Leo Riquelme

Con la ausencia de representantes de la oposición por segunda vez en una actividad de este tipo, el Gobierno presentó ayer una agenda legislativa para abordar hechos cometidos en el régimen de Augusto Pinochet, incluido el levantamiento parcial del secreto de 50 años que existe sobre los antecedentes recopilados en informes sobre violaciones a los derechos humanos, a fin de acceder a pistas que permitan ubicar a las 1.210 personas que siguen desaparecidas tras su detención a manos de agentes del Estado.

El ministerio de Justicia explicó que la iniciativa pretende habilitar la posibilidad de que quienes hayan entregado su testimonio a las comisiones Valech I y II puedan levantar una moratoria del secreto para permitir que los tribunales accedan a esa información específica y poner, bajo reserva, los antecedentes a disposición del recién anunciado Plan Nacional de Búsqueda.

El ministro Luis Cordero explicó que esto ya se hace con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y precisó que para ello se requerirá el consentimiento expreso de las víctimas que ofrecieron su testimonio, o el de sus familiares o herederos, si es que están fallecidas.

Las personas que prestaron testimonio en la Comisión Valech podrán decidir "voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad", dijo Cordero.

El abogado de DD.HH. Héctor Salazar comentó en radio Cooperativa que la medida podría resultar "importante" porque al ser trabajada con los antecedentes con que cuentan los tribunales "pueden abrir algunas brechas con que se pueden alcanzar mayores retazos de verdad".

Agenda

La agenda incluye la calificación jurídica de "ausente por desaparición forzada"; tipificar los delitos de "desaparición forzada" y "ejecución extralegal"; crear una política nacional de memoria y patrimonio; y eliminar el carácter de secretas o reservadas que mantienen un conjunto de leyes decretadas durante el régimen de Pinochet.

En la oposición criticaron la idea de levantar el secreto. Los diputados Stephan Schubert (ind. pro Republicano) y Jorge Guzmán (Evópoli) acusaron un intento de vulnerar el acuerdo suscrito por quienes ofrecieron su testimonio; y el RN Diego Schalper estimó que la propuesta de abrir esa reserva a los familiares "no es una facultad jurídicamente heredable" y que pone en entrevero la capacidad de los tribunales para recibir los testimonios.

El levantamiento del secreto es una demanda histórica de los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que por primera vez ven que el Estado asume la búsqueda de detenidos desaparecidos.

La medida genera debate porque el Estado chileno se había comprometido a guardar la confidencialidad de los testimonios por 50 años.

El Consejo del Banco Central decidió ayer en forma unánime, y en línea con la expectativa que tenía el mercado, bajar la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en 9,5% tras la sexta Reunión de Política Monetaria de 2023.

"En el escenario externo, la inflación ha continuado disminuyendo a nivel global, aunque sus perspectivas y las de política monetaria difieren entre países. Por un lado, en las economías desarrolladas se anticipa que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por un período prolongado", justificó el ente emisor en un comunicado.

También argumentó que "en varias economías emergentes ya se dio inicio o pronto se iniciará el ciclo de recortes".

En cuanto a perspectivas de crecimiento mundial, tanto para este como para el próximo año se mantienen débiles, con lo que el impulso externo que recibirá la economía chilena se mantendrá acotado", advirtió el Central.

"El escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo anticipado, proyectándose que la inflación convergerá a la meta de 3% en la segunda parte de 2024", agregó y señaló que "en términos generales, la actividad y la demanda evolucionan acorde a lo esperado" y el consumo privado "se estabilizó".

¿Qué hay de malo en la ley de usurpaciones que está aún en trámite? No cabe duda que en materia de ocupación ilegal de terrenos, especialmente en el sur, la mejora legal es urgente. El derecho actualmente vigente permite la intervención de la policía pero a condición que el ilícito sea flagrante. El resultado es que la demora en la intervención consolida el ilícito y obliga al propietario de la tierra ocupada a ejercer acciones legales (recurso de protección, acción reivindicatoria, precario, etcétera) que son particularmente enrevesadas.

Y la ocupación entonces se extiende en el tiempo.

Así las cosas, establecer la flagrancia permanente tiene múltiples ventajas: permite la intervención de la fuerza pública sin que, como ocurre hoy, el transcurso del tiempo permita hacerse fuerte a los ocupantes.

¿No cabe entonces sino aplaudir la iniciativa?

Desgraciadamente no porque ella contiene un aspecto peligroso: una semilla que puede causar peores males que los que pretende evitar.

En efecto el proyecto consagra lo que se ha llamado legítima defensa privilegiada: autoriza al dueño del predio ocupado, cumplidas ciertas condiciones, a reunir la fuerza y desalojarlo por sí mismo. Se trata de una regla que puede parecer atractiva en lo inmediato; pero basta pensar un momento para reparar en los peligros que conlleva.

Los peligros son dos y de ahí que sea correcto el veto que ha anunciado el gobierno.

El primero es fácil de identificar . El propietario solicita por sí mismo el desalojo y si es resistido por los ocupantes, se desata la posibilidad de la legítima defensa. Basta pensar lo que ocurriría con agricultores organizados, a disposición de quienes vieran sus predios ocupados para darse cuenta del incremento de la violencia que ello podría significar.

Pero el segundo quizá sea el más alarmante por el significado político que reviste.

Dentro de las justificaciones clásicas del estado (¿por qué financiamos al estado y le prestamos obediencia?) la más obvia es la que señaló Hobbes en el XVII: el estado expulsa la violencia de las relaciones sociales y al monopolizar la fuerza hace posible el derecho y el respeto de las reglas.

Pero si -como ocurre con este proyecto- el estado delega en los ciudadanos el ejercicio de la fuerza y la coacción que hace posibles las reglas, entonces está renunciando a sí mismo, o lo que es peor, confesando que no es capaz de hacer aquello que lo legitima.

De esta manera el estado (y el gobierno) no puede consentir este proyecto de ley, incluso si ha sido aprobado por amplia mayoría, puesto que ello significaría, sin exagerar, que está abdicando de su cualidad más propia, renunciando al monopolio de la fuerza que lo constituye.

Sí, es verdad, los ciudadanos, especialmente todos aquellos que viven con el alma en un hilo temiendo que su propiedad sea ocupada y ellos quedar inermes frente al hecho y frente a los usurpadores, deben sentirse desilusionados con el veto que ha anunciado el gobierno. Sin embargo, nada se resuelve con una regla en la que el estado en vez de cumplir su deber que es el de proteger a los ciudadanos, les entrega a ellos el deber de protegerse a si mismos o, lo que es lo mismo, confiesa que en realidad el estado en esos casos no existe.

En cualquier caso, el veto sería solo parcial y la parte de veras importante de la ley -la consagración de la flagrancia permanente- quedaría incólume. El veto afectaría solo a aquellas reglas que establecen la legítima defensa privilegiada y que al hacerlo, como se ha dicho, abren la puerta a la autotutela, que es el otro nombre que recibe el Far West, el lejano oeste, que se llama así porque estaba tan lejos que el estado no podía llegar.

Pero el Far west es el otro nombre de una guerra larvada, una autorización a que quien tenga la fuerza -sea quien es hoy propietario o quien sea mañana ocupante ilegal- el que imponga las reglas.

Y algo así que llama ley a la mera fuerza, es la ley de la fuerza, es decir algo incompatible con la democracia y el estado de derecho.