Fue a través de una notificación informada al primer tribunal civil de Antofagasta, el pasado jueves, que el receptor judicial de la medida precautoria que solicitó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el denominado Caso Convenios, informó al tribunal que solo halló $294 millones en la cuenta corriente que la Fundación Democracia Viva posee en el Banco Estado.

"Procedí a realizar la retención de bienes decretada en autos, sobre la cuenta corriente de propiedad de Fundación Democracia Viva, por la suma de $ 294.957.312 únicos dineros disponibles en la cuenta al momento de la diligencia. Mismos que deberán ser depositados en la cuenta corriente del Banco Estado, de propiedad del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta", indicó el funcionario Manuel García.

La cifra dista de lo que está solicitando la cartera de Vivienda, la que junto al término anticipado de los tres convenios y al rechazo de la reposición de recurso jerárquico interpuesto por DV, pidió que se restituyeran $391 millones a las arcas fiscales. Es decir, en la cuenta de Democracia Viva hay casi $100 millones menos.

Diferencias

De acuerdo a la documentación dispuesta por el CDE, los tres convenios suscritos por Democracia Viva presentan distintos grados de cumplimiento y avance tanto técnico como financiero.

Según a las rendiciones presentadas, la mayor diferencia entre lo aprobado por el Minvu y lo rendido por la cuestionada organización, se presenta en el convenio para habitabilidad primaria en el Campamento Ecuachilepe. De los $200 millones entregados, la seremi Minvu aprobó la rendición de $23.518.168, correspondientes al 14.3% del total de recursos asignados y rechazó rendiciones de los primeros cuatro meses del año, que superan lo $50 millones.

Cabe indicar que, de acuerdo a la resolución dictada por el Minvu, una de las razones para dar término anticipado al convenio fue la mala utilización de los fondos, en particular, el porcentaje destinado a recursos humanos y gastos operacionales. Las orientaciones de convenios de los años 2020 y 2021, indicaban que los ejecutores del programa de asentamientos precarios debían destinar el 80% de los recursos para obras y el 20% para recursos y gastos operacionales, pero en el caso de Democracia viva, la seremi del Minvu afirmó que DV ocupó el 41.69% de los recursos del convenio en gastos de recursos humanos y operacionales.

Algo que también observó en la resolución de término para el convenio que DV debía ejecutar en el campamento Irarrázabal. De los $170 millones entregados, la seremi solo reconoce el gasto de $2.287.625 (1.3% de los recursos) y rechazó casi $16 millones de pesos presentados para rendición durante el 2023. En este caso, el uso de los recursos para gastos de personal y operativos llegaron al 36%.

Por último para el caso del convenio por $56 millones para desarrollar diagnósticos socio-territoriales en distintos asentamientos de la comuna, el Minvu solo reconoció el gasto de $3.425.698 (6.1%) y rechazó cerca de $14 millones. De acuerdo al análisis del Minvu, luego de ocho meses, el convenio solo presentaba un 16% de avance de actividades y el equipo de trabajo correspondía en su mayoría a profesionales de Santiago, lo que contravenía una de las cláusulas del propio convenio que solicitaba al menos el 50% de profesionales locales.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la medida de restitución de fondos se vería dificultada ante la ausencia de boletas de garantías que respaldaran la entrega de recursos por parte del Minvu a las distintas fundaciones cuestionadas. Algo que se vería agravado en el caso de Democracia Viva, quien según el informe empresarial, no posee ningún bien que permitan acrecentar su patrimonio o respaldarle ante posibles demandas.

Investigaciones

En tanto, en una arista derivada del caso convenios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que están investigando a 18 fundaciones que, a su juicio, ya que estarían "abusando" de su personalidad jurídica, lo que en términos jurídicos está considerado como una mala práctica. Ayer además se dio a conocer el detalle de las 18 fundaciones de las que existen sospechas .

De las 18 organizaciones cuestionadas, la mitad presentan proyectos en Antofagasta. Junto a Democracia Viva, están siendo investigadas la Asociación Campamento Ideas, Fundación Cultural Tomarte, Fundación de Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra, Espacio Lúdico que suscribieron convenios con la seremi del Minvu para el programa de asentamientos precarios.

Las indagaciones del Minju también alcanzaron a la Fundación Aracata Creaciones, Fundación en Todo Amar o Servir y Fundación ProCultura que fueron contratadas por el Gobierno Regional para proyectos de carácter social, de apoyo a postulación de iniciativas y de restauración patrimonial.

Con el objetivo de abordar de manera integral el fenómeno de las drogas en Antofagasta, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) constituyó el Comité Regional de Prevención y Rehabilitación.

La instancia, integrada por representantes de diversos servicios públicos e instituciones privadas, busca generar las condiciones para desarrollar el Plan de Acción 2024-2030 de la Estrategia Nacional de Drogas, que se adapte a las características y necesidades específicas de la región.

La constitución del comité regional fue encabezada por la directora nacional de Senda, Natalia Riffo, junto a la delegada presidencial, Karen Behrens.

Durante la reunión, Riffo recordó que el fenómeno de las drogas tiene múltiples causas, lo que obliga a tener una mirada integral con una fuerte perspectiva territorial. "En Antofagasta estamos en 6 de las 9 comunas de la región, pero necesitamos un abordaje coordinado para que más allá de lo que hagamos en Senda, la prevención y rehabilitación esté presente en toda política pública", afirmó.

En tanto, la delegada, Karen Behrens, valoró la instancia y aseguró que "esta estrategia y plan de acción debe tener una mirada territorial. "Sabemos que este es un tema que se está arrastrando desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero también sabemos que las dinámicas del consumo y otros temas relacionados con ello, han ido variando, por lo que se necesita un abordaje que sea actualizado y con un enfoque intersectorial"

El comité regional es el undécimo en ser constituido a nivel nacional y se suma a la reciente constitución del comité interministerial de prevención y rehabilitación, integrado por los ministerios del Interior, Justicia, Desarrollo Social, Trabajo, Educación; y Salud.

Los comités regionales buscan consolidar una agenda regional de medidas para prevenir y reducir el consumo de alcohol y otras drogas, así como promover la rehabilitación y la integración social de las personas afectadas por el uso de estas sustancias.

Asimismo, se espera fortalecer la coordinación entre los distintos organismos y servicios involucrados, potenciando el trabajo en red y la utilización de recursos de manera eficiente.