Tras el incumplimiento por parte de la municipalidad, de la Resolución de Exigencias Sanitarias N°119, que obligaba a la municipalidad, en un plazo de 48 horas, a realizar un efectivo aseo de las calles de la ciudad con el propósito de evitar focos de insalubridad y microbasurales, la seremi de Salud abrió ayer un sumario sanitario a fin de determinar responsabilidades en la falta de servicio de aseo.

Mediante un comunicado, Pasme Seleme, fiscalizadora de la Unidad de Alimentos de la seremi de Salud, anunció el inicio del procedimiento. "El sumario sanitario surge del incumplimiento de la resolución 1199, de 2 de agosto 2023, donde establecen exigencia y plazos a la municipalidad, para resolver el tema de barrido de calles. En virtud de situaciones constatadas en terreno, donde es posible ver que se está acumulando una cantidad de basura importante, proliferación de insectos, basura domestica o asimilable, tachos o basureros colmados, en fin condiciones que podrían albergar roedores, insectos y malos olores con alguna consecuencia en la salud de las personas", dijo.

"Es importante señalar que este sumario nace de una serie de situaciones anteriores donde la municipalidad no dio respuesta, como el oficio del viernes pasado donde se solicitó que, en un plazo de 48 horas, nos entregue un plan de continencia, que no cumplió, luego se tramita la resolución exenta con exigencia y plazos la cual tampoco dio cumplimiento la municipalidad, llegando finalmente al inicio de un sumario sanitario", sostuvo Seleme.

Dado el inicio del sumario, y consultados por las acciones que estudian, el edil Waldo Valderrama, manifestó que "estamos en constante evaluación en cuanto a los requisitos que se necesitan para presentación de una acusación por abandono de deberes, pero no es algo que se desarrolle en forma rápida. Hay que recabar más antecedentes. Algunos concejales lo hemos solicitado, para ver si se cumple, pero con solo ver la negligencia que hay respecto de este contrato en la ciudad podemos ver un claro indicio de que hay un alcalde que no tiene la capacidad, ni el compromiso de resolver los problemas que la ciudad sufre".

En la misma línea, la concejala Karina Guzmán, sostuvo que "es una situación muy grave hasta esta hora no tenemos información de parte del alcalde siendo que fue notificado a mediodía. Por mi parte solicitaré nuevamente información, ya que el alcalde se comprometió a entregarla el miércoles".

Suspensión

Sobre el mismo tema, durante la jornada de ayer, el Tribunal de Contratación Pública (TCP), decidió ampliar por otros 15 días la suspensión del proceso licitatorio del contrato de barrido (que ya había sido suspendido por 15 días el 17 de julio) a raíz de un recurso de impugnación interpuesto por la empresa Soloverde S.A. oferente en el proceso.

Dicha situación, mantiene en incertidumbre la adjudicación del proceso licitatorio en cuestión, por lo que la municipalidad busca llegar a un nuevo trato directo por 30 días, donde el único oferente hasta ahora, es la empresa Demarco S.A.

Consultado por la legalidad de este nuevo trato directo, el abogado Ramón Miranda, explicó que "no está prohibido que hagan un trato directo con Demarco. Se propondrá en concejo donde se votará si lo aprueban, rechazan o se abstienen. Si se abstienen, será el alcalde quien lo apruebe en el plazo que tiene para hacerlo (20 días), eso sí, acreditando una situación de urgencia y emergencia. Hay un dictamen de Contraloría, que mostró Control, que establece que el alcalde, en casos de emergencia, tiene todas las facultades con tal de evitar una catástrofe pública, entonces se fundan en eso para poder hacer estos movimientos y fundamentarán la elección de Demarco, diciendo después que fueron los únicos que se presentaron".

Sobre el punto, el diputado Sebastián Videla, sostuvo que "es preocupante la cantidad de tratos directos entregados a la empresa Demarco (...) es insólito que el TCP no tome en cuenta que su decisión afecta a miles de ciudadanos por la lentitud para resolver esta situación, sabiendo que Control dio un informe positivo esta licitación de suma alzada".

Fue pasado el mediodía de ayer, terminada la audiencia en el tribunal, donde se le notificó a la familia de Aliro Álvarez (joven muerto y desaparecido en 2001, cuyo cuerpo apareció en 2005 con dos agujeros de bala en el cráneo), que el abogado de la familia, Jorge Cortés Monroy, explicó que el condenado por este homicidio, el exsocio de Alvarez, Israel Álvarez, cumpliría su sentencia en la capital.

"Por orden del Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, fue ordenado su ingreso a la unidad Penal de Santiago para cumplir la pena impuesta por la Corte Suprema y no habrá traslado a Antofagasta a menos que el condenado así lo solicite a Gendarmería", dijo.

Consultado por la deuda que el condenado llegó a tener con Aliro, mientras éste vivía y los montos compensatorios a causa del juicio, el litigante sostuvo que "jamás el condenado ha pagado lo adeudado menos tampoco las indemnizaciones fijadas por el tribunal. No creo que lo haga voluntariamente o que tenga bienes".