Tras el allanamiento realizado ayer por la PDI a las divisiones de Presupuesto e Inversión Regional y Planificación Regional, del Gore, y la solicitud que realizaron tres consejeros regionales (Fabián Ossandón, Víctor Guzmán y Mónica Muñoz), para iniciar una investigación sumaria que explique las diferencias entre las especificaciones técnicas del programa presentado por la Fundación ProCultura y la minuta financiera de la iniciativa, hoy a eso de las 12 horas, se realizará una reunión ampliada en el gobierno regional para analizar la situación y futuro del proyecto.

Allanamiento

La diligencia de allanamiento al Gobierno Regional fue solicitada por el fiscal de la causa Cristian Aguilar con el objetivo de recabar información para el objetivo de la investigación, que busca determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos.

Según detalló el jefe de la unidad jurídica del Gore, Bryan Romo "cerca de las 11:40 de la mañana desde la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se acercaron al Gobierno Regional para concretar una serie de diligencias en el marco de las indagaciones sobre Procultura".

De acuerdo a Romo, el operativo consideró la entrega de dos computadores, dos pendrive con la información técnica y financiera a fin de obtener antecedentes respecto al avance, gestión y supervisión de la iniciativa.

El jefe de la unidad indicó además que se hizo entrega voluntaria también las cuentas de correo institucional. Según agregó Romo la diligencia duró cerca de 40 minutos.

Análisis

En paralelo a ello, la comisión ampliada del Consejo Regional se reunirá hoy para analizar la situación del proyecto ejecutado por ProCultura.

Ello en base a a solicitud elevada por los consejeros que halló inconsistencias entre la propuesta presentada en junio del año pasado, la que apuntaba a intervenir fachadas de inmuebles con valor patrimonial que hubiese sufrido vandalismo durante el estallido social, y lo ejecutado.

Así por ejemplo, los tres edificios elegidos (La Casa Unión Comunal de Juntas de Vecinos y Arcoiris Trans, el Consulado de Bélgica y el Edificio Colón), no cumplen con dicho perfil.

Sumado a aquello, también se presentan diferencias en la cantidad de personas que, de acuerdo a la propuesta de la fundación, participarían del proceso mediante una capacitación, (de 48 personas locales, se pasó a 38), además de diferencias en el presupuesto referente a las remuneraciones presupuestarias.

Sobre el punto, el consejero Fabián Ossandón, explicó que "es sumamente delicado que una iniciativa, presentada al Core, como es el caso del programa de Recuperación de Fachadas, no se esté ejecutando conforme a los documentos que la organización presentó para obtener la recomendación favorable. Se estaría incumpliendo lo que se nos presentó en la sesión ordinaria del Consejo Regional y por tanto corresponde ejercer nuestras facultades legales de fiscalización. Por lo mismo, con el propósito de que se investigue a fondo, se resuelvan las observaciones planteadas y se tomen las acciones que correspondan, entregamos los resultados de nuestro análisis al Gobernador Regional para que tome las medidas correspondientes".

En la misma línea el consejero Víctor Guzmán, señaló que "solo me interesa aclarar el fondo del proyecto que se nos presentó y mañana tendremos una reunión ampliada para aclarar todas las dudas que hemos plasmado en nuestra carta al gobernador. Hemos revisado los documentos y nos surgieron todas esas dudas. Cuando tengamos la respuesta podré tener una visión mejor. Mañana (hoy), a esta reunión están invitados todos los cores. Si las dudas persisten, la solicitud que hemos realizado, sigue".

Reunión

Consultada por la reunión de hoy, la consejera regional, presidenta de la comisión de Educación, Andrea Merino, explicó que "mi deber como consejera es revisar si post aprobación este proyecto se ha ido llevando adelante como corresponde, que es la duda que está sembrada".

Agregó que "hasta ahora, de la revisión de antecedentes, yo no veo ningún tipo de situación distinta a lo que nosotros toda la vida hemos hecho en el pleno. Para mí, está todo bien, todo en regla".

Amar y servir

Otro de los temas que generó críticas por parte de los consejeros regionales, dice relación con la contratación, mediante trato directo de la Fundación Servir y Amar (perteneciente al Servicio Jesuita de Migrantes), para apoyar el levantamiento de proyectos por parte de la sociedad civil, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otros, y quienes entre los meses de mayo/junio habrían desempeñado sus funciones desde el mismo gobierno regional, trabajando en las mismas dependencias -lo que habría generado diversas suspicacias-, el consejero regional Dagoberto Tillería, manifestó que "no corresponde que personas que no son funcionarios públicos, estén en el edificio que es para desarrollar un trabajo con funcionarios públicos. Par mí es delicada esa parte, pero se tiene que esclarecer las circunstancias de esa situación. Si tú me dices que hay personas que fueron contratadas a través de una fundación para trabajar dentro del edificio del gobierno regional, no parece que sea lo correcto. Hay que averiguar cuál fue el nivel de intervención que tuvieron en esas labores. No corresponde y ni siquiera por capacitación, estamos hablando que si uno contrata una fundación para que ad alguna manera vaya a reforzar el trabajo emanado del Gore, deben ser personas que ya estén capacitadas y no que vayan a capacitarse, porque de lo contrario no son personas idóneas para realizar esa función".

En la misma línea, la consejera regional Katherine San Martín, expresó que "esta sería como la misma figura en el caso de Democracia Viva, donde habían fundaciones que estaban financiadas desde el Minvu, operando en terreno y ahí mismo, en dependencias del Minvu; fundaciones privadas, pero con inmuebles y recursos de trabajo del Minvu, una figura muy extraña y donde la misma Anef levantó esta la situación porque es un notable conflicto de trabajo, no puede haber alguien externo, que no sea del gobierno regional trabajando en dependencias del gobierno regional", dijo.

Acotó que "esto parece ser un mecanismo o modo operandi que tienen los gobiernos regionales, haciendo la conexión con ProCultura, a nivel nacional. En último momento se dio a conocer que la jefa de la división de Dideso, Lizza Aravena, perteneció a la fundación en cuestión, por lo que hay un conflicto de interés grave también. Lamentablemente estas aprobaciones no pasan por consejo, ya que el gobernador tiene la potestad de aprobar sin siquiera preguntarnos, proyectos de hasta $300 millones".