiva a cientos de familias en espera. Acá no existen mesas de trabajo, ni planes de reacción, ni vocerías que se hagan cargo de tan dramática situación que afecta a cientos de familias.

A la pérdida de semanas de clases, pobres resultados en el Simce y la incógnita del avance del plan de recuperación planteado con el Mineduc, se suma la escasa gestión sobre el ausentismo escolar y, en este caso, las dificultades de acceso a la educación.

Ante el inminente cierre del semestre, cabe preguntarse además, qué posibilidades de reinsertase en el sistema tiene un alumno que no ha asistido a clases durante este año, y que además, muy probablemente, arrastra una escasa continuidad de estudios desde el año recién pasado.

A esta altura del año escolar, esperar que el fallo que emita la Corte marque una señal de urgencia para las instituciones involucradas a fin de implementar una solución en el corto plazo puede representar la última esperanza para cientos de familias que buscan la reincorporación de alumnos al proceso educativo, pero sin duda, es muestra del profundo fracaso en la administración y continuidad de la educación pública regional.

Sin lugar a duda, el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida en puntos estratégicos como estaciones de servicio, centros comerciales, estacionamientos públicos, entre otros, es el camino lógico para avanzar en infraestructura para electromovilidad en Chile. Ahora bien, en la plataforma de electromovilidad dependiente del Ministerio de Energía podemos encontrar el listado completo de conectores asociados a cada una de las estaciones de carga públicas en el país. Es alentador ver que contamos con 879 puntos de carga, sin embargo, bajan las expectativas cuando el 60% de éstos corresponden a la Región Metropolitana, que concentra además el 57,8% en solo 5 comunas.

En la tarea de poblar de electrolineras las rutas de Chile hay que considerar iniciativas pioneras como las del gobierno norteamericano, que por medio del Programa Nacional de Infraestructura Vehicular Eléctrica (NEVI), compromete fondos federales para programas de energía y transporte limpio que deben usarse en corredores de combustible alternativos. Es así como cada estación de carga rápida de CC tendrá un mínimo de cuatro conectores de sistema de carga combinado (CCS) de 150 kW y una potencia total de 600 kW. Además, las estaciones se ubicarán a no más 80,4 Km de distancia a lo largo de autopistas y carreteras, y a no más de 1,6 Km de la salida o calzada de una autopista.

Tomando el ejemplo norteamericano, es necesario que nuestras autoridades concreten en un plan más agresivo que permita a los vehículos eléctricos desplazarse por el país, sobre todo considerando que la Estrategia Nacional de Electromovilidad del Ministerio de Energía establece que al 2035 solo se venderán autos eléctricos. La depreciación acelerada para este tipo de vehículos, establecida en la Ley 21.305 de Eficiencia Energética, es un positivo antecedente que permitirá una disminución de los tributos y que incentivará su uso.

Sin embargo, el camino lógico para avanzar en infraestructura de electromovilidad requiere que como país promovamos incentivos fiscales y económicos para que las personas opten por vehículos eléctricos, además de que apoyemos el desarrollo de infraestructura, así como el potenciamiento de la investigación y tecnologías de baterías y movilidad eléctrica, aspectos que, sin duda, contribuirán positivamente a la construcción de una verdadera cultura de transporte sostenible a lo largo del país.