Tras casi cuatro horas de discusión, el pleno del Consejo Regional determinó celebrar tres acuerdos que, de alguna manera, trabajen en la línea de resolver la serie de cuestionamientos al "Programa de Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica" que ejecuta la Fundación ProCultura.

Durante la sesión, en la cual también se repasaron las interrogantes planteadas el miércoles ante la comisión mixta (como las diferencias entre el numero de fachadas a intervenir y lo realmente ejecutado a la fecha) uno de los acuerdos alcanzados fue la apertura por parte del ejecutivo a revisar la posibilidad de terminar de mutuo acuerdo el proyecto. Luego de ello, además se realizará una sesión extraordinaria de consejo para citar a la Fundación ProCultura y analizar si reúne los requisitos para continuar con la iniciativa, entendiendo que dos de los tres edificios a intervenir (el edificio Colón y el consulado de Bélgica), podrían bajarse de la iniciativa.

Otro de los acuerdos alcanzados por el pleno fue la realización de una auditoria interna que revise los convenios con las distintas fundaciones que ha suscrito el Gobierno Regional desde 2018 a la fecha.

Reacciones

Al respecto, el consejero Fabián Ossandón (Ind.-PR) manifestó que "en el Consejo Regional volvimos a solicitar, ahora al Gobernador Regional que nos respondan formalmente las observaciones que le enviamos sobre la ejecución del programan de recuperación de fachadas. También acordamos citar a la fundación para que nos rinda cuenta de la ejecución y avance del proyecto. Una vez finalizada esta instancia, corresponderá tomar decisiones respecto a si el denominado proyecto fachadas continuará".

"Además -continuó-, se acordó realizar una auditoría interna para que se revisen todas las fundaciones que han recibido recursos del Gobierno Regional del año 2018 en adelante, por lo que agradezco a los colegas que apoyaron la moción. Esto, siempre en la línea de cumplir nuestro rol fiscalizador".

En la misma línea, el consejero Víctor Guzmán (PC), manifestó que "lo primero es que se hará, es un consejo extraordinario para analizar el tema con la fundación y podría salir como conclusión la posibilidad de terminar de común acuerdo el proyecto. Pero no será el Gore quien lo haga por las implicancias judiciales (...) esta es la única vía hoy ante la ausencia de otras causales. Se dijo que podría analizarse que se ha cambiado el propósito del proyecto. Eso hay que demostrarlo".

En tanto, para el consejero Dagoberto Tillería (UDI) valoró los acuerdos alcanzados, sin embargo, precisó que aun quedan una serie de interrogantes sin responder.

"En lo personal, mi punto es conocer cuál es el rol de los asesores que evaluaron y nos presentaron esta iniciativa. Nadie ha explicado por qué fue reformulado como proyecto patrimonial, ni cómo se han tomado las decisiones que cambiaron, en mi juicio, el sentido original del proyecto".

Reclamo por diputado

El tercer acuerdo alcanzado ayer, tiene que ver con realizar una amonestación a la cámara de Diputados, a raíz de los cuestionamientos que levantó, principalmente, el diputado RN José Miguel Castro, respecto de la falta de probidad en el desarrollo del levantamiento del proyecto de ProCultura, respecto de transferencias de recursos irregulares.

Sobre el punto, la consejera Katherine San martín, manifestó que "me parece inapropiado, porque parte del rol de las autoridades es fiscalizar, en este caso el diputado se acogió justamente y válidamente, a una situación que se ha replicado en 11 regiones y gobiernos regionales del país, entonces es nuestra potestad poder fiscalizar y sí, hay situaciones que pudiesen generar algún bemol, donde, de acuerdo al registro de servicio de puestos internos, ProCultura aparece con un giro de venta de libros al por mayor y menor de libros en comercio especializado, no para realizar intervenciones culturales de pintura de fachadas, así que sí, eventualmente sí pudiesen haber bemoles y por eso, creo que no aplica, que no corresponde que le llamen la atención por estar haciendo su trabajo. Pero lamentablemente, al gobernador le molesta cuando lo fiscalizan, siendo que debiera ponerse a disposición y no enojarse".

Tras el escándalo que se generaron a partir de los convenios pactados entre la Secretaría Ministerial Regional de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta, por $426 millones a la fundación Democracia Viva, el ministro de Justicia, Luis Cordero confirmó el término de los contratos existentes.

Según indicó el secretario de Estado, "el 10 de julio dicha Seremi dictó una resolución en donde le ha sido comunicada a Democracia Viva para efecto de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda".

En esta línea, el ministro detalló que, en este caso la resolución no solo se pone término al convenio, "sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato, la que se debe realizar en los próximos cinco días. Si esto fue dictado el lunes desde ahí que Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales".

Cordero enfatizó que, "no hay consideraciones adicionales para esa devolución" e indicó que los montos a restituir se determinarán una vez emitida la liquidación.

Convenios

De acuerdo a los antecedentes anteriormente entregados por Democracia Viva, los convenios pactados con el Minvu son el 504 y 576 de $200 y $170 millones, respectivamente, se centraban en iniciativas relacionadas a la seguridad y salubridad de campamentos.

También se suma un tercer convenio con un capital de $56 millones que estaba enfocado en el levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados por Serviu, así como en la implementación de planes de prevención en el área.

De acuerdo a la fundación, de los tres convenios habían rendido el 27% de los montos utilizados a mayo de 2023 y los avances por objetivos de los trabajos eran de entre 30% y 47%.

Una investigación de oficio abrió este jueves la Fiscalía del Biobío, por presuntas irregularidades en millonarios traspasos de fondos realizados desde el Gobierno Regional hacia dos fundaciones. En concreto, se indagarán las transferencias efectuadas hacia las fundaciones En Ti y Horizonte Ciudadano, esta última vinculada a la ex Presidenta Michelle Bachelet

"Ambas causas están a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía", detalló el ente persecutor a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. La investigación suma un nuevo episodio al "Caso Convenios" y surge a raíz de una información divulgada hoy por Radio Bio Bio, que revela que Horizonte Ciudadano habría recibido más de $379 millones del Gore.

Según la publicación, dicha transferencia se concretó el pasado 22 de diciembre de 2022, mediante un convenio firmado por el gobernador del Biobío Rodrigo Díaz Worner y el representante legal de la fundación, Pedro Güell.