La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentó ayer la segunda etapa de la Ley de Plásticos de un Solo Uso, que comenzará a regir desde hoy. La normativa exige que "todos los almacenes, tiendas de conveniencia y estaciones de servicio deben contar con la posibilidad de vender bebidas con envases retornables", explicó la autoridad.

Lo anterior significa que "la vecina o el vecino, como se hacía antiguamente, venga de su casa con su envase y se lleve la bebida con un envase retornable", detalló Rojas.

Esta normativa dispone que los recintos comerciales tengan por lo menos 30% de disponibilidad en envases retornables y recibir los que los llevan los clientes.

La fiscalización de la ley estará a cargo de las municipalidades, que tendrán que verificar en terreno que los locales tengan el stock respectivo. Y los locatarios que no lo cumplan se arriesgan a multas de 1 a 20 UTM (63.199 a 1.263.980 pesos al valor de agosto), que varían según el tiempo que estén sin stock (una UTM por día). Igualmente, los consumidores pueden realizar la denuncia en el respectivo Juzgado de Policía Local para que cursen las multas correspondientes.

Redacción

Esta semana se profundizó la crisis de incertidumbre que enfrentan las isapres desde el fallo de la Corte Suprema de diciembre en el que se les obliga a aplicar la tabla de factores de 2019 y devolver los cobros en exceso a sus cotizantes. Una nueva resolución del máximo tribunal dejó sin efecto el alza de la primas GES de 2022 y ordenó volver a la de 2019. Y si bien esta vez no se refirió a reembolsos para los afiliados, estableció que la Superintendencia de Salud sería la que definiera ese punto.

Este nuevo fallo podría significar 516 millones de dólares de déficit anual para las aseguradoras privadas de salud, lo que sumado a los 1.400 millones de dólares que -según la Superintendencia de Salud- deben restituir tras el "supremazo" previo sobre las tablas de factores, casi cuadruplica su patrimonio.

Por ello, los actores políticos buscan encontrarle una salida a este problema ya que podría terminar con la quiebra de algunas de estas empresas que prestan servicios a tres millones de chilenos. Mañana al mediodía está citada la sesión especial de la comisión de Salud del Senado donde se invitó a los ministros de Salud, Ximena Aguilera, y de Justicia, Luis Cordero, para analizar la situación y posibles soluciones.

El senador Francisco Chahuán (RN), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, afirmó que en el Congreso trabajan en "el Comité Técnico está trabajando en una solución que les dé certeza jurídica a los pacientes y a los prestadores de salud".

"Hemos afirmado con mucha fuerza que cualquier solución no puede implicar recursos fiscales adicionales. Acá se requiere resolver desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera con los recursos que hoy día están disponibles y no considerando un aporte de recursos adicionales del Estado", añadió el legislador de oposición.

Muchos millones

Por su parte, su par socialista Juan Luis Castro, médico de profesión, advirtió que "el fallo de la Corte Suprema sobre las primas GES es muy importante porque hay muchos millones de dólares en juego dado que hubo cobros en exceso desde octubre del año pasado. Esto es una parte del precio final que paga la gente".

El senador del PS adelantó que en la convocatoria para la reunión de mañana "van a estar las isapres y van a estar los parlamentarios. Porque en la comisión de Salud tenemos el mejor ánimo. Pero si esto no tiene el concurso del Gobierno, ¿cómo hacemos para salir adelante en un escenario muy complejo de endeudamientos, de virtuales colapsos y de afectación también del sistema público del Fonasa que se atienden hoy día en clínicas privadas?".

Mientras, la presidenta de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, destacó que "la diferencia con el fallo anterior relacionado con la tabla de factores, la Corte Suprema no ordenó esta vez la devolución de los excesos o las diferencias cobradas entre octubre del año pasado y esta fecha".

Además, subrayó que "la propuesta del Ejecutivo (la ley corta de isapres), es importante recordarlo, ya se hacía cargo de este asunto al considerar una definición para las primas GES. Lo que ahora queda por delante es ver cómo va a resolverse el caso a caso por la Superintendencia de Salud".

Las constituciones buscan limitar el poder con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas. Un mecanismo para lograr ese objetivo es la clásica separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Luego, para garantizar su autonomía respecto de estos poderes, se incorporaron a nivel constitucional otros órganos. Entre ellos encontramos a la Contraloría General de la República, encargada del control de la Administración; al Tribunal Constitucional, a quien se le encomienda especialmente el control de las leyes; o el Ministerio Público, cuya autonomía es clave para distinguirlo del Poder Judicial y protegerlo de injerencias políticas.

A mayor división, menor concentración del poder. Una excesiva subdivisión, sin embargo, aumenta la burocracia y la ineficiencia. Ese es un peligro que se advierte en el proyecto de nueva constitución con la creación de nuevos consejos dentro de los órganos autónomos y del Poder Judicial.

De acuerdo al proyecto, el Fiscal Nacional deberá oír a un Consejo Consultivo antes de la aprobación de la política de persecución criminal de la institución y la determinación del plan de metas institucionales. La creación de este órgano colegiado le quita poder al Fiscal Nacional y hace más lenta la toma de decisiones. Además, corre un riesgo de politización por el origen de sus miembros. Uno sería el Ministro a cargo de la seguridad pública o a quien este designe. Otros podrían ser designados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la mujer y equidad de género, así como el Presidente de la República y el Senado.

Algo parecido ocurre con la Contraloría General de la República. La Constitución crearía un Consejo Técnico Asesor que deberá ser oído por el Contralor antes de modificar la resolución que determina los actos administrativos decisorios afectos a toma de razón, de emitir dictámenes de oficio y fijar los organismos que deben ser fiscalizados (lo cual, en realidad, debe ser establecido por ley). Las enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional proponen distintos mecanismos de nombramientos, incluyéndose la designación por el Senado.

Esto se suma a la multiplicidad de órganos a nivel constitucional relacionados con el Poder Judicial, los cuales le quitan peso a la Corte Suprema. Por ejemplo, se crea un organismo encargado de nombramientos de jueces, el cual incluye entre sus miembros una persona designada por el Presidente de la República y dos personas designadas por el Senado. Aunque estos nombramientos se hagan previo concurso público, igual existe un riesgo de politización en ellos. También se constitucionaliza un órgano encargado de velar por el correcto actuar de los jueces, otro encargado de su formación y otro encargado de la función de administración del Poder Judicial, además de un Consejo Coordinador de todos los anteriores.

La burocratización del Poder Judicial y de órganos tan relevantes para la persecución de abusos por parte del Estado, como son la Contraloría y el Ministerio Público, no es una buena señal para la ciudadanía. La eficacia de una Constitución para proteger derechos no se mide tanto por reconocerlos más o menos extensamente, sino por garantizar una adecuada institucionalidad para protegerlos.

"Una excesiva subdivisión, sin embargo, aumenta la burocracia y la ineficiencia. Ese es un peligro que se advierte en el proyecto de nueva constitución con la creación de nuevos consejos dentro de los órganos autónomos y del Poder Judicial".

*Profesora de Derecho Constitucional e

Investigadora POLIS Observatorio Constitucional Universidad de los Andes.