Consejeros constitucionales del oficialismo, agrupados en Unidad para Chile, denunciaron hace unos días una supuesta infracción reglamentaria en las enmiendas presentadas por Chile Vamos y el Partido Republicano, al incorporar nuevos apartados al proyecto de nueva Constitución, sobre Seguridad pública, Fuerzas Armadas y Defensoría de las víctimas. La Corte Suprema desestimó ayer el recurso.

El secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, detalló que "las enmiendas fueron interpuestas dentro del plazo de 40 días con el quórum legal y por escrito, precisando la modificación que se propone consistente como se dijo en agregar determinados capítulos y cambiar la denominación de otros, por lo que en lo formal cumplen con los requisitos del artículo 71 del citado reglamento".

Esto, "permite aprobar con modificaciones al anteproyecto sin que se imponga una limitación del tenor de la denunciada", explicó el abogado. Además, "tampoco se aprecia una infracción desde que el legislador reguló expresamente los casos de inadmisibilidad de una enmienda, limitándolos a aquellos en que se pretenda la sustitución global de un capítulo o se trate de enmiendas subsidiarias, lo que no acontece".

Sáez recalcó que "no se han admitido a tramitación enmiendas que por ley pudieran ser declaradas inadmisibles. Por el contrario, el reclamo se sustenta en una interpretación jurídica que escapa del concepto de vicio de procedimiento legislativo y principalmente del carácter esencial del mismo".

Las enmiendas propuestas por la oposición "no son conclusivas, únicamente proponen un cambio que deberá ser debatido en las instancias respectivas al interior del Consejo Constitucional, lo que limita la trascendencia de la supuesta infracción denunciada, de lo que se colige que tampoco ha podido existir perjuicio", destacó la Suprema.

"Por estas consideraciones y de conformidad de lo dispuesto en el artículo 152 y 156 de la Constitución Política de la República, se rechazan las reclamaciones deducidas en contra del Consejo Constitucional", cerró el secretario del tribunal.

"para eso fuimos electos"

La presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Republicanos), señaló tras el fallo que se "confirma que los consejeros constitucionales tenemos todas las facultades para proponer e introducirle cambios al texto de los expertos, todos los cambios que consideremos necesarios. Para eso fuimos electos y debemos cumplir con este derecho, pero también deber que tenemos con la ciudadanía".

Por esto "valoramos profundamente la decisión de la Corte Suprema, porque pone fin a la reclamación, y nos permite continuar con el cronograma establecido para el mes de agosto y las semanas que vienen", dijo Hevia, con miras al debate durante esta semana y las votaciones a fin de mes.

En la misma línea, el consejero Luis Silva escribió en X (antes Twitter) que "trabajaremos incluso en días no hábiles para cumplir los plazos y asegurar un proceso eficaz. Seguimos buscando consensos en temas claves".

La delegada de la bancada RN-Evópoli, Pilar Cuevas, afirmó en radio Cooperativa que "hemos hecho sintonía con lo que nos pidieron en campaña", siendo este uno de los "por qué rechazaron el texto anterior y por qué aprobarían este texto actual. Y una de las situaciones más importantes para la ciudadanía es la indefensión en que quedan las víctimas de delitos".

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió ayer a la Comisión de Salud del Senado junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, para abordar el impacto que puede tener el fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto el alza de precio GES realizada por las isapres en 2022 y ordena volver al cobro de 2019. Al respecto reconoció que las aseguradoras van a ver caer sus ingresos y "tenemos que hacernos cargo". Adelantó que el ajuste podría reflejarse "el próximo mes", aunque depende de temas técnicos.

Aguilera dijo que el Gobierno se anticipó a esta resolución e incluyó las primas GES en la Ley Corta de Isapres que tramita el Congreso: "Como Ejecutivo quisimos demostrar esta voluntad de regular el elemento de la prima GES, puesto que efectivamente la regulación actual no define una posibilidad de que la Superintendencia diga que es correcta o incorrecta la prima que define las isapres. Por eso nosotros en el proyecto de ley corta incluimos en el texto el que la Superintendencia tuviera la capacidad de fijar esa prima de manera de acabar con esa fijación unilateral de estos precios".

La ministra destacó que la Comisión de Salud del Senado creara un comité técnico para apoyar a los parlamentarios, el que extenderá su funcionamiento para que pueda analizar el nuevo pronunciamiento del máximo tribunal.

"Me parece que es una situación afortunada el que estemos con un comité técnico que está sesionando en el amparo de esta Comisión de Salud, y de que se haya solicitado un periodo mayor para que se analizaran los efectos, porque ciertamente va a haber una reducción en los ingresos en cuanto prima GES para las isapres y tenemos que hacernos cargo, puesto que todo el trabajo de la comisión técnica ha sido el modelar cuáles son los efectos financieros que tiene la sentencia de la tabla de factores sobre la estabilidad del sistema", detalló.

Un millonario pago deberá hacer Pilar Matte, hija del empresario Eliodoro Matte Larraín, tras lograr un acuerdo luego de ser acusada de contrabando de joyas.

La periodista fue imputada por la Fiscalía Occidente de ingresar al país paquetes con joyas de alto valor, declarando unas de menor cuantía.

En el marco del acuerdo logrado para la suspensión condicional del procedimiento, Matte deberá fijar un domicilio y pagar la diferencia de los aranceles involucrados, correspondiente a 10,5 millones de pesos.

Según explicó el fiscal Pablo Alonso, la imputada declaró joyas de alto valor como "bisutería" al llegar al país.

Entre las joyas, hay una pulsera avaluada en US$26 mil, la que declaró por US$14, un anillo de US$8.700 que declaró en US$59 y otra joya de US$4.370 que declaró por US$50.