Un medio de tiraje nacional ya planteaba la tesis que muchos/as analistas políticos/as veníamos pensando: de qué manera el Caso Convenios impactaría de manera negativa los procesos de descentralización del país (EMOL, 10/08/2023). Específicamente el artículo periodístico se refiere al "caso lencería" en el Bio-Bio y al de la fundación Procultura en Antofagasta, precisando que las discusiones político-legislativas pudiesen retroceder en la entrega de mayores atribuciones financieras y autonomía en el uso de los recursos a las regiones. Recordemos que en julio recién pasado, la Contraloría General de la República declaró ilegales 29 (85%) de 34 convenios (suscritos en 2023), a los que se les congeló la tramitación de más de $13 mil millones, 22 convenios (76%) pertenecientes al Gore de Los Lagos.

Las causas principales de las objeciones obedecen a fundaciones creadas sólo para efecto de los proyectos ('trajes a la medida), con 'giros eclécticos' o sin la experticia necesaria para la ejecución de las obras, falta de claridad en los ítems de gastos, e inexistencia del registro de personas jurídicas capaces de recibir los fondos públicos y las transferencias del Estado. Una serie de elementos que podrían inclusive retrasar al menos en cuatro años las discusiones políticas sobre la tan anhelada ley de rentas regionales, según el diputado Eric Aedo (DC). La Directora de la Asociación Nacional de Consejeros/as Regionales, Tania Concha (PC) enfatiza que sin descentralización no hay crecimiento ni desarrollo económico para las regiones. De acuerdo a Heinrich von Baer, ex - presidente de la Fundación Chile Descentralizado, están pagando justos por pecadores, dado que el uso inadecuado de mayores grados de autonomía y flexibilidad financiera han permitido el desarrollo de prácticas poco prolijas y malas conductas de gastos públicos a nivel regional.

Los nuevos tiempos exigen transformaciones políticas y productivas que requieren la articulación de actores públicos, privados y políticos (CEPAL, 1990), y según Sergio Boisier (1992) la descentralización política del Estado es fundamental, pues constituye la condición sine qua non para profundizar en las buenas gobernanzas de democracias sanas (Iván Finot, 2001). Al respecto, Finot distingue dos tipos de descentralización: la 'política', que implica el traspaso "de todo el proceso de provisión de algunos bienes públicos desde el ámbito nacional hacia ámbitos subnacionales" (2001: 7); y la 'económica', que operativamente debiera garantizar el acceso igualitario de toda la ciudadanía a una especie de 'canasta social regional'. Finot es enfático en señalar que más allá de las cuestiones económicas, los aspectos de gobernanza política son prioritarios, debido a que posibilitan el traspaso de mayores facultades para manejar políticamente la región. Más allá de una 'billetera fiscal regional', como señaló el Gobernador del Bío-Bío en su mea culpa, Rodrigo Díaz, lo político genera una credibilidad frente al Ejecutivo, afectando positivamente la imagen reputacional de los gobiernos regionales y, por supuesto, de sus liderazgos probos.

La descentralización política es eminentemente territorial, pues la participación ciudadana en la toma de decisiones debiera ser contabilizada en los impuestos locales a través de considerar los aportes que realiza la ciudadanía por medio de sus organizaciones sociales (en dinero, trabajo y materiales) para la provisión de bienes y externalidades públicas. Así, las experticias que se requieren en la región debieran ser buscadas aquí mismo y no en organizaciones centralistas. Desgraciadamente, habría una relación directa entre descentralización y corrupción, sobre todo por la escasez de control desde el gobierno central y el mayor grado de relaciones personales entre autoridades y proveedores (Vito Tanzi y Hamid Davoodi, 1997). Sin embargo, si hay una mayor fiscalización ciudadana la descentralización cumpliría sus objetivos, evitaría la corrupción y no potenciaría nuevos centralismos.

Francis Espinoza F.

"

Más allá de una 'billetera fiscal regional', como señaló el Gobernador del Bío-Bío en su mea culpa, Rodrigo Díaz, lo político genera una credibilidad frente al Ejecutivo, afectando positivamente la imagen reputacional de los gobiernos regionales y, por supuesto, de sus liderazgos probos.

"

En economía predecir el futuro representa un camino altamente complejo y plagado de vericuetos. Los modelos que se utilizan en estos casos se basan fundamentalmente en las "expectativas racionales" de los agentes económicos - consumidores, trabajadores, empresarios -, donde se asume que en promedio la visión que tienen estos agentes es la correcta, cuando se la proyecta en el tiempo.

Pero una cosa es la teoría, y otra muy diferente la realidad. Es un hecho de la causa que cuando las personas se forman una opinión negativa sobre el devenir de la macroeconomía en base a todas las variables disponibles, esas expectativas son muy difíciles de revertir en el corto y mediano plazo, ya que están íntimamente ligadas a factores de confianza, a temas que tienen que ver - incluso -, con la psicología de masas. Las declaraciones públicas, o de buenas intenciones del gobierno, no producen movimientos importantes en la curva de las expectativas, pues éstas cambian de manera sustancial sólo ante hechos económicos tangibles, concretos, generados durante un período representativo de tiempo.

Es obvio que la economía chilena sufre actualmente un prolongado estancamiento, el cual se ha intensificado durante la actual administración. Para el año en curso, se espera una disminución del 0,5%, mientras que durante el año 2024 el país apenas alcanzaría un crecimiento levemente superior al 1%. El estancamiento chileno es el más acentuado entre las naciones relevantes del continente. Y esto tiene mucho que ver con las negativas señales provenientes desde el gobierno en el último tiempo, donde la fallida reforma tributaria sembró demasiadas dudas sobre su real impacto en las personas y empresas de todos los tamaños, y sigue haciéndolo. No es un dato menor transferir 2,7% del PIB desde el sector privado al sector público para crear nuevas estructuras administrativas. Esta inmensa transferencia de recursos se transformará en otra gran burocracia estatal, y la posibilidad cierta de hacer mal uso de los fondos (corrupción), lo cual agrega más volatilidad a unas expectativas ya deterioradas.

Las declaraciones de altos personeros oficialistas tampoco ayudan a despejar las dudas de los agentes, de los consumidores. Basta que exista una polémica con algún sector de la economía, para que surjan voces de varios ministros criticando de manera generalizada - y concertada -, a los empresarios como un todo. El mismo Presidente cae en este juego y siembra dudas sobre las ventajas inherentes al capital privado.

Es importante tener presente que en el complejo mundo de la economía, las confianzas se ganan con hechos concretos; la inversión y el consumo privado no regresan sólo porque algún ministro pide que así suceda.

José Miguel Serrano

Opinión

"

Es importante tener presente que en el complejo mundo de la economía, las confianzas se ganan con hechos concretos; la inversión y el consumo privado no regresan sólo porque algún ministro pide que así suceda.

"

Dra. En Ciencias Políticas y Estudios Internacionales

Economista Universidad de Columbia