Mediante un escrito, el diputado José Miguel Castro solicitó a la Fiscalía indagar sobre los nexos políticos entre la Fundación Comprometidos y el Gobierno Regional, esto tras la entrega de fondos sobre el proyecto veterinario "Control poblacional canino y felino Tocopilla 2.000 cirugías" por el que la institución regional entregó más de 140 millones de pesos durante el año 2022.

Si bien, el proyecto fue ejecutado, el parlamentario manifiesta su cuidado en la posible existencia de trafico de influencias debido a que el presidente de la fundación apuntada, compartió militancia con el actual gobernador regional, Ricardo Díaz en el disuelto partido PRO. Ante las crecientes inquietudes sobre posibles conexiones políticas en el caso de la Fundación Comprometidos, y en vista de las diversas denuncias que han ido saliendo a la luz pública a propósito del caso "convenios", el diputado José Miguel Castro (RN), pidió al GORE regional de Antofagasta esclarecer minuciosamente los detalles del traspaso de fondos que ascienden a $144.267.500.

"Como legislador encargado de fiscalizar el uso adecuado de los recursos económicos y garantizar la transparencia, considero esencial que se investigue a fondo y se aclare cualquier posible relación entre fundaciones y entidades gubernamentales. Por esta razón, envié un oficio al Gore para que nos informe en qué estado se encuentra el desarrollo de este proyecto y el modo de pago en el que se ha realizado, además presenté una denuncia a la fiscalía, para que decidan si es pertinente una investigación, con el propósito de mantener la confianza pública y despejar cualquier incertidumbre", comentó Castro.

Trato directo

Según informó Castro, en diciembre de 2022 el Gobierno Regional de Antofagasta le asignó vía trato directo más de $144.000.0000 a Fundación Comprometidos vinculados a militante del ex Partido Progresista de Marco Enríquez Ominami, mismo que fue disuelto en 2018 por el Servel. Dicha fundación está compuesta por militantes del ex Partido Progresista y su fundador es Sebastián Duarte Vergara, quien es cercano a Marco Enríquez Ominami y también fue militante de dicho partido.

Ante el caso, el diputado por Renovación Nacional indicó que puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes y denuncias recibidas para que se determine si existen o no supuestos vínculos políticos entre estas organizaciones y sus integrantes. En este sentido, dijo que, "en mi rol fiscalizador pongo atención a las denuncias que llegaron a mi conocimiento, por lo que considero pertinente poner todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía para que investiguen y establezcan si existen elementos constitutivos de delito. Es fundamental salvaguardar la integridad de los procesos y asegurar que no existan dudas en cuanto a posibles vínculos políticos entre las partes involucradas".

Respuesta

Sobre las acusaciones del parlamentario, desde el Gobierno Regional señalaron que, "ante la consulta por una denuncia realizada ante fiscalía, por el diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional. El Gobierno Regional de Antofagasta, descarta el tráfico de influencia u otro tipo de delito en el caso de la asignación de recursos a la Fundación Comprometidos, quienes estuvieron a cargo de la esterilización de perros y gatos en Tocopilla. Dicho proyecto fue aprobado por el Consejo Regional de Antofagasta, validado técnicamente y con participación del municipio de Tocopilla".

"La figura que se intenta levantar respecto del Partido Progresista, no se ajusta a los tiempos, ya que dicho partido se disolvió en Chile, de acuerdo a la normativa vigente, el año 2021 y la asignación de fondos, es posterior, ya que ocurre en 2022. Cabe mencionar que la fundación fue creada en 2016 y cuanta con la habilitación en sus estatutos para proyectos veterinarios. Sin embargo, a pesar de los antecedentes que se ajustan a lo exigido, estamos disponibles para que los entes correspondientes realicen su trabajo e investigación", agrega el documento.

Sobre posible declaración de la Fundación Comprometidos, este medio trató de comunicarse con la organización, pero hasta el cierre de edición no fue posible el contacto.

En medio de la investigación por el Caso Convenios, la fundación Democracia Viva, implicada en la génesis de esta trama judicial y política, solicitó al Ministerio de Vivienda posponer la devolución de los dineros que adquirieron mediante los polémicos convenios.

A través de un comunicado, la cartera señaló que, con fecha 21 de julio de este año, la fundación "interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico", el que está siendo analizado por la seremi de Vivienda de Antofagasta.

En el escrito, Democracia Viva da a conocer su "disconformidad" con las observaciones planteadas en las rendiciones de los convenios. "Las alegaciones serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos", explicó el Minvu.

"Cabe señalar que la reposición no suspende el acto, es decir, siguen corriendo los 30 días. Sin embargo, la fundación solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito. Eso es lo que se está analizando".

Son 391 millones de pesos, el 92% de los recursos obtenidos en total, los que debe devolver la entidad fundada por Daniel Andrade y otros militantes de Revolución Democrática. Esto tras poner fin al contrato que mantenía Democracia Viva con el Ejecutivo luego que la Fiscalía antofagastina iniciara una investigación por presunto tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.