La construcción en Chile es el sexto empleador a nivel nacional, con 728 mil ocupados y concentra el 63% de la inversión en el país. Los indicadores chilenos de generación de residuos de la construcción y demolición (RCD) están por sobre los promedios de países con mayor productividad, tema más preocupante aun si se considera que el 90% de las empresas de la construcción son micro o pequeña empresa y que al año 2023 la generación de RCD alcanzará 7.455.602 de toneladas anuales (sólo considerando vivienda), lo que es equivalente a un volumen similar a 15,5 estadios nacionales.

En la región de Antofagasta se trata de una fuente de continua preocupación tanto del sector público como privado, siendo los RCD una parte de un problema mayor. En los últimos 18 meses se estima que solo en nuestra comuna se han producido un total de 55.137 m3 de residuos de la construcción y demolición, y una mala gestión puede influir en una mayor contaminación del suelo y el agua. Al reciclar y reutilizar materiales de construcción se reduce la necesidad de extraer nuevos recursos naturales. Esto ayuda a conservar los recursos limitados de la región y disminuye el impacto ambiental asociado con la extracción y producción de nuevos materiales.

En respuesta a este desafío multifacético, la industria de la construcción en Antofagasta, que significa el 7,8% del empleo y el 6,6% del PIB en Chile, y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, lideran el camino hacia una solución proactiva, mediante la firma de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) que se concretará este mes de agosto, para implementar un Estándar de Sustentabilidad para el sector de la construcción.

Este acuerdo es un compromiso voluntario entre las empresas y el Gobierno que se está firmando en distintas regiones del país y que va más allá de los requisitos legales en materia medioambiental. Mediante este, las empresas no solo implementarán prácticas de economía circular, también podrán a eficientar sus procesos productivos a través de la implementación de tecnologías que permitan reducir el consumo de recursos, los residuos y sus emisiones.

Los APL permiten crear una colaboración única entre el sector público y privado. Este enfoque coordinado y personalizado busca enfrentar los desafíos medioambientales específicos de la región, mejorando la competitividad y la innovación.

La firma del APL en Antofagasta es una señal positiva y una parte clave de la respuesta a la problemática de la basura en la región. Resalta el compromiso de la industria de la construcción con la sostenibilidad y el bienestar comunitario. Además, los beneficios esperados se traspasan a las mismas empresas de la construcción, incluyendo la disminución de la tasa de accidentabilidad y el menor costo de transporte de residuos.

Este acuerdo tiene el potencial de transformar la gestión de residuos en la ciudad, promoviendo una cultura de responsabilidad y ofreciendo oportunidades para minimizar y valorizar todo residuo, incluyendo los RCD. Con este APL la industria de la construcción, un actor importante en la actividad productiva, se está haciendo responsable de sus residuos, incorporando economía circular a sus procesos, en una ciudad que está en constante crecimiento y donde es fundamental asumir un compromiso con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas. Tratar los RCD como recursos valiosos en lugar de desperdicios puede fomentar la economía circular. La reutilización y el reciclaje de materiales de construcción pueden generar oportunidades de empleo local en la industria de la recuperación y el reciclaje.

La industria de la construcción en Antofagasta está dando un paso valiente y proactivo hacia un futuro más limpio y sostenible. La firma del APL es más que un simple acuerdo; es un pacto con la comunidad, con el medio ambiente y con las generaciones futuras.

La controversia por la enmienda de norma que suprime el pago del impuesto territorial a la primera vivienda ha causado revuelo entre quienes la defienden y quienes estiman que provocará un serio perjuicio a las finanzas de los distintos municipios, principalmente a los más pequeños.

Según un estudio liderado por académicos de la UCN, el detrimento presupuestario se calcula en un 64% y detalla que los recursos provenientes de esa tributación van en directo beneficio de la calidad de vida de los habitantes de cada comuna. Son destinados a proyectos que buscan modernizar y entregar comodidad a las ciudades, por ende, no contar con ellos implicaría un estancamiento en el desarrollo urbano.

La contraparte defiende que el Estado debe velar por el bienestar de las familias y ello parte por la casa propia y que ésta no esté en riesgo de remate ante algún imprevisto del propietario.

Es efectivo que para llegar a un remate hay pasos previos que brinda atención y apoyo al contribuyente para que pueda postergar o suspender su deuda en impuestos. Lo malo es que todas ellas terminan indefectiblemente en el desembolso monetario del dueño del inmueble.

Es injusto para muchos que creen que se le está aplicando un impuesto al patrimonio y que sus actuales condiciones no permiten pagos elevados. El caso más elocuente es el de aquel trabajador que logró una estabilidad laboral y pudo comprarse una vivienda que hoy está gravada con un alto impuesto, pero que tras pensionarse no cuenta con los recursos para que cada cuatro meses esté destinando gran parte de su pensión al pago de contribuciones, y sin ser millonarios con una pensión de $600 o $700 mil pesos no tienen ninguna posibilidad de acceder a beneficios sociales.

La enmienda de norma puede parecer populista y regresiva, pero abre el debate para atender la situación de miles de chilenos que pierden sus casas por no pagar los impuestos del techo que los cobija.