Ayer se produjo un gran derrumbe de tierra, piedras y rocas hacia la avenida España, lo que impidió el paso de los vehículos. La obstrucción se produjo entre el sector de Recreo y la Curva de Los Mayos. Afortunadamente, la caída del cerro no causó lesionados o víctimas. La autoridad dispuso cuadrillas para el despeje de los materiales para normalizar el uso de la vía.
"Los chilenos valoran un partido coherente, con ideas claras y valentía para defenderlas".
Arturo Squella
Presidente del Partido Republicano
tras resultados de encuesta Casen
El Comandante Arturo Araya Peeters, Edecán Naval del Presidente de la República, fue asesinado a las 1.30 horas de ayer, aproximadamente, por un grupo de terroristas que minutos antes había hecho estallar una bomba en una camioneta de INDAP, que estaba estacionada en la calle Carlos Antúnez con Fidel Otaíza, frente al N° 1811, a 2 cuadras de la casa del extinto.
La estrategia ya está instalada en quienes están involucrados o se han visto salpicados por el caso Fundaciones. La defensa es que se actuó bajo la legalidad y si bien puede haber algún cuestionamiento ético o moral, este debiera verse opacado porque los proyectos se desarrollaron o se estaban desarrollando y hay rendiciones de por medio, las que cuestionables o no son el mecanismo de control establecido.
Es muy probable que esa tesis siga apareciendo con el afán de aplacar las duras críticas a este tipo de convenios, y es muy probable que se logre respaldar el actuar de estas fundaciones, que a diferencia de la gran mayoría, fueron creadas y favorecidas con millonarios recursos del Estado.
También es posible que las investigaciones iniciadas demoren meses, incluso años y se termine en fallos que no sean más que sanciones éticas -de esos casos ya conocemos en nuestro historial judicial-.
Por ende, la búsqueda de la restitución de los dineros asoma como una tarea inmediata y una fórmula de mitigar el daño a las arcas fiscales. Lo malo es que estos convenios se realizaron sin exigir boletas de garantías con quienes se firmaba los convenios.
No será fácil lograr la restitución, porque aquí se dependerá de la buena voluntad de los encargados de las fundaciones y en ese sentido se puede esperar cualquier reacción, más aún si los dineros están gastados y se buscarán modos de justificarlos.
Entonces el proceso judicial tendrá que avanzar y comprobar la existencia de alguno o todos delitos que investiga la Fiscalía.
Fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, es lo que se investiga. Y legalidades más y menos puede concluir en que no se logre condenas, especialmente, en lo que respecta a fraude o malversación. Tal vez la pena vaya por el tráfico de influencias, si es que se logra.
Hay políticas públicas que acostumbran a concitar más consenso que otras, por la proyección de las decisiones que encierran y los compromisos que irrogan al Estado. Entre ellas, y desde antiguo, la política exterior es un ámbito confiado por distintas Constituciones al Presidente de la República, de quién se espera que en su ejercicio exprese los valores, las identidades y los intereses compartidos por el grueso de la nación.
Multilateralismo, defensa de los derechos humanos y medio ambiente, apego al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, y la muy importante globalización económica y comercial de la economía chilena, han sido enunciados permanentes en la acción internacional del Estado, y sobre ellos y otros se edificaron en las últimas décadas los ejes internacionales del país.
La crisis de 2019, no obstante, supone un punto de inflexión que también compromete una reflexión sobre la política exterior, en tanto la exhorta a evaluar su rumbo, las prioridades y estrategias de su ejercicio. Todo indica que su esfuerzo en adelante será congregar nuevos consensos, varios de ellos en gestación. Sin ir muy lejos, recoger el empoderamiento de los gobiernos regionales y locales, cada día más conscientes (e impacientes) del papel internacional de sus territorios y recursos. Conjugar una relación armoniosa entre la política exterior y gobiernos regionales y locales, por ejemplo, en el campo del ordenamiento territorial que comprometan a cuencas hidrográficas compartidas, constituye una tarea de futuro que, si no se sincera en términos legales, alberga un potencial de conflictividad especialmente en las regiones del sur y el extremo norte.
Lo mismo ocurre con las estrategias del litio e hidrógeno en marcha, sujetas a visiones que no logran aún sintonizar con los cambios sociales que reclaman la inadvertencia y desatención de los intereses de las comunidades originarias y locales. Es lo que ocurrió semanas atrás con las protestas de las comunidades atacameñas ante la nueva estrategia del litio que presentó el gobierno, y lo que probablemente podría ocurrir en el caso del hidrógeno verde en el sur, o el fraccionamiento sin una matriz consensuada con las regiones de las políticas ambientales y marítimas.
Combinar estos (mega) desafíos con una lectura actualizada del momento internacional, entender la posición de Chile ante la irrupción de nuevos polos de interés geopolítico, valorar el territorio, sincronizarla con un Estado sin compromisos ideológicos, y orientarla hacia prospectivas de futuro, son parte de las tareas futuras de la política exterior chilena, en orden a encontrar un nuevo equilibrio que evite el nivel de críticas alcanzado.
Un ejemplo de lo anterior es el debate sobre el Territorio Antártico Chileno en la nueva Constitución, que exhibe una cadena de debilidades con vacíos que urge resolver. El abandono que acusa el extremo austral de Chile -el mismo que se observa en el altiplano-, debilita la posición internacional del país y exponen los problemas de nuestra política exterior de orientar con miradas estratégicas a las demás políticas públicas.