Uno de los nombres que ha aparecido reiteradamente en el Caso Convenios es el de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (RD), quien lideró la modificación de normas para flexibilizar la entrega de recursos desde los gobiernos regionales (Gore) e integra el Consejo de Auditoría que ordenó a los ministerios no informar las transferencias a privados. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que Martínez "es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido por su conocimiento, dedicación y por su honradez".
Esta opinión, indicó el secretario de Estado en Canal 13, es porque "yo que he conocido a todos los directores de Presupuestos desde la vuelta a democracia", y "en esa comparación incluyo a todos los directores de Presupuesto, incluso a mí mismo", pues Marcel ocupó este cargo durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
Por ello, "creo que cometemos un error muy serio cuando en presencia de una irregularidad, en lugar de preocuparnos por quienes cometen la irregularidad, quienes son directamente responsables, empezamos a buscar a otras autoridades simplemente porque son más visibles, tienen militancia política, en fin, es una mala señal que le damos al país", agregó.
Además, los cambios a las normas presupuestarias realizadas entre 2022 y 2023 "muestran que fueron en la dirección correcta", dijo el titular de Hacienda, y "a lo mejor no fueron todo lo lejos que deberían llegar", pero, "como mencionaba, hay algunas de estas cosas que están planteadas para una reforma más permanente".
"Este es un Gobierno que tiene clara sus prioridades y ha logrado poner los recursos donde realmente se necesitan", aseguró Marcel.
Montes aclara
El viernes se supo que en junio de 2022, se emanó una orden del Consejo de Auditoría del Gobierno pidiendo no informar las transferencias de las diferentes carteras a privados. Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que sin ese cambio "podría haberse sabido más tempranamente todo" sobre el Caso Convenios, cuyos montos investigados sobrepasan los $13.000 millones.
Sin embargo, ayer la autoridad envió un escrito a los medios para "precisar" sus palabras: "Sobre los datos que dejaron de solicitarse en junio 2022, y habiendo recabado toda la información, quiero señalar que por ser muy agregada no habrían permitido determinar potenciales irregularidades específicas del Caso Convenios".
Horas antes, Marcel había aclarado que "hace poco la directora del Consejo de Auditoría del Gobierno, Daniella Caldana, emitió una declaración que dice que en realidad esas decisiones no fueron del Consejo, sino de ella. De hecho, el Consejo no se ha reunido". Además, el organismo está funcionando con tres miembros de seis, ya que el Presidente Gabriel Boric aún no los nombra.
Montes agregó que "las auditorías preventivas que implementaremos en el ministerio nos permitirán detectar de mejor manera las inconsistencias entre los productos solicitados, como en este caso, la experiencia y objeto de las fundaciones, así como el irrestricto respeto a normas sobre uso de fondos públicos e integridad", ya que esa cartera suscribió el contrato con Democracia Viva y otras fundaciones.