Una nueva arista abrió el Ministro de Vivienda, Carlos Montes al afirmar el fin de semana que en la investigación relativa a los convenios suscritos entre diversas fundaciones y la secretaria regional del Minvu de Antofagasta se había detectado al menos seis personas que si bien eran contratadas por diversas fundaciones, realizaban labores en la misma Seremi.

La situación es otro de los antecedentes que deberían ser entregados hoy durante la reunión entre el secretario de la cartera y el Fiscal Regional (S) Cristián Aguilar.

No obstante aquello, diversas fuentes ligadas al interior del Minvu y documentación a la que tuvo acceso este medio, indican que, al menos dos personas con alta figuración política frecuentaron asiduamente las oficinas de la Seremi durante la gestión de Contreras, para cumplir funciones relacionadas con las fundaciones. Entre ellas, la concejala (RD) por la comuna, Paz Fuica y la ex candidata al proceso constituyente Liliana González Cortés.

En el caso de Fuica, afirman que ejercía en la práctica como jefa de gabinete de Contreras e incluso contaba con correo institucional del Minvu (pfuica@minvu.cl) tal como se aprecia en los diversos convenios firmados en el marco del programa. Lo anterior, pese a que en los registros de transparencia activa de la Seremi no figura en la nómina de personal a contrata u honorarios durante todo el periodo que ejerció Contreras, entre abril del 2022 y junio del 2023.

El tema forma parte de los antecedentes recopilados por el equipo enviado por el Minvu, la semana pasada y, por la implicancia del caso, habría encendido las alarmas del equipo ministerial.

Este medio intentó, obtener una versión por parte de la concejala Fuica, sin embargo, pese a la insistencia, solo fue posible obtener una declaración escrita por parte de la autoridad comunal.

"Trabajé en Fundación Superación de la Pobreza. Tengo más de 10 años de experiencia en trabajo con campamentos en la macrozona norte y, en ese contexto, he sido trabajadora y voluntaria de distintas organizaciones. Hoy hay procesos abiertos en Contraloría y Fiscalía, espero que sigan su curso como corresponde", indicó Fuica.

Respecto a las informaciones que la vincularían con Democracia Viva, Fuica sostuvo que "jamás trabajé para Democracia Viva, no tengo ningún vínculo legal ni de ningún otro tipo con esa fundación".

Sobre su rol como jefa de gabinete de Contreras, Fuica afirmó que "desconozco de dónde sale esa información, pero es incorrecta".

Asesoría jurídica

En el caso de Liliana González, ex candidata al consejo constitucional por Revolución Democrática, habría prestado asesoría legal a los convenios del programa de asentamientos al interior de la Seremi, aun cuando tampoco figura en la nómina del personal contratado en el Minvu.

En sus redes sociales (Twitter) de campaña, González se presentaba como "calameña egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta, asesora jurídica de Asentamientos Precarios en la seremi de Vivienda y Urbanismo".

González no respondió al llamado y requerimiento de declaraciones de este medio.

Las denuncias al interior de la Seremi también apuntan al conflicto que generaba que personas ajenas a la administración del servicio tuvieran acceso a información estratégica e interna del propio ministerio.

Un caso paradigmático, apuntan, sería el una profesional quien si bien estaba contratada por la Fundación Democracia Viva, cumplía funciones al interior de la seremi, entre ellas, la de revisar las rendiciones de los mismos convenios suscritos en el marco del programa de "Asentamientos Precarios".

Cabe indicar que las denuncias apuntan a que la funcionaria sería hermana de la directora regional del programa de Asentamientos Precarios de la Fundación Movimiento Fibra una fundación que obtuvo $430 millones bajo la administración de Contreras.

Pese a la gravedad de las denuncias, el equipo directivo de Revolución Democrática mantiene el silencio entorno a los casos. Así al menos lo expresó la presidenta regional RD, y consejera regional por Antofagasta, Paula Orellana "mientras haya investigación, es mejor que eso siga su curso, hasta que haya antecedentes que se esclarezca la situación. Por lo mismo, de momento no daremos declaraciones".

Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) llegó hasta el domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Según informó La Tercera personal de la PDI allanó la tarde de ayer el domicilio que la diputada Catalina Pérez mantiene en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según informó el medio el personal policial llegó hasta el domicilio de calle Arcángel con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta, a solicitud del fiscal regional (s) Christian Aguilar.

Los efectivos de la Bridec de la PDI llegaron a la casa que compartía Pérez con Andrade cuando eran pareja, preguntando por este último, con el fin de incautar documentación o elementos que pudieran ayudar en la investigación del caso.

Sin embargo, ni Daniel Andrade ni la diputada Catalina Pérez se habrían encontrado en el domicilio al momento del procedimiento policial.