Fundación Procultura acusa "engaño" por parte de Minvu para acordar convenios
ANTECEDENTES. La institución presentó una denuncia formal en Fiscalía, señalando que el acercamiento de la cartera estuvo "disfrazada con tintes de legalidad".
Una nueva arista se abre en el caso "Democracia Viva", aunque en este caso es por parte de otra de las instituciones que recibió recursos de Minvu Antofagasta. La Fundación Procultura presentó una denuncia en el Ministerio Público en la cual acusa un eventual engaño por parte de la cartera al acordar y firmar los convenios que le otorgaron $500 millones a la fundación.
De acuerdo a esta denuncia, difundida por La Tercera, Procultura entró en el proceso por medio de un conjunto de invitaciones dadas por la seremi de Vivienda a diversas fundaciones para considerarlas como potenciales ejecutoras de iniciativas que tenían como fin abordar situaciones críticas en áreas de alta vulnerabilidad. Sin embargo, al estallar la polémica, la institución hizo un sumario y concluyó que esta invitación era falsa y "disfrazada con tintes de legalidad".
A su vez, también se indicó que se siguieron recomendaciones desde Seremi para contratar personal que asistía en la ejecución de los convenios. Hoy, estos nombres serían vinculados al grupo de funcionarios que cumplían "doble función" en el Serviu y en las fundaciones involucradas.
"Fundación Procultura niega categóricamente haber tenido conocimiento de cualquier hecho irregular y a fin que se esclarezca lo ocurrido coloca, con la mayor transparencia, todos los antecedentes a disposición de Fiscalía. Lo ocurrido afecta directamente a los beneficiarios de los programas de asentamientos precarios, y a los habitantes de los campamentos que se ven nuevamente postergados", declaró la abogada Susana Borzutzky, parte del estudio Barruel & Borzutzky que lleva la denuncia.
Fundación
Previo a la presentación de esta acción judicial, El Mercurio de Antofagasta tuvo la oportunidad de conversar con el director de la fundación, Alberto Larraín, sobre la forma en la cual se cerraron los cuatro convenios con Minvu, los cuales se destinarían a la construcción de un sistema de prevención de incendios, entre otras infraestructuras sugeridas por las comunidades de los campamentos intervenidos.
¿De qué forma Minvu hace los convenios con la fundación y que debe cumplir o presentar está para materializarlos?
-El 2019 nos acreditamos para firmar un convenio marco con el Minvu y fue un momento en donde se analizó a la fundación y se le pusieron requisitos para demostrar eficiencia y efectividad en nuestro trabajo. Se diferencia de un trato directo, ya que lo que nosotros tenemos es un convenio de colaboración con el Minvu, el que nos permite codiseñar ciertas iniciativas en función de las comunidades. Lo que surge a raíz de lo actual, es que como nosotros teníamos este convenio, en algún momento se toma la decisión de implementar un estándar de seguridad para los campamentos de la ciudad. Se convocó a las ONG presentes acá para que recibieran una propuesta prediseñada por el Minvu y ver si están dispuestas a participar. Nosotros hicimos alcances respecto a lo que creíamos que podía ser viable, el Minvu analizó los campamentos y nos asignó aquellos en que se hace el convenio.
¿Esto suele ser la norma?
-Tiene cierta lógica en un contexto en el que el tema campamentos ha crecido un montón durante los últimos años. El Estado no está llegando a dar una respuesta estructural a la temática, por lo que si me preguntas a mí, tenía sentido que el Minvu hiciera de organizador de estos tratos. Si creo que el primer error es que, al hacer la convocatoria, se flexibilizan los parámetros que se habían tenido históricamente para generar estos convenios. Lo más grave es lo referido al tiempo de fundación, ya que cuando nosotros firmamos se nos pedían 5 años de existencia y para esta convocatoria se pidió un periodo de solo 6 meses.
En su tiempo ¿advirtieron esa situación?
-Para ser honesto no. Cuando se participa en un proceso público, uno se preocupa de que uno cumpla los criterios y no hace el análisis de todo lo que podría pasar. El Estado es quien delimita la cancha, establece las normativas y el que se dice que se puede hacer y que no con los recursos públicos. Ahora, mirándolo en retrospectiva, claramente esto se pudo haber evitado. Para montos así de grandes, 6 meses claramente es muy poco.
¿En qué trabajos concretos se está usando el dinero proporcionado en el Serviu?
-El proyecto pide un kit anti incendios, que envuelve una red húmeda en la que se deben generar los espacios para tenerla, establecer zonas seguras y dinámicas con bomberos para actuar, Y hay un segundo componente que tiene que ver con obras de participación en que la comunidad define cuáles iniciativas ejecutar. En nuestro caso se han definido luminarias y mejoras en los caminos, entre otras cosas. Eso envuelve un periodo bien largo que incluye realizar asambleas, definir qué quiere cada campamento y validarlo con el Minvu.