El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aumentó en las últimas horas de ayer la presión sobre el presidente Joe Biden con una amenaza de juicio político, aunque los números no le alcanzan para destituir al mandatario.

En una comparecencia de prensa este martes, McCarthy acusó a la administración demócrata de entorpecer la investigación que lleva a cabo la Cámara Baja, de mayoría republicana, sobre su familia, a la que acusan de haber recibido fondos de una empresa energética china.

El líder republicano argumentó que el Congreso "tiene la responsabilidad de investigar" y que la única forma que tiene es a través de "una solicitud de juicio político que permita a los republicanos y a los demócratas acceder a toda la información".

Asimismo, afirmó que la falta de colaboración de esta administración con el Congreso no se veía desde la administración de Richard Nixon (1969-1974), mandatario republicano que dimitió antes de ser destituido por el Legislativo en el caso Watergate.

En una entrevista con la cadena ultraconservadora FOX News el lunes por la noche, McCarthy ya había advertido que las indagaciones que llevan a cabo los republicanos están "llegando al nivel de investigación de un juicio político", pero no confirmó si presentará formalmente la solicitud.

Ian Sams, uno de los voceros de la Casa Blanca, criticó en Twitter el "afán" de los republicanos para perseguir a Biden "independientemente de la verdad".

"En lugar de centrarnos en los problemas reales que los estadounidenses quieren que abordemos, como reducir la inflación o crear empleos, esto es lo que quieren los republicanos", dijo.

Desde que el Partido Republicano consiguió la mayoría de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato del año pasado, ha impulsado varias investigaciones contra Biden y otras figuras de su gobierno.

Un eventual juicio político con Biden no tendría posibilidades de prosperar, dado que los demócratas tienen mayoría en el Senado.

Otro golpe

El de los republicanos fue el segundo golpe del día de ayer para Biden. Antes, un juez federal en California bloqueó las restricciones de asilo de su Gobierno implementadas en mayo pasado tras el fin del Título 42 y que redujeron sustancialmente los cruces en la frontera.

El magistrado Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida al considerar que viola las leyes de asilo de EE.UU. y pone en grave peligro a los solicitantes.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.

"El fallo es una victoria, pero cada día que la administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro", aseguró a Efe Katrina Eiland, directiva de ACLU.

El juez Tigar dio 14 días al Gobierno para responder al fallo.

"Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario", adelantó el lunes Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Partido Socialista (PSOE) negociará con "discreción" una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español con aquellas tiendas políticas a favor de la "mayoría social" de España, dijo ayer la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, quien rechazó la celebración de un referéndum sobre la independencia en Cataluña.

El referéndum y una amnistía para los procesados por el intento secesionista del 2017 en esa región española son dos de las peticiones del partido independentista catalán JuntsxCat para permitir que el bloque de izquierda pueda gobernar en España.

Los socialistas obtuvieron 122 escaños en las elecciones generales del pasado domingo y necesitan los diputados de otras formaciones de izquierdas para alcanzar la mayoría de 176 necesaria para poder formar Gobierno, para lo cual el partido liderado por el líder independentista catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, será fundamental.

"El PSOE siempre ha sido muy claro con esta cuestión. Somos un partido constitucionalista, cualquier cuestión que abordemos tiene que estar en ese marco constitucional", dijo en una entrevista radial Montero.

Señaló también que ahora la prioridad es la constitución del Congreso y el Senado el 17 de agosto, y confirmó la voluntad del PSOE de negociar una investidura de Sánchez, para lo que pidió "discreción".

"Seguiremos hablando como siempre con todos aquellos que quieran seguir desarrollando un proyecto de país donde prime la mayoría social, el interés general", declaró.

Montero recalcó la necesidad de articular "un acuerdo y consenso" para que siga habiendo un gobierno "progresista" en España, al tiempo que Sánchez no se plantea contactos para su investidura hasta la segunda mitad de agosto.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, que llevaba fuera de la escena pública un mes, fue destituido ayer y relevado por su antecesor en el cargo, Wang Yi.

Qin no aparecía en público desde el pasado 25 de junio, día en que se reunió en la capital china con funcionarios de Sri Lanka, Rusia y Vietnam, y, desde entonces, se ha ausentado de varios eventos diplomáticos, despertando todo tipo de especulaciones acerca de su paradero y su situación.

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) aprobó ayer en una reunión inusual la destitución de Qin y el regreso de Wang Yi como canciller, recoge la agencia estatal Xinhua en un escueto comunicado.

El presidente del país y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, firmó una orden para hacer efectiva la decisión, agrega la agencia.

La destitución de Qin se produce tras su vertiginoso ascenso en diciembre, cuando su tono firme y agresivo fue premiado con la cancillería del país, dando inicio a meses de actividad frenética con la apertura tras el fin de la política del "cero covid".

Qin reemplazó entonces a Wang Yi con una agenda internacional marcada por la Guerra en Ucrania o la creciente rivalidad con Washington.

Su última aparición pública de altura tuvo lugar en junio, cuando se reunió en Pekín con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un momento en el que ambas partes trataban de recuperar la comunicación para evitar mayores conflictos.

Qin tenía previsto acudir a la última cumbre de la ASEAN que se celebró en Indonesia, a la que, según Pekín, faltó "por motivos de salud".

Tampoco participó en las reuniones que mantuvieron en Pekín la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático, John Kerry, quien fue recibido por Wang Yi.

A sus 69 años, Wang vuelve al cargo que ya ostentó desde 2013 hasta el pasado 31 de diciembre tras sustituir a Qin en varias de las reuniones que se celebraron ese mes.