Una de las entidades políticas que inició una ofensiva legal con miras a conocer más antecedentes sobre el caso "Democracia Viva", es la UDI. El partido presentó una querella por medio de sus diputados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la cual fue acogida, pero derivada a Antofagasta para seguir siendo tramitada, ya que en la región ocurrieron los principales hechos que están en investigación.

Siguiendo en esa línea, la UDI dio a conocer esta semana a los abogados que revisarán el tema, así como otras potenciales aristas. Se trata de Teresita Santa Cruz, Carlos Oyarzún y el ex intendente de Antofagasta y ex convencional Pablo Toloza. Con este último conversó El Mercurio de Antofagasta para tener más detalles sobre el procedimiento que está llevando a cabo el partido.

¿De qué manera estas acciones se complementan a lo que ya está realizando el Ministerio Público y la intervención del Consejo de Defensa del Estado?

-El trabajo que realizará este equipo va en dos líneas. La primera va respecto a la querella que ya fue presentada por diputados de la UDI la semana pasada en Santiago, previo a que la Fiscalía Regional dispusiera que el fiscal Cristian Aguilar conociera estos antecedentes. A su vez, tal como lo señaló él, vamos a ampliar la querella respecto a aquellos tipos penales que surgieron con el tiempo transcurrido, viendo que los antecedentes surgen minuto a minuto. La arista referente a las personas que fueron pagadas por fundaciones y prestaban servicios en el Minvu no era una situación que se conociera al presentar la querella y por tanto la ampliaremos en ese sentido.

La segunda línea busca investigar todas aquellas fundaciones que han recibido fondos de forma directa por parte del Minvu, a objeto de determinar cuándo fueron creadas, cual fue el objeto para la cual se crearon, y determinar si estas fueron creadas solo a efectos de que se les otorgaran fondos. También está la posibilidad de que tuvieran otro objeto y, posterior a que se les entregara el dinero, o que cambiaran su giro a materias distintas.

Sin perjuicio de ello, lo mismo se hará respecto a fundaciones que tengan domicilio en otras regiones. Yo creo que, por lo que se está viendo, se trata de un modus operandi que no solo se cierra a Antofagasta, y espero que también la Fiscalía Nacional sea proactiva frente a la dimensión del caso.

¿Observarán lo referido solo a esta administración o investigarán un periodo de tiempo mayor? Esto considerando que el regulación que dio lugar a estos convenios se decretó el 2019

-Estamos en una etapa muy crítica de la política en Chile y acá obviamente la ciudadanía requiere tener certezas de que se está actuando de forma transparente. En ese sentido, si aparecen situaciones anteriores, también se deben investigar de acuerdo a cómo se va desarrollando la situación. Ahora, en ese punto hay que dejar en claro que las fundaciones son esenciales para ayudar en la solución de problemas importantes que tiene el país. Entonces hay que tener la capacidad también de diferenciar aquellos organismos que sí ejercían sus roles de los que fueron creados con potenciales fines delictuales.

¿Cuál será su rol dentro del equipo dispuesto por la UDI?

-De cierta manera es un rol doble. Por un lado llevaré adelante la tramitación de la querella puesta por el partido en Antofagasta ya que soy de acá, y también colaboraré con el resto del equipo en la investigación de situaciones que pudieron haber ocurrido en otras zonas del país. Eso implica la posibilidad de que tengamos que estar en constante traslado según la información que vayamos manejando.

¿Durante estos días ha podido manejar algún antecedente adicional a los que ya se han revelado que involucre a otras fundaciones o autoridades?

-Tenemos información de otras situaciones ocurridas, la que por supuesto se la daremos a conocer al fiscal para que proceda a ser investigada y así él determine si existe la ocurrencia de un delito. Ahora, una de las cosas que nos guía es la responsabilidad respecto a los datos y las personas involucradas, a objeto de no actuar impulsivamente sino de focalizar en aquellas situaciones que, a nuestro parecer, revisten carácter delictual. Entonces, hay reserva respecto a esta información y quienes estarían involucrados.

¿Cómo ve la potencial percepción de ciertos sectores que pueden ver esta instancia como una acción de aprovechamiento político?

-La UDI presentó esta querella apenas se conocieron los antecedentes y recién se estaba publicando la noticia. Como señalé, la política está en un punto de quiebre importante y hay que cuidar las instituciones públicas. Se podría argumentar aprovechamiento político si el partido hubiese presentado la querella y no hiciera nada más, pero la decisión de armar un equipo jurídico que esté orientado a conocer los antecedentes y asistir a la justicia, debiese ser suficiente prueba de que nos estamos tomando esto muy en serio.

"Jamás conversamos de estos temas con Catalina Pérez". Con estas palabras, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se volvió a referir respecto a los convenios suscritos con la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la diputada.

Sus declaraciones fueron emitidas en T13 y aseguró que "no hay una conversación del Seremi de Vivienda con ningún parlamentario de la región, respecto de los quehaceres, de los convenios, de lo que se hace o lo que no se hace en el territorio".

"Eso es algo que debo relevar de todos los parlamentarios de esta región, ninguno, ni Catalina Pérez ni ningún otro de otro sector político me abordaron con el afán de lograr nada, ningún beneficio para terceros ni para la comunidad, más que su buen hacer", dijo al mismo medio.

Las sospechas sobre la diputada de Revolución Democrática (RD) se generaron porque la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por Contreras quien fuera jefe de gabinete de la parlamentaria, firmó convenios de trabajo por 426 millones de pesos con la Fundación Democracia Viva, a cargo de Andrade, pareja en ese momento de Pérez.