De manera muy tangencial y en honor a los tiempos de la televisión, la senadora por O'Higgins, Alejandra Sepúlveda, manifestaba una preocupación colateral a lo que se está investigando en el denominado caso convenios. La parlamentaria hacía referencia a la eterna lucha de las regiones por contar con una mayor autonomía económica para destinar recursos a las necesidades locales, fruto de la mirada de quien habita determinado territorio.

Esta aspiración con frecuencia chocaba con una negativa, que entre varios aspectos, insistía en la necesidad de mantener una supervigilancia desde el área central y con ello evitar un mal uso de los recursos fiscales. Ese era el discurso políticamente correcto, porque en el fondo se apuntaba a evitar actos de corrupción con los recursos públicos .

Es aquí se encuentra la implicancia y el revés para las aspiraciones regionales, porque si bien el caso convenios está en una fase investigativa, hasta el mismo partido de los involucrados se querelló por posibles actos de corrupción.

Con esto se confirma uno de los argumentos de los defensores del centralismo, que la autonomía tiene que ser acotada para que no se dilapiden los fondos del erario nacional en temas personales, de organizaciones u otros. Este caso fue como una bofetada para quienes aspiran por un país más descentralizado.

Lamentablemente no es el único ejemplo. También hay otros que están en etapa de investigación y que afectan a autoridades regionales y comunales que estuvieron en ejercicio hace un corto tiempo.

Es cierto que hay falta de madurez en las regiones para administrar grandes volúmenes de dinero y también la tentación de hacerse de dinero fácil es grande. No obstante, lo que debiera importar es cómo regulamos la actividad y cómo castigamos a quienes la transgreden.

Allí pareciera estar gran parte de la solución.

El día lunes 29 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incrementa el monto del ingreso mínimo mensual progresivamente para llegar a $500.000 en julio de 2024, medida que beneficiará a un rango cercano al diez por ciento de los trabajadores del país.

Como ocurre cada vez que se discute el nuevo ingreso mínimo mensual (IMM), se producen visiones contrapuestas. Los defensores de esta medida sostienen que en esta oportunidad no impactará mayormente en el empleo, ya que su alza es financiada con cargo a un subsidio estatal para las Mipymes y que, -en cualquier caso- de existir, tendría un efecto residual que sería ampliamente compensado con el mayor bienestar que generaría esta medida en los trabajadores beneficiados. Sus detractores afirman, por el contrario, que desincentivará la contratación de nuevos trabajadores y conllevará el despido de aquellos menos productivos.

La examinación de los datos disponibles indica que el 9,9 por ciento real de aumento aprobado corresponde a la mayor alza experimentada desde 1990; que desde 2017, el ingreso mínimo mensual ha crecido un 17,4 por ciento real, en circunstancias que la ganancia de productividad de los trabajadores ha crecido sólo un 3 por ciento en dicho período, excluido el año 2020. La conclusión es obvia: desde hace seis años el aumento del ingreso mínimo está desalineado respecto de la productividad.

En tal contexto, en 15 meses el ingreso mínimo mensual llegará a 500 mil pesos, situándolo proporcionalmente como uno de los más altos de la OCDE; no obstante, la disparidad existente en el desarrollo económico de los países que la integran.

Precisamente, los datos antes citados explican la razón de por qué esta medida debió contemplar un importante subsidio estatal para las Mipymes; pues, de no hacerlo, éstas se verían expuestas a poner término a contratos de trabajo, presionadas ante un alza tan elevada del ingreso mínimo y que no guarda relación con la productividad, con la consecuente imposibilidad de sobrellevar tales aumentos -aún con el alza progresiva contemplada- produciendo severos efectos para el mercado laboral y la economía.

El problema de fondo de este subsidio estatal es que, además de ser costoso y transitorio, tampoco abarca a todo el mercado laboral, ya que dejó fuera a un espectro importante de empleadores, produciendo -de esta forma- efectos nocivos y distorsiones que son preocupantes.

Los datos anteriores parecen sugerir una conclusión: no se está abordando la verdadera discusión relevante, cual es la necesidad de abocarse intensiva y urgentemente a generar condiciones e instrumentos eficaces que fomenten un aumento de la productividad. Finalmente, es la única receta para permite que las remuneraciones crezcan sostenida y sustentablemente en el tiempo. El mecanismo de aumentar por ley las remuneraciones de los trabajadores da cuenta de que esta política pública está enamorada de los instrumentos, pero desenfocada de su finalidad última: procurar las bases de su sostenibilidad real.