Luego de 15 sesiones, la comisión investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte aprobó por unanimidad una propuesta de informe que incluye el panorama y diagnóstico delictual para la región
El diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien presidió esta comisión, en conversación con El Mercurio de Antofagasta aborda el complejo escenario que enfrentan las diversas instituciones del Estado para abordar las bandas de crimen organizado, como la falta de equipamiento y precariedad laboral en zonas fronterizas.
"Creo que el trabajo de la comisión es valioso por varias razones. La primera, es que logró dejar en evidencia que efectivamente había nuevas formas de criminalidad en la macrozona que están íntimamente relacionadas con la crisis migratoria que vivimos en los últimos 24 meses. Creo que es un hecho indiscutible que muchos de los delitos que se cometen, y para los cuales el Estado no está preparado, corresponden a mafias de gente que llegó del extranjero y que instalaron modalidades criminales que no eran conocidos en Chile, que han llevado incluso a que tengamos que legislar rápidamente sobre tipos penales asociados al secuestro, al sicariato y a la extorsión.
Lo segundo, es que el informe logró evidenciar la inmensa brecha de recursos institucionales y capacidades del Estado que son absolutamente insuficientes para combatir el crimen organizado. El crimen organizado transnacional que se instaló en nuestro país y, particularmente, en la macro zona norte tiene fórmulas de trabajo muy sofisticadas que exceden por lejos las capacidades del Estado de Chile.
Dentro de esa precariedad que menciona ¿qué aspectos son los que más preocupan?
-Quisiera situarlo en que me parece que es inaceptable que Carabineros tenga turnos tan extensos en frontera, con turnos que duran hasta 25 días y cinco días de descanso, que son incompatibles con la vida familiar. Hay una vulneración de derechos del funcionario policial. Me parece, entonces, que este es un tema que tiene que ponerse arriba de la mesa y se tiene que discutir abiertamente. Creo que muchas veces el Estado se aprovecha de que Carabineros no tiene asociación gremial, no tiene sindicato, son organismos no deliberantes que se han prestado por esta verdadera cultura del abuso de los funcionarios que prestan servicios en frontera.
¿Y el resto de los funcionarios públicos desplegados?
- Y cuando uno mira lo que pasa con la Policía de Investigaciones, el panorama tampoco es mucho más alentador. Ni hablar de las situaciones que se encuentran muchas veces los funcionarios públicos que prestan servicio en frontera norte, donde la altura es un "gatillante". Nosotros tenemos el caso de una joven enfermera antofagastina que murió producto del mal de alturas y que hoy día su familia busca justicia; y fue, exclusivamente, porque no hubo ninguna preocupación ni una buena inducción ni por tener elementos que permitieran combatir adecuadamente este tipo de suceso. Creo que son temas que son bastante crudos de los que se quiere hablar poco porque son incómodos, pero parece que es esencial para tener una buena barrera contra el crimen organizado, en la operación que ellos realizan en frontera, tener a los funcionarios públicos con los estándares adecuados.
Respecto a la situación de gendarmería, ¿Cuáles serían las vulnerabilidades que enfrentan?
-Hay gendarmes que están siendo permanentemente amenazados por bandas de crimen organizado, muchas de las cuales tienen alta presencia dentro de los penales de la macrozona. Las tasas de personas que están privadas de libertad en estos penales exceden por lejos, lo que eran los rangos históricos que uno podría descifrar entre 3% y 4%. Hoy día hay algunas que se acercan fácilmente al 38% o al 40% de población penal extranjera. En el caso particular de Gendarmería no podemos cometer el error de permitir que se fragüe en las cárceles chilenas una suerte de Tren de Aragua, como nació en Venezuela, debido a la falta de dotación, del abandono, de la falta de control y de compromiso del Estado. Y esto no es un invento; o sea, tras la implementación de la comisión aparece el tema del intento de fuga con explosivos de la cárcel de Calama. Además, la semana pasada se fugaron tres internas de la cárcel de Antofagasta.
Ante este panorama ¿Cómo resumiría entonces las conclusiones de la comisión?
-Lo que refleja el informe de la comisión investigadora no es generar alarma en la opinión pública; lo que busca es constatar un hecho de manera objetiva de manera tal de que el Estado empiece a hacerse cargo de cubrir esta brecha de manera más acelerada. Nosotros tenemos importantes avances, por ejemplo, la adecuación de la normativa en materia de secuestro, de sicariato, de extorsiones, que se ha hecho durante este gobierno. La constitución del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, además se está tramitando en el Senado el proyecto de Inteligencia Financiera. Todas herramientas muy importantes para el combate a este tipo de criminalidad, pero en términos de dotaciones, hay que hacer un esfuerzo tremendo del punto de vista del Estado.
