La Policía de Investigación (PDI) en conjunto a autoridades regionales entregaron resultados de la Operación Raptor, investigación enfocada en el robo de cuatrimotos en la región de Antofagasta. El operativo dejó a cinco detenidos por el delito de robo de vehículos en el sector de Hornitos, Punta Itata y Antofagasta.

La Brigada de investigación de Antofagasta en conjunto con la Fiscalía de Mejillones realizaron una investigación durante meses para dar con la estructura criminal compuesta por cinco personas, todas ellas son adultos de nacionalidad chilena. Los criminales se especializaban en robos de cuatrimotos en el sector de Hornitos y sus alrededores, los bienes decomisados por la PDI están avaluados en $100 millones, entre ellas se encontraron más de seis cuatrimotos y dos vehículos, uno de ellos era utilizado para transportar las motocicletas.

"Ellos se articulaban durante la semana para realizar vigilancias a domicilios sin moradores, utilizando un vehículo para ello. Posteriormente, localizado el objetivo, procedían a ingresar a los domicilios para sustraer las motocicletas", relató el prefecto inspector Hernán Solís, jefe de la región policial de Antofagasta.

"Los detenidos tienen antecedentes por delitos similares, algunos de ellos habiendo cumplido condena. Esta es una investigación que sigue en desarrollo con el ministerio público y no descartamos que no tengan participación en otros delitos en la ciudad de Antofagasta", manifestó el jefe policial.

El prefecto inspector expresó que la operación nace de las denuncias de los propietarios de los vehículos sustraídos, quienes ya han podido reconocer sus pertenencias. Sin embargo, debido a la complejidad del registro de este tipo de motocicletas, se están realizando las pericias pertinentes para que los demás afectados puedan reconocer sus vehículos.

"Debemos entender que las motocicletas de estas características el registro no siempre es tan rígido ni exigente como los otros vehículos motorizados. Por lo tanto, el propietario a veces maneja solamente facturas o no hay inscripción adecuada", explicó Solís.

El Fiscal Regional, Alberto Ayala, detalló que "esta es una banda organizada, por lo cual, estamos hablando de penas que están en un rango superior de los cinco años. Una vez que termine la investigación y logremos acreditar la responsabilidad de los imputados, son penas que deben cumplirse privadas de libertad". Sobre el destino de los vehículos, el persecutor comenta que las especias estaban destinadas para su comercialización en el mercado ilegal.

Plan de seguridad

Por su parte, autoridades regionales como el gobernador Ricardo Díaz y la delegada presidencial Karen Behrens, destacaron la labor de la Policía de Investigación con este nuevo operativo contra el crimen organizado de la región. "Hay planes de seguridad para este verano en sectores de balnearios como Hornitos para reforzar la seguridad en ellos con el apoyo de carabineros" expresó la representante del gobierno central.

La autoridad presidencial se refirió también a la falta de registro de este tipo de vehículos, lo que permite que estos sean objetos de delitos. "Se puede ver que ninguna de las cuatrimotos que andan circulando en los balnearios tienen patentes, creemos que hay que reforzar estos temas. Necesitamos aunar fuerzas para poder llevar a más sitios estas fiscalizaciones", puntualizó.

Sobre la situación de vehículos robados en la región, la delegada expresó que se realizó la compra de un avión para la Institución de Carabineros para realizar investigaciones en sectores con quebradas donde suelen ser escondidos los vehículos.

Los cinco detenidos de la "Operación Raptor" siguen en investigación para acreditar la responsabilidad en los delitos, estos podrían enfrentar penas que superan los cinco años privados de libertad. Igualmente, hay un sexto detenido por un delito colateral que está siendo investigado para corroborar su participación en los robos de estos vehículos en distintos sectores de la región.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de resolución presentado por el diputado Sebastián Videla (Indep. - PL), el cual busca impulsar el trabajo de los internos en las cárceles.

Según detalla el proyecto de resolución ingresado en octubre del año pasado por los diputados de la bancada del Partido Liberal Sebastián Videla, Alejandro Bernales, Luis Malla y Vlado Mirosevic, mediante el cual solicitan al Ejecutivo "promover el trabajo remunerado de los internos en recintos penitenciarios, como una manera de colaborar a la propia mantención de los reclusos y de sus familias, favoreciendo a su rehabilitación y reinserción laboral ".

El documento agrega que "esto debe manifestarse en más alianzas público-privadas que contribuyan a la diversificación de las ofertas de trabajo al interior y exterior de los recintos penitenciarios, así como a una mayor calidad en la formación y ejecución de dichos oficios".

Reacciones

El diputado Sebastián Videla en su intervención en la votación indicó que "el objetivo que queremos es promover la reinserción social y laboral de los reclusos, contribuyendo a su rehabilitación y que sean un real aporte a la sociedad".

Luego de la votación el diputado Sebastián Videla, indicó que "se acaba de aprobar nuestro proyecto para que los presos tengan que trabajar tanto al interior como al exterior de las cárceles. Es algo que necesitamos urgente, esperemos que el Presidente así lo haga. Hoy la ciudadanía entiende que las cárceles tienen un colapso, en el norte de cerca de un 95% por lo tanto es fundamental que esto se haga rápido".

Según cifras de Gendarmería, al 31 de agosto de este año, se registraban un total de 52.174 internos en los centros penitenciarios del país.

La seremi de Salud Jéssica Bravo, dejó con prohibición de funcionamiento al local "Shawarmaking" de calle Galleguillos Lorca a la altura del 1.400. Esto, a raíz de una serie de deficiencias sanitarias detectadas a raíz de la intoxicación de tres clientes.

Según lo informado por la autoridad sanitaria, la fiscalización se llevó a cabo después de que tres residentes de Santiago, de paso por la capital regional, consumieran alimentos en el local y resultaran intoxicados, lo cual fue reportado por el centro médico de Santiago al que acudieron.

La inspección, realizada por la unidad de alimentos y saneamiento básico, encontró deficiencias tanto en la seguridad ocupacional como en la calidad de los alimentos. Entre estas deficiencias se incluyen la presencia de uñas largas en los manipuladores de alimentos, casilleros en mal estado y el uso de las duchas de los trabajadores para lavar los contenedores de basura.

Además, se confirmó el almacenamiento desordenado de alimentos preparados y materias primas en un refrigerador, sin etiquetas identificativas. Los refrigeradores presentaban restos orgánicos y la campana extractora tenía grasa acumulada que goteaba sobre los artefactos de cocina.