La macrozona norte del país, cuyas fronteras se han posicionado como el principal acceso para la migración irregular, hoy enfrenta una serie de medidas activadas por el Ejecutivo para contribuir al control de áreas limítrofes y los delitos asociados a la vulnerabilidad de estos territorios.

Como parte de esta estrategia el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esta semana inspeccionó en Colchane, Región de Tarapacá, el primer Puesto de Observación Fronteriza en el norte del país. Una vez en operaciones esta instalación, que representó una inversión de más de $990 millones, se procederá a evaluar su funcionamiento para avanzar en otros dispositivos de observación fronteriza en la misma región, como también en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta.

Monsalve afirmó que con este nuevo equipamiento se mejoran sustantivamente las capacidades de control en áreas limítrofes. "El trabajo conjunto que hemos hecho permite que hoy día estemos en el proceso de recepción de instalaciones que en su conjunto componen un sistema integrado de control de la frontera".

"Los ingresos irregulares han disminuido un 42%. Si a esta fecha el año pasado se había detectado y detenido a más de 23 mil extranjeros intentando ingresar al país, este año la cifra ha bajado a 13 mil, lo que es fruto de lo que se está haciendo con la Ley de Infraestructura Crítica, que ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas; la Política Contra el Crimen Organizado, que ha hecho posible destinar recursos para mejorar la tecnología y la coordinación de las distintas instituciones que están en la frontera y en los puntos de ingreso y salida del país", añadió.

Baja en ingresos

De acuerdo a la Subsecretaría de Interior, basada en datos de la PDI, hasta el 31 de julio de ese año se registraba en el país un total de 28.103 denuncias y autodenuncias por ingresos por pasos no habilitados. Un 27% menos que a la misma fecha del año pasado. Cabe señalar que el registro no corresponde al lugar y la fecha del ingreso irregular, sino a la emisión del parte policial.

En tanto, registros de la Subsecretaría de Interior detallan que se mantienen este año las principales nacionalidades de extranjeros detenidos por haber ingresado irregularmente al país, aunque con una mayor proporción este año en el caso de Bolivia. Este listado en 2022 lo encabezaron venezolanos (78,4%), bolivianos (7,7%), colombianos (7,9%) y otras nacionalidades (6,0%). En 2023 este registro lo integran venezolanos (48,3%) bolivianos (36,5%), colombianos (7,2%) y otras nacionalidades (8,0%).

Mientras que en el caso del empadronamiento biométrico, que comenzó el 11 de julio pasado, se registran 212.320 mil personas inscritas. "El 59% de las inscripciones para empadronarse son en la RM, el 8% en Valparaíso, el 5% en Biobío, el 4% en Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins y Maule. Los Lagos el 3%. En Tarapacá y Atacama son el 2%", detallan datos oficiales, sobre un proceso que suma 31.752 extranjeros empadronados hasta el miércoles pasado.

Labor aún "al debe"

Para la diputada Yovana Ahumada (Ind-exPDG) hoy se cuenta con protección de fronteras "única y exclusivamente" por la presión ejercida por los diputados de la macrozona. "En particular solicité estado de excepción a través de un proyecto de resolución aprobado en el Congreso. Y el Ejecutivo hoy día habla de la disminución del ingreso de migrantes por las fronteras del norte de nuestro país, producto de que los militares se encuentran protegiendo nuestras fronteras. Eso ocurrió por el trabajo y la solicitud que se hizo de parte nuestra. El Ejecutivo en el proyecto de infraestructura crítica no tenía contemplado a la fuerza militar en la protección de la frontera. Por otro lado, el control biométrico para extranjeros es hoy día prácticamente voluntario y eso va a dejar a un gran número de personas extranjeras irregulares que nosotros no conocemos y tampoco sabemos dónde están".

Mientras que el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) plantea que debe aumentar la cantidad de migrantes que se integren al empadronamiento biométrico. "Las distintas medidas que se han tomado que constituyen una estrategia para controlar la grave crisis migratoria que tuvo nuestro país. Creo que ha ido dando resultados. Prueba de ello son los números que ha señalado el subsecretario Monsalve, que hablan de una baja ostensible de ingresos irregulares a nuestro país. Eso es una señal positiva. Sí creo que hay que levantar una alerta, particularmente en la macrozona norte y en Antofagasta, respecto del bajo número de extranjeros que están participando del empadronamiento biométrico. Me parece que es necesario que haya un refuerzo en esa medida".

"Es muy importante que podamos individualizar quiénes son los extranjeros que ingresaron de manera irregular, de dónde vienen y qué están haciendo, de manera tal que se pueda cumplir el objetivo del empadronamiento biométrico. Tengo conocimiento de que no habría más de 4 mil o 5 mil solicitudes de, en circunstancias que en algún momento se habló de más de 50 mil extranjeros en la región. Creo que hay que hacer un trabajo con mayor profundidad y también ir delineando qué es lo que se va a hacer con aquellos extranjeros que ingresaron de manera irregular y no se han sometido al empadronamiento que es la percepción que tenemos acá en la región de Antofagasta. Sigue siendo un número muy importante y muchos de ellos están asociados a bandas criminales", expresó Araya.

Con el fin de explorar oportunidades de colaboración y coordinación en beneficio de los niños y niñas con necesidades especiales de la Escuela Juan Sandoval Carrasco E-77, los representantes del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA), junto a la diputada de la región de Antofagasta, Yovana Ahumada Palma, se reunieron para ver detalles del proyecto.

Según informaron desde la UA, la iniciativa busca entregar atención integral en salud a alrededor de 180 menores que asisten al establecimiento escolar, para abordar diversas problemáticas de salud que afectan a estos estudiantes, incluyendo controles médicos y certificaciones que les permitan acceder a beneficios específicos.

La diputada Yovana Ahumada Palma, indicó que esta primera aproximación es conocer el quehacer del HCUA y ver la manera de concretar un proyecto hacia la comunidad escolar de la escuela E-77. "Queremos apoyar las necesidades en el área de la salud que tiene el establecimiento escolar que es público además, y ver como establecemos una alianza permanente entre el recinto de salud universitario y el establecimiento escolar".

Cabe destacar que la Escuela Juan Sandoval Carrasco E-77, es el único establecimiento público dependiente de la Corporación Municipal que atiende a más de 180 a niñas y niños con necesidades especiales en Antofagasta.