José Hidalgo Zamora (66) fue el hombre que sostuvo el megáfono al Presidente Gabriel Boric la tarde del jueves, cuando el Mandatario salió de La Moneda para irrumpir en una manifestación por la demanda habitacional. Según contó ayer, él es miembro del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, además de funcionario de la Municipalidad de La Pintana. Debido a este último cargo y que la protesta fue realizada en horario de trabajo, la Contraloría solicitó un informe a las autoridades de la comuna.

El ente fiscalizador destacó en Twitter que Hidalgo participó en "una actividad ajena al cumplimiento de sus funciones municipales y durante el horario que correspondería a su jornada laboral".

La municipalidad respondió que "Hidalgo es funcionario profesional de planta, grado 6 directivo, desde el 23 de abril de 1996", por lo que su salario bordea los $3 millones, sumado a bonos y gratificaciones.

La Pintana reconoció que el trabajador "se habría ausentado de su lugar de trabajo para participar en un acto en las cercanías del Palacio de La Moneda, el cual no se enmarca dentro de una actividad municipal".

El funcionario, sin embargo, dijo en La Tercera que la alcaldesa Claudia Pizarro le ha "fabricado" 12 sumarios: "Ella, desde que llegó a su cargo, no ha respetado mi calidad de funcionario y no me ha entregado labores. Hace seis años me está pagando un sueldo sin pedirme nada que hacer o que yo pueda desarrollar en mi calidad de jefe de desarrollo comunitario".

Hidalgo insistió en que su millonaria renta "me la pagan los contribuyentes, por lo tanto, he diseñado un plan de trabajo con la comunidad y el comité de allegados y, en ese trabajo, hasta el momento hemos contribuido a la comuna".

El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que el funcionario ha sido también "denunciado por malas prácticas y por violencia. O sea, esa es la persona que le entrega un megáfono para arengar a la movilización al Presidente de la República. Me parece bien preocupante y, evidentemente, lo decía, hay que preocuparse de habitar el cargo, es una propia reflexión que el Presidente hizo cuando asumió como primer Mandatario y esperamos que la pueda volver a tener".

"se ponen nerviosos"

Boric respondió que "ustedes ya me conocen. Soy una persona de convicciones firmes. Ayer (el jueves) había una marcha de pobladores de diferentes sectores de Santiago, luchando por el derecho a la vivienda y salí a saludarlos. Fui afuera de La Moneda y estuve con ellos, conversando con ellos un rato. Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen no es propio del Presidente".

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo que "cuando a uno lo van a visitar a la casa puede salir a recibir (...) ¿Por qué va a ser un problema recibir a la gente que se está movilizando?".

Ayer arribó a La Moneda el autodenominado Team Patriota, en una protesta que no fue saludada por Boric.

El miércoles, trabajadoras de Integra también protestaron frente a Palacio, y el Presidente no salió a saludar. La presidenta del Sindicato Nacional N°1 de Integra, Rosa Hueraleo, sostuvo a Emol que ello "demuestra que (Boric) privilegia su agenda".

El día después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que anula el último reajuste de la Prima GES de las isapres en 2022 y las obliga a rebajar este monto al de 2019, la situación de las aseguradoras de salud privada fue objeto de debates desde múltiples miradas y muchas de las opiniones coincidieron en que se trata de algo que puede terminar afectando seriamente a los afiliados.

Así lo expresó el exsuperintendente de Salud Héctor Sánchez, quien advirtió que una muestra de esto es que las isapres Banmédica y Vida Tres, de propiedad de Empresas Banmédica, además de Colmena, decidieran frenar la búsqueda de nuevos afiliados y suspender la venta de planes de salud.

"Al final la cuenta la están pagando los afiliados", sostuvo Sánchez en entrevista con Radio Universo. Y recordó que "las isapres, -las cuatro más importantes que representan dos millones y medio de afiliados- son de dueños extranjeros. Por lo tanto lo que va a pasar es que van a ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -como ya lo han hecho algunas- y van a presentar recursos y van a recuperar las pérdidas que tengan. Y la vamos a pagar todos los chilenos".

Incluso el actual superintendente, Sebastián Pavlovic, aunque afirmó a CNN que "conceptualmente no es descabellado", añadió que "lo complicado es que invade una función que es legislativa y lo hace sin el proceso adecuado para la regulación de tarifas. En algunos mercados de Chile ya existe regulación de precios, pero ahí hay todo un proceso técnico que justamente considera las consecuencias nefastas que podría tener para la industria y, a largo plazo, para el país. Aquí nada de eso ha ocurrido".

Apuesta por ley corta

Sin embargo, la ministra de Salud calificó la decisión judicial como algo "que estaba dentro de lo esperado, es el tercero que emite la Corte Suprema relacionado a la judicialización de las isapres. Primero fue el relacionado con el ajuste del precio base, el año pasado; después la tabla de factores, que motivó el envío de la ley corta, que está actualmente en tramitación en el Senado; y la prima GES, que estábamos a la espera que se resolviera".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, puso énfasis en que "uno de los aspectos que yo creo que era relevante en la ley corta de isapres, y que fue anticipado por la ministra Aguilera, es que deberíamos tener una norma para efectos del GES, anticipando un poco lo que podía suceder acá y eso está en la ley corta, así que yo creo que el espacio natural, razonable para resolver de una vez este problema estructural es la ley corta de isapres".

La firma Andes Iron, dueña del proyecto minero-portuario Dominga en la Región de Coquimbo, presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, para solicitar que la resolución emitida el pasado 30 de junio por el Consejo de Ministros (CM) que dejó sin efecto la calificación ambiental favorable, sea declaradas ilegal.

En su escrito, la empresa señala que el CM contradice e ignora abiertamente todos los razonamientos contenidos en la sentencia dictada el 16 de abril de 2021 por el propio Tribunal Ambiental respecto al proyecto Dominga: se indica en el recurso que dicho Comité demostró un actuar absolutamente refundacional al pretender que las etapas técnicas y judiciales anteriores del proceso de evaluación ambiental de Dominga, que se extiende por 10 años, no le eran vinculantes y podía partir desde cero en el análisis del proyecto.

La firma señala que el CM decidió despojar al Tribunal de la facultad de pronunciarse sobre el contenido técnico-ambiental, convirtiéndolo en un mero anulador de resoluciones administrativas, arrogándose ilegalmente la prerrogativa de conocer y de resolver todas aquellas cuestiones que fueron conocidas y resueltas por el Tribunal.