Hasta un 41,69%% del presupuesto destinado en gastos operacionales y de recursos humanos, sólo un 25% del personal contratado con residencia en Antofagasta y el rechazo de algunas rendiciones mensuales, son algunos de los incumplimientos en los que habría incurrido Fundación Democracia Viva entre los tres convenios suscritos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Así lo detalló la repartición pública en un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en razón del término anticipado de los tres convenios con la fundación, por lo cual ésta última interpuso un recurso de protección apuntando a que esta acción afectaba la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

Según detalla el informe de 30 páginas, se suscribieron tres convenios. Los dos primeros, el 20 de septiembre de 2022, dirigidos a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Ecuachilepe e Irarrázaval de Antofagasta, por los cuales se transfirieron $370 millones.

En tanto, el tercer convenio, fue suscrito el 25 de octubre de 2022, para la ejecución de diagnósticos socio territoriales y planes de intervención en campamentos, por el cual se transfirieron $56 millones.

Los dos primeros convenios alcanzaron un 29% de avance y tenían entre sus tareas, la instalación de luminarias solares, soluciones para mitigar la amenaza de incendios y microbasurales, ejecución de cierres, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras en espacios comunitarios, entre otras.

Convenios

En el primer convenio, según precisa el documento, habrían existido incumplimientos en el correcto uso de los recursos transferidos, los cuales "no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 41,69% del presupuesto es destinado a gastos operacionales y recursos humanos, lo cual va en desmedro del cumplimiento de la convención".

A esto se suma a que sólo un 25% de los profesionales informados cuentan con residencia en la ciudad, considerando que el convenio exigía que no fuera inferior al 50%.

Asimismo, rendiciones de cuentas de los meses de febrero, marzo y abril de este año no aprobadas, retraso en el ingresos de éstas y la no entrega de un informe semestral en abril.

En el caso del segundo convenio, también informa incumplimientos por parte de Democracia Viva en el correcto uso de los recursos transferidos, pues un 35,85% del presupuesto fue destinado a gastos operacionales y recursos humanos, solo un 25% de los trabajadores con residencia en Antofagasta, rendiciones de cuentas de los meses de febrero, marzo y abril no aprobadas y con retraso en su ingreso.

Mientras que en el tercer convenio que alcanzó un 16% de avance, se detallan incumplimientos por parte de la fundación, como la no entrega de un plan de trabajo, rendiciones de cuentas de los meses de marzo y abril no aprobadas, además de un retraso en su ingreso y la no entrega de un informe semestral exigido en mayo.

Respecto a la liquidación realizada por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, informaron que en el primer convenio, el total rendido aprobado es de $28.518.161 y el saldo sin rendir de $171.481.839.

En el caso del segundo convenio, el total rendido aprobado es de $2.287.625 y el saldo sin rendir era de $167.712.375.

Mientras que en el tercero, el total rendido aprobado es de $3.425.698 y el saldo sin rendir de $52.574.302.

Esto, da una suma de $391 millones sin rendir, los cuales, debiera retornar la fundación. Sin embargo, desde Democracia Viva, han asegurado que solo les corresponden devolver el 75% del total de los montos transferidos entre los tres convenios ($426 millones), es decir, $295 millones, lo que ya habrían concretado.

Reacciones

El presidente de la comisión investigadora del Caso Convenios, el diputado José Miguel Castro (RN), indicó que "este es un tema que lo hemos dicho no solamente en esta fundación, también lo hemos dicho, por ejemplo, en el tema de las fachadas y ProCultura, lo hemos dicho en muchas otras fundaciones, que en el fondo podríamos estar frente de una caja pagadora, y ese sentido, estamos hablando de dinero de todos los chilenos, que en lo fondo simplemente lo que estaban haciendo era pagar sueldos".

El abogado querellante en el Caso Convenios, Pablo Toloza, señaló que "creo que está absolutamente acreditado, que hubo incumplimientos graves del contrato por parte de la Fundación Democracia Viva, y por tanto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenía las facultades para poner término al contrato. Ahora, lo que llama la atención es que si uno analiza las causales del término de este convenio, son causales que el ministerio debió haber visto mucho antes del momento que le puso término al contrato".

Respecto de esto último, Toloza señala que también procede una investigación sumaria respecto del incumplimiento administrativo que se tuvo por parte de órganos del Estado en la ejecución de los convenios.

En tanto, desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, indicaron que existe la posibilidad de que se refieran a este tema durante esta semana.

El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las dudas planteadas por la adquisición del edificio de la exMolinera del Norte por $5.603 millones a través un comunicado de prensa, donde la entidad justifica la compra por "el valor patrimonial de este inmueble y la inclusión de casi una hectárea completa de terrenos circundantes para su uso cultural".

Según el Gore, esta compra fue aprobada tanto por el Consejo Regional como por la Contraloría y fue ejecutada en consenso de todos los actores pertinentes.

Además, la gobernación intenta despejar las dudas de la transacción a sobreprecio del edificio, por lo que, de acuerdo a la autoridad regional, señala que este terreno fue negociado por debajo del valor de mercado, ahorrando 1.700 millones de pesos en el precio final.

Por otra parte, también desmintió que "esta adquisición se haga para ejecutar el presupuesto", de acuerdo con lo comunicado, el Gore ya contaba con el saldo inicial, por lo que no existiría esta urgencia y esta adquisición se cumpliría acorde a los ejes del programa del gobierno regional, en el que se descentralizaría la cultura y se valoraría el patrimonio.

Entre las acusaciones de daños del edificio, aseguran que no se cuenta con un informe técnico que corrobore. Las denuncias de contaminación del sitio establecen que, dentro de los informes y estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Seremi de Medio Ambiente, este terreno no se encuentra como un área con presencia de contaminantes.

La iniciativa a efectuarse en estos terrenos es para su uso cultural, donde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural hará uso de esta zona para instalar un futuro museo, archivo y depósito regional.

Un camión que circulaba por la Ruta 1 en el kilómetro 64, pasó a llevar con su carga, una pasarela, provocando la caída de la estructura.

Lo anterior, ocurrió a eso de las 13:10 horas en la calzada oriente de sur a norte a la altura del enlace b262 (La Posada).

El conductor del camión resultó sin lesiones.

Al respecto, el seremi del Mop, Pedro Barrios precisó que "solicitamos a la sociedad concesionaria que inicien tareas para reponer en cuanto antes la pasarela norte".

Cabe destacar que la norma indica que las pasarelas deben tener una altura mínima de 5,5 mts, esta cumplía con este requisito.