Derecho a la seguridad
A dos años de asumir el Presidente Gabriel Boric, la agenda pública continúa fuertemente marcada por la sensación de inseguridad de los ciudadanos, el aumento de los delitos violentos y la falta de claridad en los lineamientos sobre la ejecución de las medidas abordadas. De hecho, el Gobierno sólo ha logrado desarrollar un poco más de un 40% del Plan Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior pareciera a ratos supeditado a la recaudación de la reforma tributaria que impulsa el ministro Marcel y no sólo a la determinación de resolver la principal complejidad que aqueja a chilenos y chilenas.
La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), consciente de la realidad a la que nos enfrentamos, ha desarrollado un conjunto de acciones y estrategias para apoyar el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Para ello, además de impulsar la creación del Observatorio de Seguridad Territorial, hemos desarrollado estudios, encuestas y también capacitaciones en la materia para funcionarios municipales. Todo lo anterior, con la finalidad de contribuir con soluciones a esta problemática.
En este contexto es que hemos presentado una iniciativa popular en el marco de proceso constituyente, denominada Derecho a la Seguridad Ciudadana.
Nuestra propuesta consiste en el conjunto de garantías que el Estado debe brindar a los ciudadanos para el libre ejercicio de sus derechos. ¿El principal argumento? El derecho se plantea como una exigencia para que el Estado entregue la debida protección ante el delito y la violencia social, lo que supone una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y gobernados. Esto requiere, por cierto, el compromiso de alcaldes y alcaldesas por mejorar, con hechos y realidades, la calidad de vida de las personas.
Gustavo Alessandri Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh)
Caso Democracia Viva
En agosto del año 2022, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, expresó: "Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino frente a una generación que nos antecedió".
Ante el escándalo por el convenio de $ 426 millones entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva -cuyo representante era Daniel Andrade (ex-RD), expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)-, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, dijo que "no tenemos nada que esconder".
Después, el legislador señaló que la ahora exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), le había advertido en su momento al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), que había llegado una denuncia de presuntas irregularidades en convenios suscritos por el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. Luego, cambió de opinión respecto del ministro Montes.
Como "la avaricia rompió el saco", se intentó "emborrachar la perdiz".
En su discurso en La Moneda del 23 agosto de 1971, el Presidente Allende manifestó: "En este Gobierno se podrán meter los pies, pero jamás las manos".
Derico Cofré Catril
Modernización a la Ley SEP
La Ley de Subvención Escolar Preferencial, o Ley SEP, busca garantizar financiamiento para los colegios que reciben aportes públicos, tanto particulares subvencionados como estatales, para mejorar la calidad de la educación de alumnos en situación de vulnerabilidad, categorizados como "prioritarios o preferentes". Este corresponde a un monto definido para los alumnos más desfavorecidos y que necesitan más apoyo para su desarrollo académico y personal. Dependiendo del caso, puede llegar a los $65 mil por alumno.
El problema está cuando, luego de ser utilizados los recursos, los gastos son rendidos a la Superintendencia de Educación, ya que muchas veces son rechazados, por considerarse indebidos. Velas y tazones de graduación e incluso mobiliario, son algunos de los casos de impugnaciones que nos ha tocado revisar y justificar.
La correcta aplicación de la Ley SEP en los colegios supone, muchas veces, un dolor de cabeza para los sostenedores, ya que se trata de una ley demasiado rígida. De hecho, una de las principales críticas que ha tenido la SEP desde su implementación, es que excluye de los beneficios a otros estudiantes que también son parte de la comunidad educativa, y los recursos deben utilizarse solamente para quienes tengan categoría de prioritario o preferente.
El que se haya retomado la discusión del proyecto de ley en el Senado para su modernización, no es solo digno de loas, sino una necesidad. Luego de que la Ley de Inclusión estableciera el catálogo de fines educativos, no se entiende por qué la Ley SEP sigue siendo tan restrictiva. Especialmente en colegios particulares subvencionados, se requiere mayor flexibilidad, de manera que el apoyo llegue a todos los estudiantes, nivelando la cancha en cuanto a la educación que reciben.
Carolina Carrillo Abogada y socia fundadora de Sostiene
