El terremoto político que desató el denominado "Caso Convenios", ha generado una serie de investigaciones, acusaciones y renuncias por parte del mundo político que mantienen en vela la actual administración de vivienda en la región.

Junto con la cuestionada gestión del ex seremi de vivienda, y su decisión de acordar convenios con fundaciones de dudosa capacidad técnica, se esconde quizás un problema mayor y que constituye una de las principales demandas de los habitantes de la región; la falta de proyectos de vivienda social.

En ello, las cifras recientes cifras del Minvu son prácticamente incuestionables. Apenas 9 viviendas entregadas en casi dos meses, ubican a la región en el penúltimo lugar de los compromisos asumidos por el gobierno central en el Plan de Emergencia Habitacional.

De las 17.400 viviendas comprometidas para el periodos 2022-2025, la región registra 703 viviendas entregadas y 6.012 en proceso de construcción, lo que representa apenas el 34% de la meta regional. Los expertos ven con incredulidad que el 66% restante se pueda diseñar y levantar en los próximos 18 meses de gobierno.

En el caso de la región, a la crisis de las constructoras por el aumento de precio de materiales y falta de financiamiento bancario, se suma la ausencia de proyectos técnicamente financiables y una notoria falta de gestión técnica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

El dramatismo de las cifras, y la ausencia de una respuesta consistente por parte de los responsables regionales, deja en evidencia, que el escándalo de los convenios es solo una parte de la paupérrima herencia de la gestión de la actual administración en materia de vivienda, sin duda, uno de los problemas sociales más desafiantes de los últimos veinte años.

Desde el término del confinamiento en que nos tuvo la pandemia, hemos visto un aumento significativo de situaciones de violencia en distintas escuelas del país, pues como dato, solo en el primer semestre de 2022 hubo más de 4.700 denuncias, según los registros de la Superintendencia de Educación. Una cifra preocupante y que activó un plan de trabajo que se viene implementando desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, en las últimas semanas, no solo estamos viendo situaciones de violencia social, con diversos crímenes y actos delictivos, sino algo más sintomático y preocupante aún; la violencia verbal y la denostación en la clase política.

Desde finales de los años ´80 en Europa se comenzó a poner una mirada al problema de la violencia escolar, llegando a identificar distintos fenómenos entre los que destacó el Bullying, en 1994, por Dan Olweus y cuya repercusión rápidamente se conoció en el mundo anglosajón. Allí, el abordaje de la violencia en las escuelas tenía un componente psicosocial que derivó en la preocupación por el clima escolar.

Sin embargo, para el caso latinoamericano, esta inquietud tenía un sentido relacional político, ya que se trabajaban estrategias que fortalecieran la convivencia democrática, puesto que el horizonte del momento (años ´90) estaba en el proceso social de las post-dictaduras y, por ende, de una reconstrucción de la convivencia en democracia. De ahí que, la convivencia democrática sea un eje articulador con la educación para la paz, tema considerado dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este escenario, entonces, resulta incoherente, por decir lo menos, que la clase política esté por una parte buscando mecanismos de mejora de la convivencia escolar y por otra, dando muestras de una relación social tensionada y cargada de violencia simbólica, discriminación, homofobia, exclusión e intolerancia. Pues no sólo evidencia una ignorancia respecto de la historia, sino también de la educación, donde justamente el espíritu que ha movido reformas y normativas es el establecimiento de una convivencia sana y de respeto por las diferencias sean de tipo político, religioso, de género, clase social o étnico. Situación lamentable, porque indica un síntoma de intolerancia social, que, de no mediar mesura y reparo, será muy difícil de erradicar de los establecimientos educacionales. La convivencia escolar necesita de una ejemplar convivencia social y política.