Luego de los actos conmemorativos del golpe, o de la renuencia para participar de ellos, o de los debates y los desplantes a que dieron lugar, la pregunta que ahora cabe formular es acerca de lo que queda. Luego de estos días ¿queda algo que valga la pena? ¿algo en lo que todos puedan converger y en cuyo valor todos puedan estar de acuerdo?

Los días que van quedando atrás, y cuyo momento cúlmine fue el Once, dejaron aparentemente poco, salvo la constatación de una distancia en la memoria; pero, bien mirado, hay algo que conviene destacar.

Se trata del Plan Nacional de Búsqueda que tratará de esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de personas cuya suerte (o para decirlo con más claridad, las circunstancias del crimen que padecieron y del destino de sus restos) aún se desconoce. Es esta una situación que al margen de su significación legal (puesto que se trata de un crimen que es necesario perseguir) posee una dimensión de otra índole, se la puede llamar simplemente moral, que este plan intenta remediar.

Y es que si una sociedad no debe aceptar la impunidad de ningún crimen (especialmente de un crimen cometido por motivos ideológicos o políticos, cual es el caso de los desaparecidos) menos puede aceptar vivir en la ignorancia de su ejecución, dar la espalda a quienes buscan a sus familiares y hacer como que nada hubiera ocurrido o como si les hubiera ocurrido algo más o menos habitual, como un delito común de los que hay tantos, un infortunio cuyo costo y cuya pena no quedaría más que sobrellevar. Algo así (que consiste no solo en negar la justicia, sino en ignorar el dolor) suena inmisericorde; pero esto es más o menos lo que hasta ahora ha ocurrido en Chile. Por motivos que habrá que dilucidar, la búsqueda de los desaparecidos ha sido entregada al debate y la investigación judicial; pero el estado como tal no se ha comprometido con ella, como si la desaparición fuera un asunto meramente delictual y la búsqueda una cuestión privada. Y está bien que en un estado de derecho el castigo de los crímenes esté entregado al debate en el foro judicial; pero no está bien, o está derechamente mal, que cientos o miles de personas se esfumen y desaparezcan a manos de agentes estatales, y que el estado en cuanto tal, a quien estos agentes sirvieron y del fueron brazos ejecutores, pretexte en los hechos que se trata de un asunto que le es ajeno, y frente al cual carece de todo deber salvo el de atender, cuando se emita, al dictamen de la justicia.

Es esa omisión --llamémosla moral-- la que este plan nacional de búsqueda viene a remediar.

Si tiene éxito (y hay que esperar que lo tenga) los familiares que han buscado inútilmente por décadas, mientras vivían encadenados a una pérdida cuyos pormenores desconocen, no obtendrán necesariamente el castigo de los ejecutores (porque, como va dicho, ese es un asunto jurisdiccional) pero al menos podrán saber dónde están los restos de sus familiares, o parte de ellos, y si esto último tampoco se logra, podrán reconstruir, gracias a los datos que se reúnan, y al menos con la imaginación, los últimos días y momentos de los ahora desaparecidos, los lugares que ellos vieron por última vez y encontrar en esos retazos de verdad un poco de consuelo.

En estos días que se habla tanto, y con razón, de la memoria, se olvida que los familiares de los desaparecidos están incluso privados del recuerdo, porque saben que sus seres queridos desaparecieron, pero no saben cuándo exactamente ocurrió el desaparecimiento, en qué circunstancias, dónde vivieron sus últimos días, qué paisaje vieron sus ojos por última vez, si en esos días finales hacia frío o calor, si dijeron algo o callaron, todas esas circunstancias que nos permiten acompañar siquiera en la imaginación a quienes mueren (como si al imaginar la escena final compartiéramos el dolor o el miedo que debieron padecer y así nos consolamos) les han sido hasta hoy día negados a los familiares.

Y acabar con esa negativa -y cumplir ese mínimo moral que cabe al estado- es lo que se propone este plan que, si tiene éxito, habrá logrado para las víctimas mucho más que los encendidos discursos pronunciados o callados, mucho más que las declaraciones firmadas o rehusadas firmar.