Una suspensión de 15 días, respecto del proceso de licitación pública y adjudicación del contrato "Concesión del Servicio de Limpieza y Barrido de Calles, de la ciudad de Antofagasta, periodo 2023-2028", que lleva adelante el municipio, realizó el pasado lunes, el Tribunal de Compras Públicas (TCP) después de que uno de los oferentes, la empresa Soloverde, ingresara una demanda ampliada por posibles vicios en el proceso y solicitara la detención del proceso.

De acuerdo con los argumentos que sostienen la acción, tras el cierre de la recepción de ofertas, en la cual participaron tres empresas (Soloverde, la Unión Temporal de Proveedores Valoriza - Sacyr S.A y EVL S.A), la empresa Soloverde realizó el análisis de las propuestas competidoras, ingresando posteriormente al sistema, varias observaciones al respecto, debido a una serie de inconsistencias y omisiones encontradas en dichas propuestas, esperando que la comisión evaluadora municipal, eventualmente, pudiera pronunciarse al respecto y determinar si correspondía su admisibilidad, de acuerdo con las bases de la licitación. Lo que a juicio de la empresa, no correspondía, en ninguno de los dos casos.

Dentro de las observaciones realizadas por Soloverde a Sacyr S.A., se consideran una serie de omisiones respecto del detalle y características de las maquinarias, equipos y herramientas ofertadas para el servicio, siendo imposible verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases técnicas, ya que la información dispuesta por la empresa solo se refería al año, modelo y cantidad de estos, sin mayores especificaciones (como el chasis con caja compactadora o alza contenedor, en el caso de los vehículos).

A juicio de la empresa, tampoco se detalló la estructura operativa de su sistema de trabajo, ni el envío de la documentación pertinente que demostrara que mantuviera un convenio colectivo vigente con sus trabajadores, pese a la declaración de inscripción ante la Dirección del Trabajo.

El 29 de mayo, según el texto de la demanda, el municipio le solicitó a Sacyr, por foro inverso, enviar la documentación que acreditara el convenio colectivo, pero la empresa no contestó.

Respecto de la segunda empresa, EVL, dentro de las observaciones más importantes, se consideran las que tienen que ver con el eventual incumplimiento respecto de la norma Euro 5, que regula la emisión y circulación de ciertos vehículos en Chile y donde la empresa en cuestión, ofertara vehículos con norma Euro 3. Asimismo, tampoco pudo acreditar la existencia de un convenio colectivo, ya que solo adjuntó información referente a la conformación de un sindicato.

Según da cuenta la empresa Soloverde en la demanda, todos estos antecedentes, y otros, debieron haber significado la inadmisibilidad de ambas ofertas, ya que el no presentar el convenio colectivo debió haber ponderado cero puntos en la escala evaluativa; no obstante, explica el texto, desde la comisión evaluadora habrían "flexibilizado" las bases, ya que igualmente fueron consideradas, posteriormente, para su adjudicación ante el concejo municipal.

"Como se ha señalado en antecedentes de esta presentación, en sesión extraordinaria N°26 del concejo municipal, con fecha 19 de junio de 2023, el alcalde en punto 3 y al final de la tabla, propuso la adjudicación del contrato de autos a la UTP Valoriza - Sacyr".

El 22 de junio, según el documento, en la sesión extraordinaria N°18 el alcalde intentó nuevamente adjudicar el contrato a la misma empresa. De hecho, y a raíz de diversos cuestionamientos realizados por los concejales, de acuerdo a los reparos planteados por Soloverde en torno a estas ofertas, fue la misma directora de Control, Cecilia Aqueveque, quien explicó que las ofertas cuestionadas, cumplían con las bases técnicas.

Suspensión

Tras el ingreso de la demanda, el Tribunal de Compras Pública determinó el martes, aceptar la solicitud de Soloverde y suspender el proceso por 15 días, en los cuales el municipio debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo.

Esto viene a evitar que, tras la abstención del concejo municipal respecto a adjudicar el contrato de barrido a la UTP Valoriza-Sacyr S.A, tanto el 19 como el 22 de junio, el alcalde pueda celebrar el contrato -tras 20 días-, de manera unilateral, por la vía alcaldicia, ya que el oferente en cuestión no cumple con las bases técnicas.

La situación, gatilló que el concejal Luis Aguilera, recurriera a la Contraloría, exigiendo una nueva investigación de los tratos directos celebrados por la municipalidad.

"Hemos tenido como concejales cuestionamientos a los procesos de licitación tardíos y negligentes de los funcionarios de confianza del alcalde, debiendo firmar él mismo, una enorme cantidad de tratos directos millonarios. Hacemos un llamado público a la contralora regional para que realice una investigación especial a los tratos directos de los contratos de barrido y la recolección de residuos e investigaciones sumarias advertidos por el cuerpo de concejales, y que han proseguido con actos que podrían ser potencialmente incorrectos y fuera de la normativa legal", enfatizó el edil.

Continúa el complejo el escenario que envuelve el convenio aprobado por el Gobierno Regional de Antofagasta con la Fundación ProCultura sobre la recuperación de fachadas de inmuebles del casco histórico de la ciudad.

Y es que ante las indagaciones que ya está ejecutando el Ministerio Público y las dudas que se han sembrado en el mismo Consejo Regional, se suman la visión de los beneficiarios seleccionados para la iniciativa, 38 personas quienes expresan su incertidumbre y también expresan las críticas ante un panorama en que "no han sido considerados".

En conversación con Antofagasta TV, Margarita Valenzuela, una de las seleccionadas comentó al medio que tenían informado que desde el 1 de julio tendrían su contrato. "Se nos había indicado que no iban a poder ser firmados en aquel día porque había llegado erróneos desde Santiago, entonces no podrían ser firmados ese día, confiando en la palabra, seguimos acudiendo a todas las instancias en que se nos invitó".

Recién este domingo, Valenzuela señala que fueron notificados por correo que, debido a los cuestionamientos de la iniciativa, el proyecto no continuaría como fue propuesto y con ello, que no recibirían sueldos por el momento.

"Somos 38 trabajadores, cada uno de nosotros con hijos, familia, con personas con padres discapacitados (…) sé que el diputado José Miguel Castro, los core Katherine San Martín, Víctor Guzmán, Fabián Ossandón y Mónica Muñoz son los que se oponen a este avance, yo quisiera preguntarles a ellos, si pensaron en nosotros, porque aquí no todo es política, a nosotros no nos importa, nos importan nuestros hijos, llevar un pan a la mesa", manifestó Valenzuela.

La trabajadora precisó que esto más que un trabajo, era una herramienta, "acá se pensó en capacitarnos, estaba contemplado también el medio de transporte (…) están mirando todo lo negativo, nadie ve lo positivo".

Otras de los trabajadores quien prefirió no entregar su identidad, comentó las complejidades que esto ha traído a nivel familiar por la parte económica.

"Es una situación muy compleja que tengo, he perdido dos trabajos y ahora esto. Queremos que por favor, se nos haga valer aunque sea el primer mes de sueldo, espero que vean la necesidad que tenemos".

Dos personas quedaron detenidas tras ser sorprendidas conduciendo camiones sin contar con la respectiva licencia profesional en el sector La Chimba.

El primero de ellos un mecánico extranjero que conducía un camión cargado con ripio, sin encarpar, sin placa patente y sin autorización para manejarlo, mientras que el segundo, un ciudadano chileno, también conducía un vehículo superior a tres mil 500 kilos, pero portando solo licencia clase B.

Se efectuaron más de 45 controles vehiculares y se cursaron 36 citaciones al juzgado de policía local a personas por conducir vehículos sin contar con licencia, sin placa patente, revisión técnica vencida, vehículos de carga sin encarpar o infracciones a personas que no contaban con ningún documento o identificación.