Tras la publicación del informe de la investigación especial que realizó la Contraloría en la seremi Minvu y el Serviu de Antofagasta, el escándalo del Caso Convenios sumó nuevos antecedentes. Esta vez del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y contra el representante legal de la fundación "Democracia Viva", Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al fisco, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público.

A través de un comunicado el CDE detalló que la acción del Consejo, "se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Serviu, encargados en la región".

De acuerdo con el CDE, Contreras inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos. En dicho marco, el exseremi "procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés fiscal".

El presidente del CDE, Raúl Letelier señaló que "estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al fisco".

"La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la ley de presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal", añadió.

En paralelo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó, ante el primer juzgado civil de Antofagasta, una demanda en contra de Democracia Viva e intentará la restitución de los $391 millones que el Minvu solicitó a propósito de la liquidación de los tres convenio con la cuestionada fundación.

El vínculo rd

Tras la revelación del informe, uno de los hallazgos más significativos que determinó la investigación de la CRR, dice relación con 12 funcionarios que cumplían "doble función", es decir, estaban contratados por las fundaciones, pero prestaban servicios al interior de la seremi o del Serviu.

Entre la lista de funcionarios que la CRR identificó como personas contratadas por fundaciones que se desempeñaban como "doble agentes" resaltan aquellas con figuración pública o trayectoria política relacionada con Revolución Democrática o el Frente Amplio en la región.

Dentro de aquellos que trabajaron en la seremi Minvu, se encuentra la actual concejala de Antofagasta, Paz Fuica, quien al momento de salir a la luz pública el escándalo de los convenios, señaló que, "tengo más de 10 años de experiencia en trabajo con campamentos en la macrozona norte y, en ese contexto, he sido trabajadora y voluntaria de distintas organizaciones". La investigación de la CRR determinó que Fuica fue contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza, pero que ejerció funciones como jefe de gabinete del exseremi Contreras.

Fuica no respondió a los llamados realizados por este medio para conocer su declaraciones sobre el informe de CRR.

Un caso similar es el de la ex candidata al Consejo Constitucional (RD), Liliana González Cortés, quien según el informe fue contratada por la Fundación ProCultura, pero que, al igual que Fuica, trabajó para la seremi Minvu. En tanto, también en la Fundación ProCultura, aparece como contratado el abogado Wilson Ahumada Zepeda, sin embargo, el exmilitante RD, se desempeñaba en la seremia.

A su vez, en Espacio Lúdico, figuraba contratada Constanza Vilches Gaete, arquitecto, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio, apoyada por Convergencia Social.

Control de rendiciones

Uno de los aspectos resaltados en el informe es la situación alusiva a la profesional Cynthia Cisternas Moncada quien estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, como analista de gestión financiera, sin embargo, se desempeñaba en dependencias del seremi Minvu donde revisaba las rendiciones realizadas por las distintas fundaciones. Cisternas también prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Para la CRR la situación configura una de las deficiencias sustantivas en el control de recursos por cuanto "puede incidir en la imparcialidad de las mismas y en el manejo de información privilegiada por parte de estas, además de no tener responsabilidad administrativa ante eventuales negligencias".

Cabe indicar que este medio intentó obtener declaraciones de la presidenta regional de RD, la consejera regional Paula Orellana, pero al igual que durante todo el Caso Convenios, desistió de expresar su opinión.